Sin libros de texto idóneos no hay equidad en la educación

Los libros de texto siguen siendo uno de los instrumentos más poderosos y costo-efectivos para mejorar la calidad y la equidad de cualquier sistema educativo. No solo estructuran el currículo y apoyan la labor docente, sino que influyen directamente en la comprensión lectora, la retención del conocimiento y el desempeño académico de los estudiantes, especialmente en contextos de bajos recursos.

La evidencia internacional es clara. La UNESCO ha señalado que garantizar al menos un libro de texto por estudiante es una de las inversiones educativas con mayor impacto en países en desarrollo, al reducir desigualdades y compensar la escasez de otros materiales (Aumentar el puntaje de aprendizaje hasta un 20-30% en materias como matemáticas y lectura). Estudios basados en PISA muestran que los estudiantes con más libros impresos obtienen mejores resultados en lectura, matemáticas y ciencias (Mejoraron hasta 15-20 puntos más en PISA). En América Latina, el estudio ERCE (LLECE-UNESCO) confirma que el acceso a materiales de lectura mejora el desempeño y reduce brechas educativas. Investigaciones recientes también indican que libros bien diseñados fortalecen el aprendizaje autónomo y la comprensión lectora, consolidando su papel como pilar de una educación inclusiva y de calidad.

En la República Dominicana, el sistema educativo ha enfrentado tensiones estructurales aun después de la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria desde 2013. Aunque este aumento presupuestario fue un avance significativo, persistieron debilidades en la calidad educativa, la coherencia curricular y la provisión de materiales pedagógicos. Durante casi dos décadas, el suministro de libros de texto estuvo marcado por fragmentación editorial, retrasos crónicos en la entrega y una capacidad limitada del Estado para garantizar cobertura completa y oportuna. Muchas escuelas iniciaban el año sin libros o los recibían meses después, mientras el Estado carecía de control efectivo sobre contenidos, costos y calidad dentro de un esquema de compras recurrentes a editoriales con colecciones incompletas y actualizaciones irregulares. Esto erosionó la eficiencia del gasto público y afectó un derecho básico: que cada estudiante disponga de sus libros desde el inicio del año escolar.

Giro hacia el Libro Abierto

Frente a este escenario, el MINERD, bajo la gestión del entonces ministro Ángel Hernández, impulsó el programa Libro Abierto como una reforma estructural. Según Hernández, el modelo anterior había quedado desfasado tras la reforma curricular y era incapaz de entregar textos completos, actualizados y a tiempo. Amparado en la Ley General de Educación 66-97, que faculta al Ministerio a producir materiales pedagógicos y a asociarse con instituciones educativas, el nuevo esquema sustituyó la compra recurrente de libros con derechos privados por un modelo de producción pública del contenido, impresión mediante licitaciones competitivas y apoyo de universidades y academias. Sus objetivos centrales fueron elevar la calidad, asegurar cobertura universal, garantizar entregas oportunas y fortalecer la identidad nacional bajo el principio de “libros dominicanos hechos por dominicanos”.

Sobre el ahorro del nuevo modelo

Uno de los argumentos centrales a favor del cambio de modelo fue el ahorro presupuestario que implicaría pasar de la compra recurrente de libros a editoriales privadas a la producción pública de contenidos con apoyo académico y licitación competitiva de la impresión. Los datos oficiales del MINERD muestran que en 2022, último año del modelo anterior, el gasto en libros de texto ascendió a RD$2,489 millones, mientras que en 2023, ya bajo el esquema de Libro Abierto, el gasto presupuestario fue de RD$1,397 millones, al que se suman RD$115 millones ejecutados vía PNUD para los libros de inglés, para un total consolidado de RD$1,512 millones. Incluso incorporando esta partida extrapresupuestaria, el nuevo modelo representó una reducción cercana a RD$978 millones frente al año base.

A esto se suma un cambio estructural de largo plazo: bajo el esquema anterior el Estado debía pagar derechos de autor y licencias de uso de manera recurrente por cada reedición o actualización. En el modelo de Libro Abierto, el Estado adquiere los derechos patrimoniales de los contenidos, de modo que el costo intelectual se paga una sola vez y las reimpresiones futuras solo requieren cubrir los costos de impresión. Este factor, aunque menos visible, es uno de los que más contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema.

No obstante, la coexistencia de financiamiento presupuestario y fondos ejecutados vía convenios, como los canalizados por el PNUD, hace imprescindible una consolidación contable y una auditoría técnica integrada, para cerrar definitivamente el debate sobre el costo real del modelo y permitir una comparación transparente con el sistema anterior.

