La reflexión iniciada en la entrega anterior estaría incompleta si no se advirtiera que el derecho internacional nunca logró desprenderse completamente del ropaje hegemónico que condicionó su aplicación práctica. Al margen de momentos puntuales de entusiasmo normativo o autolimitación estratégica, las naciones más fuertes nunca se sometieron plenamente a las exigencias del sistema que promovían, eludiendo controles efectivos, mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidades internacionales. No es casual que ―en paralelo a las estructuras tradicionales― actores consolidados, reconfigurados o emergentes estén impulsando nuevos espacios de acción conjunta que presionan el equilibrio global.
La aplicación de las normas e instituciones internacionales destinadas a garantizar el comercio justo, la libre competencia y la estabilidad de los mercados ha sido históricamente selectiva, salvo contadas excepciones. Las naciones hegemónicas suelen actuar al margen de los mecanismos de acción colectiva ―apelando a una soberanía económica que a menudo niegan a otros― para imponer unilateralmente sus intereses nacionales. De ahí la imperiosa necesidad de fortalecer el multilateralismo para que pueda actuar con mayor regularidad como un marco de reglas más equitativas, donde las sanciones y medidas de ajuste resulten de una deliberación institucional rigurosa y no de la sola voluntad de quien posea el mayor peso específico en la balanza del poder.
La garantía de los derechos humanos exige el reconocimiento de una condición compartida: la fragilidad existencial y las necesidades básicas que atraviesan a toda la humanidad. Esto no puede traducirse en un discurso homogéneo que desconozca el pluralismo cultural para imponer una cosmovisión única; ni la diversidad puede servir de pretexto para relativizar los valores que le sirven de sustento (dignidad, igualdad y libertad). Es así que una agenda auténticamente global de los derechos humanos exige un equilibrio pragmático entre principios que no pueden imponerse imperialmente ni disolverse culturalmente, para exigir responsabilidades a todos los liderazgos que los vulneren, allí donde se encuentren.
Nada de lo aquí planteado pretende ofrecer un marco de legitimación para discursos autoritarios que busquen ampararse en la crítica al orden internacional liberal para justificar un ejercicio de poder desnudo o violaciones de los derechos fundamentales. El problema no reside en los espacios donde el derecho ha logrado operar, sino en aquellos donde aún no ha llegado, donde sigue siendo selectivo, frágil o directamente inexistente. El desafío pendiente es profundizar ―no morigerar― la aplicación universal de las normas del comercio justo, para que la promesa del libre mercado y la protección equitativa de los intereses de los Estados alcancen a todos; así como establecer una auténtica garantía internacional de los derechos humanos que supere las asimetrías que hoy minan su fuerza moral como diques de contención frente a los abusos de poder o como dispositivos de prestación ante necesidades perentorias.
El reconocimiento de estas limitaciones en ámbitos específicos del sistema internacional no implica negar los aportes que ha logrado, ni la permanencia de compromisos efectivos en otros sectores. Incluso dentro de esa ficción desigual, sus instituciones han desempeñado un papel relevante en la promoción de los derechos humanos, en el impulso de políticas de desarrollo o en la creación de estándares en materia comercial, sanitaria y ambiental para mejorar la coexistencia de los pueblos. Sería impropio desconocer esos avances y sumarse a los discursos que pretenden demoler cuanto se ha logrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El problema es que ese mismo orden se encuentra hoy atrapado en una crisis de confianza, alimentada tanto por las tensiones externas de la comunidad de naciones como por las fracturas internas de las sociedades que inicialmente lo sostuvieron.
Es imperioso recordar que el derecho internacional, aunque cuenta con normas e instituciones, carece de mecanismos de coerción comparables a los del Estado nacional. Este orden constituye un “contrato sin espada” y, en consecuencia, su eficacia última resulta precaria sin la buena fe de los Estados o la voluntad política de las dirigencias nacionales. Ese compromiso no puede imponerse a largo plazo bajo la ley del más fuerte; debe construirse progresivamente desde un diálogo abierto a las diferencias de criterios y las asimetrías de poder. Y hoy ese proceso se ve obstaculizado por la desconfianza, la fragmentación ideológica, la polarización de intereses, los liderazgos personalistas y la ausencia de un consenso mínimo sobre las reglas del juego.
Esta crisis de legitimidad no debe ser interpretada como señal de decadencia, sino como una oportunidad. Tal vez sea el momento de adoptar un optimismo moderado, consciente de que el orden internacional nunca fue plenamente equitativo, así como una dosis de realismo crítico que incorpore las asimetrías del poder y repiense las bases de un nuevo consenso global para gestionar constructivamente el disenso. Si existe alguna posibilidad de refundación, esta deberá anclarse en una cultura institucional que reconozca la diversidad de perspectivas, un mayor equilibrio entre las fuerzas que gravitan en el escenario internacional, una mejor articulación de mecanismos de acción colectiva y un compromiso genuino de moderación entre potencias. Así, la eficacia del sistema, lejos de derivar de una imposición unilateral, sería el producto de un concierto de voluntades que ―aunque asimétricas― aspiran a cooperación no cero o beneficios recíprocos.
No sabemos si las instituciones actuales lograrán sobrevivir o si emergerán nuevas en el futuro. Lo que sí parece claro es que el orden vigente necesita cambios significativos porque no está respondiendo adecuadamente a las necesidades del mundo contemporáneo. Persistir en la ilusión de un Sistema Universal que enmascara la realidad del poder e ignora el pluralismo ideológico a lo interno de las sociedades solo profundizará la fractura actual. Pensar críticamente este momento, sin concesiones ni autoengaños, es una tarea ineludible si se aspira a reconstruir una estructura mínimamente legítima y eficaz para afrontar los retos del porvenir, frente a los cantos de sirena que aspiran al retorno total de la ley del más fuerte y el decisionismo hegemónico.
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