El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció el despliegue de una auditoría nacional de permisos y licencias comerciales, acompañada de nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal, en lo que constituye la acción más ambiciosa del gobierno de Luis Abinader contra el comercio ilícito desde que Sanz Lovatón asumió la cartera.
La decisión fue validada en la más reciente sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, un espacio interinstitucional que integra al MICM, los ministerios de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), este último como brazo operativo de las intervenciones en el terreno.
Sanz Lovatón: "Quien opere aquí lo hará bajo el marco de la ley"
El titular del MICM fue enfático al advertir que el comercio ilícito "no es solo una fuga recaudatoria, sino un ataque directo a la competitividad del país".
"El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos", afirmó Sanz Lovatón, quien subrayó que la efectividad de la Mesa radica en haber convertido la inteligencia de mercado aportada por los gremios en "política pública vinculante".
El funcionario —que llegó al MICM tras dirigir la Dirección General de Aduanas, donde lideró 196 fiscalizaciones a comercios asiáticos con un impacto de más de RD$15,215 millones en impuestos y multas— conoce de primera mano el entramado del comercio irregular en el país.
Un historial de acciones que precede al anuncio
La ofensiva no surge en el vacío. República Dominicana se ubicó en la posición 50 del Índice Global de Comercio Ilícito 2025 de la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit), superando a México, Colombia y Brasil, aunque por debajo de Chile y Costa Rica, según reportó Acento.com.do en noviembre pasado.
Asimismo, hasta diciembre de 2025 se habían dictado 50 sentencias condenatorias por comercio ilícito, incluidos casos de alcohol adulterado. El MICM ha destacado que desde 2021 no se registran muertes por ese tipo de productos.
Solo en 2025, Aduanas —entonces bajo la dirección de Sanz Lovatón— ejecutó 49 auditorías al sector importador asiático, acumulando RD$1,592 millones en impuestos cobrados, y entre 2020 y 2025 el total ascendió a 139 auditorías con una diferencia impositiva de RD$4,509 millones.
El respaldo del sector privado
La sesión contó con la participación de los ministros Magín Díaz (Hacienda y Economía) y Eddy Olivares (Trabajo), así como del director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
Por el sector empresarial, estuvieron Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de esa entidad. La presencia de la AIRD no es casual: el gremio industrial ha sido uno de los principales impulsores de la fiscalización al comercio irregular. Ya en abril de 2025, la asociación valoró públicamente los operativos contra el comercio ilícito, señalando que la competencia desleal figura entre los factores que más afectan la competitividad en sus encuestas trimestrales.
Lo que viene: Ceccom al frente
El anuncio implica que el Ceccom ejecutará auditorías operativas y revisiones de permisos a nivel nacional, con el objetivo declarado de salvaguardar la competencia leal y proteger a la industria formal. El mecanismo de trazabilidad busca cerrar las brechas que permiten la circulación de mercancías sin respaldo fiscal ni sanitario.
La pregunta que queda abierta es si esta nueva ofensiva logrará sostenerse en el tiempo y traducirse en resultados medibles, o si se sumará a los múltiples anuncios que han precedido acciones intermitentes. Los cambios en el gabinete de enero de 2026, que Acento calificó como parte de una "estrategia de relanzamiento gubernamental", sugieren que el gobierno busca mostrar resultados concretos en la recta final de la gestión.
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