Venezuela o cuando la soberanía ya ha sido destruida desde dentro

El debate sobre Venezuela ha vuelto a dividir opiniones entre quienes invocan el respeto irrestricto al orden internacional y quienes justifican cualquier acción en nombre de la lucha contra la dictadura. Ambas posiciones, cuando se asumen de forma dogmática, incurren en una peligrosa simplificación. La realidad es más incómoda: no puede hablarse seriamente de soberanía ni de legalidad internacional cuando un Estado ha dejado de ser legal consigo mismo.

El principio de no intervención es uno de los pilares del derecho internacional moderno. Su función es clara: impedir que las potencias impongan su voluntad por la fuerza. Pero ese principio no fue concebido para blindar dictaduras, ni para servir de escudo a regímenes que han anulado elecciones, encarcelado opositores, desaparecido ciudadanos y gobernado por la vía del miedo. Cuando el poder se ejerce sin ley, sin legitimidad popular y sin garantías mínimas, la soberanía deja de ser un derecho y se convierte en una coartada.

Resulta llamativo que ciertas editoriales —especialmente en la prensa liberal occidental— se indignen más por la “violación del orden internacional” que por la violación sistemática de los derechos humanos de millones de venezolanos. ¿En qué momento el formalismo jurídico pasó a ser más importante que la vida, la libertad y la dignidad de las personas? ¿Desde cuándo el derecho internacional debe aplicarse en el vacío, desconectado de la realidad política y social que pretende regular?

Conviene decirlo con claridad: Nicolás Maduro no cayó por una conspiración externa, sino por haber destruido internamente cualquier noción de Estado de derecho. Desconoció elecciones, persiguió a la oposición, utilizó el aparato judicial como arma política y convirtió la represión en método de gobierno. En esas condiciones, hablar de “legalidad” resulta casi una burla.

Habrá que observar si dentro del régimen venezolano se produce un resquebrajamiento que derive en una salida pactada o, por el contrario, en la instalación de un nuevo gobierno

Pero sería un error —y una grave irresponsabilidad— convertir esta crítica en un aval automático a la intervención extranjera o al mesianismo geopolítico. La derecha autoritaria tampoco es alternativa moral. No lo fue en Irak ni en Afganistán, donde la caída del dictador dio paso al caos, al sectarismo y a Estados fallidos. El verdadero problema nunca ha sido solo derrocar tiranos, sino qué se construye después.

Aquí es donde tanto la izquierda como la derecha fracasan estrepitosamente. La izquierda, por su tendencia histórica a perdonar el autoritarismo cuando se proclama “revolucionario”. Durante décadas se justificaron los fusilamientos, los presos políticos y la represión en Cuba bajo el pretexto de la lucha antiimperialista. Hoy se repite el mismo guion en Nicaragua y ojalá desaparezca en Venezuela. La derecha, por su inclinación a creer que la fuerza militar puede sustituir la política, ignorando las complejidades sociales, institucionales y culturales de los países que interviene.

Ambas posturas comparten una misma ceguera: el desprecio por la ciudadanía real, por las personas concretas que quedan atrapadas entre dictadores internos y salvadores externos.

Es cierto que aceptar intervenciones selectivas puede sentar precedentes peligrosos en el sistema internacional. Rusia podría invocar razones similares en Ucrania; China podría hacer lo propio con Taiwán. Pero no todas las situaciones son equivalentes, ni todos los conflictos responden a la misma lógica. Venezuela no es un enfrentamiento entre Estados soberanos funcionales; es el colapso de un régimen que había dejado de representar a una comunidad indefensa.

Defender el orden internacional es necesario. Pero ese orden pierde autoridad moral cuando se aplica de manera abstracta y descontextualizada. El derecho internacional no puede convertirse en un dogma que ignore la opresión interna, ni en una excusa para la inacción frente a dictaduras consolidadas.

La verdadera lección es incómoda para todos: no hay soluciones limpias cuando se permite que el autoritarismo se perpetúe durante décadas. La comunidad internacional falló antes, cuando toleró —por cálculo ideológico o conveniencia política— la deriva dictatorial. Lo que vino después fue, en gran medida, consecuencia de esa complicidad.

Si algo debiese quedar claro es esto: ninguna dictadura merece defensa, y ninguna intervención merece indulgencia automática. La única vara legítima es la misma para todos: derechos humanos, legalidad interna, voluntad popular y responsabilidad política. Todo lo demás es retórica.

A Maduro se le ofrecieron múltiples opciones de salida —asilo en distintos países, garantías personales y recursos económicos— y, sin embargo, se negó a abandonar el poder, confirmando una lógica propia de las dictaduras tradicionales latinoamericanas.

Ahora bien, el rechazo a Maduro no implica, ni mucho menos, una defensa automática de la intervención extranjera. Históricamente, Estados Unidos ha violado normas del derecho internacional y ha intervenido en países soberanos con resultados desastrosos. Nadie que valore la autodeterminación de los pueblos puede celebrar ese patrón. Sin embargo, el problema central sigue siendo el mismo: ¿cuál era la salida posible?

La experiencia histórica demuestra que la inacción también tiene consecuencias. Cuba es un ejemplo paradigmático: la falta de una resolución en un momento crítico terminó consolidando un régimen que se ha prolongado por décadas. En el caso venezolano, la dimensión geopolítica —particularmente el petróleo como recurso estratégico— complejiza aún más el escenario, pues convierte la crisis interna en un asunto de intereses internacionales.

