El Estado es quien debe detener el negocio de las motocicletas

El pandemónium del transporte vehicular y la presencia masiva de motocicletas en todo el territorio nacional, además del reflejo de un subdesarrollo y pobreza acentuada, es el resultado de la falta de planificación y la debilidad del Estado para imponer políticas firmes de control de la expansión de este símbolo del desorden y la violencia.

No se trata sólo de que motoconchistas ataquen, como pirañas, automovilistas individuales y del transporte colectivo, además de transporte escolar, como ha ocurrido con conductores de TRAE, sino también de un jalón importante al mantenimiento de la inseguridad y la prestación de servicios seguros en todo el país.

Estos “servidores” en motocicletas tienen clara la impunidad en que operan. Sus apoyos se encuentran ocultos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los partidos políticos, y hasta en funcionarios gubernamentales, que conociendo el negocio y los huecos que existen, se enriquecen o reciben ventajas con un modo execrable de evasión fiscal.

Es al Estado que corresponde ponerle un pare a esta tragedia de las motocicletas dedicadas a la violencia y la delincuencia.

Durante 2025 se agregaron unas 270,801 motocicletas nuevas al parque vehicular nacional. Estamos hablando de motocicletas nuevas. Sin embargo, al país entran muchas más que esas, cada año, por piezas, y se ensamblan de diferentes lugares y se convierten en vehículos de dos ruedas, que no tienen registro de chasis, que no tienen placas, que no tienen marca y que son un negocio efectivo, diario, para tutumpotes de ese mundo subterráneo de la evasión, la violencia y la delincuencia. ¿Cuánto dinero de la droga se mueve en ese mundillo? Nadie lo sabe ¿Cuánto dinero de ese es el resultado de tumbes, asaltos, robos, pillajes? ¿Cuántos crímenes se cometen en el país con las motocicletas como protagonistas? Nadie lo sabe.

Por tanto, es necesario que el gobierno asuma con claridad y voluntad una política de controlar la importación de piezas y de partes de motocicletas, así como de vehículos de dos ruedas, por vía de las instituciones responsables de controlar ese sector: La Dirección General de Aduanas, y la Dirección General de Impuestos Internos.

Que no se trate solamente el caso por la impunidad que estos señores presumen, y que por ello agreden a conductores de vehículos escolares, sino por todas las demás aristas de esta epidemia, que contribuye fuertemente a la violencia social, oculta a los responsables con facilidad, aumenta los crímenes y delitos en general, y resultan un negocio macabro del que el país tiene que salir tan rápidamente como pueda.

El país conoce a los principales importadores de motocicletas y otros vehículos de dos ruedas, y conoce a los que los traen por piezas, sin pagar impuestos, y sabe de sus ostentosos manejos en efectivo, y de la capacidad extraordinaria que tienen para sobornar y sonsacar gente. Esos son los que deciden quien vive y quien muere en este país, porque tienen en sus manos a los principales criminales, obedeciendo órdenes.

Solo lo anunciamos, y pedimos que quien no quiera creerlo, que no lo crea, y que se dedique un poquito a indagar, preguntar, investigar, y descubrirá un mundo subterráneo, oscuro, cargado de violencia y de resentimientos. Es al Estado que corresponde ponerle un pare a esta tragedia de las motocicletas dedicadas a la violencia y la delincuencia.