“Echo de menos a mi oso”. Los garabatos de una niña de cinco años llegaron el mes pasado al Comité Judicial del Senado, junto a 59 páginas de dibujos y manuscritos de los seis miembros de una familia egipcia que ya tiene el récord de permanencia más larga para un grupo familiar en un centro de detención para migrantes durante el segundo mandato de Donald Trump.
La propia Administración Trump se aseguró durante 10 meses de tenerlos tras las rejas con distintas maniobras legales que impidieron que se cumpliera una orden judicial para su liberación bajo fianza, emitida en septiembre de 2025.
Este 23 de abril, un juez federal de Texas ordenó que la familia sea excarcelada, tras una ardua batalla legal que, sin embargo, no ha terminado.
Hayam El-Gamal era la esposa de Mohamed Sabry Soliman, el hombre egipcio que arrojó dos bombas incendiarias en junio de 2025 contra una manifestación en Boulder, Colorado, que pedía la liberación de los rehenes israelíes, entonces en poder de Hamás.
El ataque dejó 13 heridos, entre ellos una mujer de 82 años que murió poco después, producto de las quemaduras sufridas.
El mismo día del atentando, Donald Trump hizo una publicación en su red Truth Social diciendo que había "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos", que tenían su "última llamada para embarcar próximamente" y que "podrían ser deportados esa misma noche".
El-Gamal, nacida en Arabia Saudita pero con nacionalidad egipcia, tenía un caso de asilo pendiente desde 2022. Se casó con Soliman mediante un matrimonio concertado y tanto ella como sus hijos lo han descrito como un padre “emocional y físicamente ausente”, que apenas tenía comunicación con ellos.
Sostuvo desde un principio desconocer los planes de su esposo para cometer el atentado, una versión que fue corroborada ante los tribunales por un agente del FBI. De hecho, repudió el ataque y se divorció de él inmediatamente.
Eso no impidió que ella, una hija de 18 años, otro de 16, un niño de nueve y dos gemelas de cinco pasaran 10 meses en el centro de detención familiar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Dilley, a más de 1.600 km de casa, luchando contra una orden de deportación que desconoció su estatus de solicitantes de asilo.
El calvario que los seis documentaron cuidadosamente, haciéndolo del conocimiento público a través de sus abogados, los convirtió en la familia que más tiempo ha permanecido en detención migratoria.
El promedio de permanencia de padres e hijos en este tipo de centros, incluso en el segundo periodo de Trump, caracterizado por una feroz política antinmigración, es de dos semanas, y un acuerdo federal al que el magnate intenta poner fin establece un máximo de 20 días.
Los Soliman llevaban más de 300 cuando la decisión del juez Fred Biery finalmente los favoreció este 23 de abril.
“Somos seis personas inocentes”
Inmediatamente después del ataque, El-Gamal y sus hijos lograron que un juez federal bloqueara su deportación inmediata, en atención al hecho de que tenían un caso de asilo pendiente.
Eso, sin embargo, no impidió su reclusión en el centro de detención, una medida que suele aplicarse a personas que están luchando contra órdenes finales de deportación.
Allí, El-Gamal fue separada de su hija mayor, Habiba, de 18 años, que fue confinada en un área diferente del centro en el que se cree que permanecen unos 3.000 migrantes detenidos.
Los abogados de la familia atribuyeron la separación a una retaliación, por el hecho de que Habiba había hablado con varios medios de comunicación para denunciar la situación de su madre, hermanos y de ella misma.
"Somos seis personas inocentes, incluidas gemelas de cinco años, atrapadas en una pesadilla que no creamos", escribió Habiba en una carta dirigida al Comité Judicial del Senado, parte de las 59 páginas de dibujos, garabatos y denuncias manuscritas de los seis integrantes de la familia.
Algunas piezas de este material fueron publicadas por el diario ‘Texas Tribune’, que tuvo acceso a las cartas el mes pasado, poco antes de que los abogados se las hicieran llegar a los legisladores.
En ellas, una de las gemelas confesaba que extrañaba a su oso, el adolescente de 16 años relataba las pesadillas que sufría una de sus hermanitas y afirmaba que había visto “comida que tiene moho, incluso con gusanos de verdad”.
La madre se quejaba de que las condiciones de reclusión no respetaban las creencias religiosas de la familia musulmana, obligándolas a ella y a Habiba a convivir con hombres que no conocían.
Mientras tanto, sus abogados clamaban por autorización para una evaluación médica independiente, luego de que a Hayam se le detectara un bulto en un seno.
Desafíos legales pasados y pendientes
Un juez de inmigración había autorizado en septiembre de 2025 la liberación bajo fianza de la El-Gamal y sus hijos, pero maniobras legales por parte del Gobierno de Trump impidieron que esa orden se ejecutara.
Cuando las cartas se hicieron públicas el mes pasado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le respondió al ‘Texas Tribune’ que la agencia aún trataba de determinar si la familia "sabía de este atroz ataque, si tenían conocimiento o si le brindaron apoyo (a Soliman)”.
De hecho, la exsecretaria Kristi Noem, destituida el 5 marzo por Trump, había señalado que estaba convencida de que los miembros de la familia conocían los planes del atacante.
El vocero del DHS que respondió al ‘Texas Tribune’ agregó que “estar en detención es una elección”, pues la mujer tenía la opción de permitir que ICE colocara a los niños con cuidadores de su elección o designados por las autoridades.
Después de que la orden de deportación original fuera bloqueada por un tribunal federal, una corte de apelaciones desestimó el caso de la familia Soliman y mantuvo vigente la medida de expulsión.
Una jueza de instrucción, Elizabeth Chesney, admitió el 20 de abril el habeas corpus intentado por los Soliman, afirmando que "cada día adicional que un niño pasa detenido aumenta el riesgo de que sufra efectos adversos graves y duraderos en su desarrollo psicológico y físico” y recomendando al juez Biery la liberación.
Lauren Bis, portavoz del DHS, indicó en un comunicado que “el juez quiere liberar a la familia de este terrorista en las calles estadounidenses” y anunció que la agencia seguiría “luchando por la expulsión de quienes no tienen derecho a estar en nuestro país, especialmente las amenazas a la seguridad nacional”.
Finalmente, el juez Biery consideró válidos los argumentos de la representación legal, que sostuvo que las órdenes en contra de los Soliman habían sido instigadas por el “liderazgo político” en Washington y que El-Gamal y sus hijos no habían sido tratados de forma justa en sus juicios migratorios.
Ahora, los abogados de los Soliman presentarán una solicitud ante el Quinto Tribunal de Apelaciones en Nueva Orleans, para que impida la deportación de la familia mientras sus miembros buscan asilo y permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras tanto, Hayam y su hija Habiba, las mayores de edad del grupo, tendrán que llevar dispositivos de vigilancia electrónica, un recordatorio permanente de que ellas y los cuatro niños siguen siendo considerados "amenazas a la seguridad nacional".
Con EFE, AP y medios locales
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