La situación venezolana llegó a un punto límite donde las vías internas quedaron bloqueadas: no hubo transición pactada, ni ruptura institucional desde dentro, ni una presión internacional efectiva que lograra el objetivo sin violencia. En ese contexto, la salida que finalmente se produjo puede considerarse no como una opción ideal, sino como la menos mala entre alternativas profundamente negativas.

Vuelvo y retomo el punto central, porque aquí hay una confusión que conviene despejar desde el inicio: no se está defendiendo ni a Maduro ni a Trump. Trump no actúa por convicciones democráticas; su interés es evidente y es el petróleo. El imperialismo estadounidense, históricamente, no interviene en ningún país si no es en función de sus propios intereses estratégicos. En eso no hay ingenuidad posible.

Pero también es cierto que la deriva autoritaria de Venezuela no comenzó con Trump. La destrucción de la democracia venezolana fue un proceso interno, iniciado con Chávez y profundizado con Maduro. Esa responsabilidad es intransferible. A Washington no le interesa la democracia venezolana; le interesan los recursos. La democracia, en la lógica estadounidense, suele traducirse en intereses geopolíticos y económicos. Por eso no apoyamos ni a uno ni a otro.

Ahora bien, el problema real es otro, y es el que nadie quiere enfrentar de manera honesta: ¿qué salida había?

Porque Venezuela no logró resolver su crisis desde dentro. A diferencia de otros procesos históricos —como el dominicano, que logró deshacerse de dos dictaduras por vías internas—, en Venezuela el aparato del poder fue completamente cooptado. El régimen se sostuvo no solo por la represión, sino por alianzas externas: el modelo autoritario cubano, el respaldo chino, ruso, la presencia iraní, vínculos con Hezbollah, el grupo de guerrilla colombiana ELN. Todo eso conformó un entramado que anuló cualquier posibilidad de transición interna.

No se trata de justificar una intervención extranjera, que sigue siendo problemática y violatoria del derecho internacional. Pero también hay que reconocer que el escenario venezolano era un callejón sin salida. Las instituciones estaban vaciadas, la oposición fragmentada, la Fuerza Armada comprometida y la represión normalizada. Seguir esperando una solución “ideal” significaba aceptar la prolongación indefinida de un régimen que mata, encarcela y desaparece, como ocurre en Cuba o Nicaragua.

La prueba del agotamiento interno está en lo que vemos ahora: conversaciones con figuras del régimen chavista. ¿Qué significa eso? Que hay fisuras, negociaciones de supervivencia, traiciones internas. Que muchos actores del propio régimen —civiles y militares— buscan garantías de impunidad, no justicia ni democracia. Estamos ante dos situaciones límite: un dictador aferrado al poder y un líder extranjero antidemocrático que actúa por intereses.

Trump no es una alternativa moral; es otro problema. Pero el régimen venezolano entregaba ese mismo petróleo a China mientras destruía su infraestructura y empobrecía al país. Nadie aquí defiende la intervención como principio. Lo que se plantea es algo más incómodo: ante la ausencia total de salidas internas, lo que ocurrió fue percibido como la opción menos mala, no como una solución justa o deseable.

Entonces la pregunta sigue en pie, y es legítima:

¿Qué hacer?

¿Aceptar que Maduro continúe indefinidamente matando, reprimiendo y desapareciendo personas? ¿Esperar un milagro democrático que nunca llegó en décadas?

¿Venezuela no se apoya a Trump, no se celebra el intervencionismo, pero tampoco se puede romantizar la inacción?

Como diría Lenin —y aquí la cita no es ideológica, sino práctica—: ¿qué hacer cuando todas las salidas internas han sido clausuradas?

Si alguien tiene una alternativa real, concreta y viable, que la diga.

Porque la condena moral, por sí sola, no detiene a las dictaduras.

No se trata de justificar la intervención ni de respaldar figuras como Donald Trump y su nueva versión de la doctrina Monroe (América para los americanos), cuya conducta política resulta igualmente cuestionable, si no de reconocer que el inmovilismo también perpetúa el sufrimiento. Lo deseable habría sido una solución soberana, democrática y pacífica; al no producirse, lo que ocurrió fue el resultado de una acumulación de fracasos previos.

En síntesis, no se apoya ni a Maduro ni al intervencionismo estadounidense, pero se admite que, ante la ausencia total de salidas internas, se impuso una resolución imperfecta, violenta y problemática, aunque percibida por muchos como el mal menor frente a la continuidad indefinida de una dictadura.

Además, después de las elecciones en las que María Corina Machado estuvo al frente, y en las que quedó demostrado que el régimen fue derrotado, la respuesta fue una represión brutal y el desconocimiento abusivo de las actas, aferrándose al poder de manera autoritaria. Siempre pensé que podían capturarlo o incluso eliminarlo si lo deseaban, y que figuras como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Padrino López y Jorge Rodríguez estaban implicadas en ese entramado, pero parece que la intención es repetir un esquema similar al de Panamá: juzgarlo.

Ahora bien, las consecuencias a nivel regional están por verse. Habrá que observar si dentro del régimen venezolano se produce un resquebrajamiento que derive en una salida pactada o, por el contrario, en la instalación de un nuevo gobierno. Estamos a la expectativa, esperando qué vendrá después.

Ojalá que lo que venga sea algo mucho mejor que el infierno en el que hoy viven los venezolanos.