Las objeciones del sector editorial

El giro hacia el modelo de Libro Abierto generó una fuerte reacción del sector editorial privado, particularmente de la Asociación Dominicana de Editores de Revistas y Libros de Texto (ADIERD). Desde su perspectiva, el Ministerio sustituyó un esquema de libre competencia por uno en el que el propio Estado pasó a producir los contenidos, utilizando a universidades y academias, entidades exentas de impuestos, para desempeñar funciones que antes realizaban las editoriales. Según este sector, ello distorsionó el mercado, eliminó empleos y creó una competencia desigual y redujo al Estado su capacidad de recaudación fiscal.

Las editoras también denunciaron errores en los nuevos libros y cuestionaron la capacidad técnica de las instituciones contratadas para producir materiales escolares de alta calidad. A su juicio, el problema no era que el Estado estableciera estándares curriculares, sino que asumiera directamente el rol de editor, desplazando a un sector que contaba con experiencia, infraestructura y una larga trayectoria en la producción de textos educativos.

Errores y fallas iniciales

Como en toda reforma de gran escala, el inicio de Libro Abierto no estuvo exento de problemas. Diversas denuncias públicas y fuentes internas del propio Ministerio señalaron que en algunas de las primeras tiradas se detectaron errores gramaticales y de contenido que debieron ser corregidos posteriormente. Aunque no existe una evaluación oficial consolidada sobre la magnitud de estos incidentes, sí confirman que el proceso de transición tuvo fallas iniciales que el mismo exministro Ángel Hernández supo reconocer.

Del mercado editorial al sistema público

Más allá del debate público y de las tensiones con el sector editorial, el cambio hacia Libro Abierto no se ejecutó como una simple sustitución de proveedores, sino como la construcción de un sistema editorial público. Esa tarea recayó en la Unidad Editorial del MINERD, dirigida por Manuel Núñez, con la responsabilidad de convertir una decisión política en una operación técnica viable.

Desde esa unidad se organizó un esquema de producción que integró a universidades, academias, equipos de correctores y a la propia Dirección de Currículo del Ministerio, encargada de asegurar que cada unidad estuviera alineada con el currículo aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Aunque algunas casas editoriales denunciaron que Currículo había sido marginada del proceso, Núñez sostiene que esta participó de forma permanente en la revisión y validación de los contenidos, junto con INFODOSU y otros equipos técnicos.

El modelo separó por primera vez la elaboración intelectual del libro, contenidos, correcciones, diseño pedagógico, de su impresión física, que se sometió a licitaciones públicas entre imprentas privadas locales e internacionales. El objetivo fue garantizar simultáneamente calidad, cobertura y oportunidad, mediante series completas por grado, versiones digitales abiertas y un sistema de corrección continua.

Levantamiento de opinión entre directores y docentes

Para contrastar las posiciones institucionales y editoriales con la realidad del aula, levantamos una encuesta entre docentes y directores de centros públicos de distintas regionales del país. No se trata de una evaluación estadística definitiva, pero sí de una mirada desde la práctica pedagógica, que aporta señales valiosas sobre cómo se está viviendo el cambio de modelo en las escuelas.

Muestra: 59 encuestados

Grado de satisfacción, cobertura y disponibilidad

La mayoría de los encuestados indicó que, por primera vez en muchos años, los centros recibieron colecciones más completas por grado y asignatura, lo que permitió trabajar con una secuencia pedagógica más coherente. Sin embargo, también se señala que en el último año se produjeron retrasos en la entrega, asociados al cambio de gestión, lo que afectó el inicio del año escolar.

Uso en el aula y alineación al currículo

Una proporción significativa de docentes reporta que los nuevos libros están mejor alineados al currículo vigente que los textos anteriores y que se utilizan de manera activa en clase, tanto en formato impreso como digital.

Errores y correcciones

Los docentes reconocen que los nuevos libros han tenido errores de diversa naturaleza, especialmente en los primeros ciclos. No obstante, muchos valoran positivamente que estos errores se están identificando y corrigiendo con mayor rapidez que en el sistema anterior, gracias a las versiones digitales y al seguimiento institucional.

Los libros se usan activamente en el aula para planificar, enseñar y evaluar, lo que confirma su impacto real. La crítica más reiterada no es contra el modelo en sí, sino contra la escasa participación de docentes y centros educativos en su mejora continua.

