Por Brianna y por todas las víctimas de desaparición en República Dominicana

La desaparición de la niña Brianna Genao ha sacudido a la comunidad de Navarrete y a la República Dominicana entera. La caminata realizada ayer domingo por familiares y vecinos refleja un clamor colectivo: la exigencia de respuestas claras y acciones concretas de las autoridades. 

Lo lamentable es que no se trata solo de un caso aislado, sino de un síntoma de una crisis más amplia que afecta a más de un centenar de familias dominicanas.

La comunidad natal de la niña de tres años Brianna ha demandado en cada paso transparencia en el proceso de investigación. La falta de información concreta, a la cual se refirió el padre de la menor —Carlos Manuel Genao (Adonis)—, profundiza el dolor y debilita la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Esta situación es inaceptable en un tema tan delicado como la desaparición de una menor, y de esto suman hoy 19 días.

Los datos llaman a la alarma: de más de mil personas desaparecidas en República Dominicana, una cuarta parte sigue ilocalizable. Este panorama revela una falla estructural en los mecanismos de búsqueda, registro y seguimiento de casos.  Es decir, no es suficiente con contabilizar las desapariciones; es urgente diseñar políticas públicas que prevengan y atiendan con eficacia esta problemática.

 El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la integridad de toda la población. En el caso de Brianna, la respuesta institucional ha sido insuficiente, desarticulada y con falta de sensibilidad.

Las comunidades han demostrado que no están dispuestas a permanecer indiferentes. Las marchas y manifestaciones son un recordatorio de que la ciudadanía exige justicia y transparencia. 

Es necesario fortalecer los protocolos de búsqueda inmediata. Cada hora cuenta en un caso de desaparición, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, así como de personas de la tercera edad. La creación de unidades especializadas, con recursos humanos y tecnológicos adecuados, es una medida que no puede seguir postergando.

Además, urge establecer un sistema nacional de información pública sobre personas desaparecidas. Este debe ser accesible, actualizado y confiable, de modo que las familias no dependan de rumores o versiones parciales. La transparencia es un derecho y una herramienta para la confianza ciudadana.

La dimensión social del problema también exige atención. La discriminación y la marginalidad que sufren muchas comunidades agravan la vulnerabilidad de las víctimas. El caso de Brianna debe ser leído también como un llamado a reconocer y enfrentar las desigualdades que ponen en riesgo a los más indefensos.

La solidaridad mostrada por la comunidad de Navarrete es ejemplar. Sin embargo, no puede sustituir la responsabilidad del Estado. Las familias necesitan acompañamiento psicológico, asesoría legal y garantías de que sus casos no quedarán en el olvido. La ausencia de estas medidas perpetúa la sensación de abandono.

Este editorial se suma al clamor de las víctimas y sus familias: República Dominicana necesita un plan nacional contra las desapariciones, con protocolos claros, transparencia informativa y acompañamiento integral. La marcha por Brianna no debe ser vista como un evento aislado, sino como un punto de inflexión para exigir que nunca más una familia quede sin respuestas.