El municipio cabecera Pedernales, ahora en modo turismo y en afanes oficialistas por tierras raras en el entorno del parque nacional Sierra de Baoruco, acaba de registrar el primer desalojo de su historia a ocupantes de terrenos ajenos. Ha ocurrido al suroeste de la comarca, en el barrio Los guayacanes, que colinda con la playa del mar Caribe.
Durante las primeras horas de la mañana del viernes 6 de febrero de 2026, tras varias advertencias no acogidas, un contingente de policías adscrito a la provincia vecina Barahona, con un tractor enllantado, ha ejecutado una orden judicial para destrucción de cerca 30 viviendas.
Entre ellas, unas cinco en block, habitadas por familias formales; el resto, un arrabal de casuchas de palos y forradas de hojalata, la mayoría cuidadas por haitianos, en 46,000 metros cuadrados en forma de embudo en la parcela 282.
El abogado de los afectados, exjuez Luis Mella Ogando, ha alegado que Bello Mancebo se había ido del pueblo hacía 40 años, primero a la capital para estudiar y luego a Estados Unidos donde ingresó a la Army. Ha restado calidad a la sentencia y ha acusado al abogado del Estado de ordenar un procedimiento irregular.
Conforme al título expedido, el solar pertenece al heredero Luis Vencedor Bello Mancebo (Vencito), hijo de uno de los principales exploradores de la bauxita en Las Mercedes y Aceitillar, en Sierra de Baoruco, durante la década del 40, por parte de la minera estadounidense Alcoa Exploration Company. Es parte de una familia fundadora y emprendedora del pueblo (Los Mancebo).
EN LOS TIEMPOS DUROS
Durante la era sangrienta del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina (1930-1961) se produjeron dos desalojos, pero de productores fundadores del pueblo en la década del 20 del siglo XX, que habían sido asentados legalmente como incentivo por el mismo Gobierno en las secciones agrícolas de la ladera sur de Sierra de Baoruco (La Altagracia, Aguas Negras, Mencía). En aquellos años no era atractivo habitar la comarca. El ambiente era hostil, las precariedades representaban la cotidianidad.
El primero ocurrió en 1949, cuando el virulento y arrogante Danilo Trujillo, sobrino del tirano, alegando protección de los recursos naturales, le dio 24 horas a los agricultores y sus familias para abandonar sus predios.
En realidad, él había decidido apropiarse de los sitios para talar árboles de madera preciosa e instalar sus aserraderos, mientras el régimen había decidido asentar familias “blancas” del Cibao y San José de Ocoa, en el sur central, para diferenciarse de los haitianos en el marco del plan de dominicanización de la frontera. Entre ellas: las de apellido Corona, Corcino, Rodríguez y Espinal.
La mayoría de los fundadores asentados tuvo que salir huyendo con lo que pudo cargar de sus bienes a caballo o a pie. Bajaron al llano para sobrevivir en otras actividades; otros, se marcharon a pueblos cercanos, aunque algunos regresaron a realizar otras actividades.
Por el ultimátum, salieron de las parcelas las parejas Alfredo Ferreras (Fello) y María Frtiancisca Perez (Mandín), progenitores de Clemente Pérez. También Juancito Pérez e Irene Pérez; Julia Rocha, Maximiliano Fernández, Octavio, entre otras familias.
El segundo desalojo fue ejecutado entre 1957-58 para instalar la colonia japonesa que Trujillo había acordado tras la segunda guerra mundial. En 1956 las autoridades de los dos países firmarían un acuerdo para traer los nipones al “Paraíso del Caribe” y formar colonias. Lo habían facilitado las relaciones comerciales por la venta de azúcar desde mediados de los años 30.
LA NOVEDAD HOY
La de hoy es otra historia. Más allá de los discursos plañideros montados sobre la crudeza de la inusual acción legal (con niños como escudo), lo ocurrido en Los Guayacanes es la explosión de un problema viejo dejado crecer por las autoridades locales y nacionales, pese a ser generador de violencia social e impactar de manera brutal la seguridad jurídica imprescindible para los inversores.
En Pedernales operan desde los años 90 del siglo XX agresivas bandas de ocupantes de terrenos privados y del Estado que, con el auxilio de agrimensores y abogados, expiden títulos. Usualmente venden las tierras o construyen casas informales para pensiones o venderlas a precios atractivos a políticos, militares retirados y negociantes que, en ocasiones, son los autores intelectuales de tales apropiaciones.
El caso Bahía de las Águilas es emblemático. Con la connivencia de funcionarios del gobierno de Joaquín Balaguer, una mafia regenteada por políticos, empresarios y abogados robó la parcela 215-A del distrito catastral 3 (362 millones de metros cuadrados) con el alegato de desarrollo agrícola, pese a que se trata de una zona de farallones, bosques secos y playas dentro del parque nacional Jaragua y su periferia.
La gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández (1996-2000) judicializó el latrocinio y, tras una litis de dos décadas, a finales de 2018 el tribunal dio ganancia de causa al Estado y entregó los títulos de propiedad definitivos.
Cerca de 50 millones de metros cuadrados del área rescatada fueron deslindados por la gestión de Luis Abinader (2020-2024/2024-2028) para el proyecto turístico en Cabo Rojo, hoy en marcha (hoteles, amenidades, terminal turística).
La lección de la recuperación, sin embargo, no ha parado las ocupaciones irregulares, que ocurren ante los ojos de las autoridades. La periferia de la ciudad Pedernales ha sido tomada. La red anda detrás de “espacios vacíos” para ocupar predios y solares. Sigue activa bajo el argumento de que no tienen dueño, o que son del Estado, sin reparar en que el artículo 51 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a propiedad privada.
El encarecimiento causado por las expectativas de desarrollo turístico y los negocios en la frontera agitan a los invasores.
Políticos de antes y de ahora cargan con culpas, por comisión u omisión. Juegan al populismo electoral, cuando no son cómplices ocultos de las mañoserías. Es vox populi que Pedernales ha sido minado por personas que han sido llevadas y ancladas en tugurios para que puedan adquirir el derecho a votar por sus “padrinos”. Otros se han dedicado a la contemplación.
El Gobierno no ha mostrado sensibilidad ante el reclamo de proyectos habitacionales. El pueblo se arrabaliza, mientras aumenta la zozobra de propietarios de tierras por los riesgos de invasión.
El déficit de viviendas cuantitativo y cualitativo ya ronda el 81%, uno de los más altos del país, y barrios como Los Guayacanes y Campo de Aviación carecen de infraestructuras esenciales”, de acuerdo al Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
En 2018 en Pedernales fueron empadronados 5,879 hogares, según el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares para el estatal Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). El déficit nacional es de poco más de 1 millón 500 mil casas.
El proyecto de desarrollo turístico anunciado como sostenible está en ejecución hace casi cinco años, pero en los territorios de los dos municipios (Pedernales y Oviedo) el Gobierno no ha construido ni una casa y, como si fuera poco, ha detenido el reclamado programa de titulación de tierras e inmuebles en toda la provincia. Las invasiones seguirán. Las consecuencias son previsibles.
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