Lectura de la encuesta docente y directiva

Tanto las respuestas de selección múltiple como la única pregunta abierta del cuestionario aplicado a docentes y directores muestran un patrón claro: el nuevo modelo de libros de texto logró avances importantes en cobertura, coherencia y acceso, pero aún enfrenta retos en calidad editorial, tiempos de entrega y mecanismos de mejora continua.

Existe un amplio consenso en que la cobertura mejoró. Por primera vez en años, la mayoría de los estudiantes dispone de libros en todas las asignaturas desde el inicio del año escolar, reduciendo la dependencia de fotocopias y materiales improvisados. En ese aspecto, Libro Abierto corrigió una debilidad estructural del sistema anterior.

Al mismo tiempo, los participantes reconocen errores y fallas editoriales, tanto gramaticales como de contenido. Varios señalan que estos problemas ya existían antes; lo que cambió es que ahora todos usan los mismos textos, lo que los hace más visibles. El problema central no es la existencia de errores, inevitables en cualquier sistema, sino la ausencia de un mecanismo ágil y permanente de corrección, retroalimentación y ajuste desde las escuelas hacia la unidad editorial.

En conjunto, la encuesta confirma que el modelo avanzó en equidad y orden, pero requiere fortalecer sus procesos de revisión, monitoreo y participación docente para consolidar la calidad.

Una debilidad estructural que no puede seguir ignorándose

Más allá del debate sobre el modelo de libros de texto, este proceso ha puesto en evidencia una debilidad transversal del sistema educativo dominicano: la ausencia de un sistema robusto de investigación, monitoreo y retroalimentación. Hoy no existe una evaluación sistemática que permita medir el impacto real de los libros de texto en los aprendizajes, ni un mecanismo institucionalizado que permita corregir, mejorar y ajustar esos materiales a partir de lo que ocurre en las aulas. Sin datos, sin seguimiento y sin análisis, las decisiones terminan apoyándose más en percepciones que en evidencia.

Una carencia similar se observa en la formación y capacitación docente. Tampoco existen estudios continuos y rigurosos que permitan identificar qué programas funcionan, cuáles no y cómo elevar de manera sostenida la calidad del profesorado. A esto se suma una debilidad estructural adicional: los centros educativos y sus directores siguen siendo actores secundarios en la toma de decisiones, cuando en realidad deberían ser protagonistas en la implementación, adaptación y mejora de los procesos pedagógicos. Si la escuela no tiene voz en el diseño y ajuste del sistema, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel.

Resulta evidente que un sistema educativo que dispone desde hace más de dos décadas del 4 % del PIB requiere ahora dar un salto cualitativo en la forma en que evalúa y mejora sus políticas. Para ello, el Ministerio de Educación debe fortalecer de manera decidida una unidad de investigación y evaluación capaz de generar evidencia continua sobre lo que ocurre en las aulas, medir impactos y orientar decisiones. Ese esfuerzo debe ir acompañado de una participación real de los centros educativos, porque cada escuela y cada comunidad enfrentan realidades distintas que no pueden captarse solo desde el nivel central. Sin ese pilar técnico y territorial, cualquier reforma, por ambiciosa que sea, queda expuesta a la improvisación y al desgaste político, en lugar de consolidarse como una política pública basada en resultados.

Un desafío para el futuro de la política educativa

Nada de lo anterior implica que el Estado deba convertirse en el único productor de libros de texto de manera permanente. Por el contrario, el valor más importante del modelo de Libro Abierto es que, por primera vez, el Ministerio de Educación conoce con precisión cuánto cuesta producir contenidos, cuánto cuesta imprimirlos y qué implica jurídicamente administrar los derechos de autor. Esa experiencia abre la puerta a una etapa más madura: que el Estado pueda, desde una posición de fortaleza técnica y financiera, convocar a las casas editoriales a procesos de licitación transparentes, en los que compitan no solo en precio, sino en calidad, plazos de entrega, adaptación curricular y esquemas de derechos de autor que no hipotequen al país en el tiempo.

En ese escenario, la producción pública y la oferta privada pueden coexistir y complementarse, siempre bajo reglas que protejan el derecho de niños, niñas y jóvenes a disponer de libros de texto completos, oportunos y de calidad, que aseguren un uso eficiente y transparente del presupuesto educativo, y que blinden este proceso frente a la discrecionalidad política y la captura clientelar de los recursos públicos.

Por ello, es vital que el MINERD, independientemente de los cambios de administración, continúe fortaleciendo, mejorando y consolidando este modelo como una política de Estado, y no como una iniciativa coyuntural.