Años de irresponsable desidia por parte de las autoridades, de grave connivencia de la clase política, de falta de conciencia de las élites para actuar conforme una visión más allá de la comodidad de la satisfacción de las necesidades del momento, y de oportunismo de muchos que han buscado agenciarse una cuota de poder desde partidos políticos, gremios profesionales, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, o de adueñarse de ciertos espacios, rutas, sectores económicos, barrios, así sea simplemente bajo el manto protector de la condición de "humildes padres de familia"; han generado la situación que desgraciadamente hoy tenemos en nuestro país de grave falta de cumplimiento con la ley, y peor aún de ejercicio discrecional de su aplicación.
Algunos tenemos años insistiendo en la necesidad de cumplimiento con la ley, mientras otros han encontrado en la aprobación de nuevas leyes una manera fácil de simular que buscan solución a algo, sin real intención de aplicarla, y mientras más leyes se dictan y se incumplen, más se ha erosionado el respeto a la autoridad y a la ley, porque conseguir que las personas acaten civilmente su cumplimiento no es tarea fácil, y más difícil aún que acepten su aplicación rigurosa y las consecuencias por su violación, cuando al mismo tiempo resienten que otros las incumplen en total impunidad.
Esto ha provocado una situación de desorden generalizado que recibe una de sus más patéticas evidencias en el tránsito, sea en las ciudades o en las carreteras, que inició con empresarios del transporte de carga y de personas que bajo el disfraz de sindicatos de choferes durante años han recibido favores políticos de los gobiernos de turno con tal de evitar las huelgas, a tal punto que terminaron siendo bautizados como "los dueños del país", y que actualmente ya son parte del poder político mismo; desorden que no ha querido nunca enfrentarse por temor al costo de hacerlo, como si no fueran más los que padecen por este que los que lo crean.
Y aunque en un momento se pensaba que se trataba de la ley del más fuerte, que por eso los camiones, autobuses y patanas conducían en actitud de total agresión de los demás vehículos y transgresión de las leyes y normas de conducta, luego quedó demostrado que no era cuestión de dimensión, pues llegaron las motocicletas al transporte, y los motoconchos, y más recientemente los repartidores o "deliveries" a pesar de la pequeñez y vulnerabilidad de su medio de transporte han implantado el desorden en total impunidad gracias a la rapidez y la ilegalidad con que se mueven, pudiendo escapar fácilmente y en total desinterés de las autoridades del tránsito, porque al fin y al cabo ni tienen licencias de conducir, ni pagarán las multas que les impongan.
Ese desolador panorama episódicamente pretende regularse, pero las autoridades de turno ceden, como ha sucedido con el lugar más hermoso y emblemático de la ciudad de Santo Domingo, nuestro Malecón, que no ha habido forma de arrebatárselo a las hordas de camioneros y vehículos pesados, porque ni siquiera los empresarios han comprendido la necesidad de hacerlo, o no han querido asumir su costo, prefiriendo simplemente voltear la vista al mar de la ciudad, trasladando el crecimiento urbano más al norte, sin los debidos criterios y provocando otros desórdenes.
Si queremos avanzar como país tenemos que reflexionar sobre las causas del desorden vial y urbano, y asumir las responsabilidades, porque aunque convenientemente quienes están en la oposición en un momento dado critican, son los primeros que con tal de granjearse apoyos se colocan del lado equivocado, y las autoridades deseosas de mantener su popularidad y su poder ceden ante el temor del costo político, y mientras algunos intentan cumplir con las normas, otros se apandillan y atrincheran para incumplirlas, pero todos al final cuando somos los afectados esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre los infractores. Todo esto ha provocado una enorme crispación y se ha convertido en una peligrosa bomba que estalla en cualquier momento cobrando víctimas, como el lamentable reciente caso del joven chofer de un camión recolector de basura en Santiago, muerto físicamente a manos de una pandilla de motoristas armada de cuchillos, pero también por la omisión de los que inmisericordemente vieron, preguntaron y no le prestaron ayuda a tiempo, y por la desidia irresponsable de todos los que nos han gobernado en las últimas tres décadas, que por oportunismo o temor político han preferido, con tal de no perder votos, relajar el cumplimiento de la ley abandonando sus funciones.
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