El sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín (el padre Rogelio) intensificó este viernes sus demandas en el caso Jet Set al cumplirse un año y un mes de la tragedia que dejó 236 muertos en la capital dominicana. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el religioso exigió la modificación de la calificación jurídica de los cargos contra los imputados y la variación de la medida de coerción que les fue impuesta, argumentando que la magnitud de los hechos exige sanciones más severas.
"Hemos pasado de pedir justicia a exigir justicia", afirmó el padre Rogelio, quien desde la noche del 8 de abril de 2025 se convirtió en una de las figuras más visibles del reclamo de las familias afectadas.
"La justicia está al servicio de los poderosos"
La postura del sacerdote no es nueva. Al cumplirse el primer aniversario del colapso, el padre Rogelio ya había advertido en la misa de recordación que "no confiamos en la justicia dominicana", al tiempo que cuestionó la credibilidad del sistema judicial y denunció que opera "al servicio único y exclusivamente de los poderosos y del que tiene dinero". En aquella ocasión, Cruz Fermín reclamó que la justicia "debe aplicarse de manera igualitaria para todo el mundo".
Este viernes reiteró ese llamado y fue más allá: instó a los jueces encargados del proceso a tomar decisiones basadas en la justicia y no en influencias políticas o económicas.
Actos mensuales y un memorial para las víctimas
El padre Rogelio anunció que continuará realizando actos conmemorativos cada día 8 de cada mes en memoria de los fallecidos. Asimismo, reiteró su propuesta de construir un memorial o mausoleo de utilidad pública que honre a las 236 víctimas del colapso, una iniciativa que ha planteado en reiteradas ocasiones desde la tragedia.
El proceso judicial, en plena audiencia preliminar
Las exigencias del sacerdote se producen en un momento de alta tensión procesal. La audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat —propietarios del local— ha estado marcada por retrasos y ausencias de abogados ante el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien advirtió que quienes no comparezcan podrían perder la oportunidad de concluir sus planteamientos.
En ese mismo contexto, la abogada Ingrid Hidalgo, representante de varias víctimas, solicitó ante el tribunal medidas de coerción real contra los imputados, incluyendo el embargo de bienes y la inscripción de hipotecas judiciales provisionales, con pretensiones civiles que ascienden hasta los 300 millones de pesos dominicanos.
Por su parte, el abogado Juan Tomás Vargas sostuvo ante el tribunal que en el caso existió dolo eventual, al afirmar que los imputados conocían el riesgo estructural del inmueble —originalmente una sala de cine reconvertida en discoteca sin las evaluaciones técnicas correspondientes— y aun así continuaron operando.
El Ministerio Público, por su parte, aclaró que el retiro de querellas por parte de algunos familiares no detiene el proceso penal, ya que los hechos investigados corresponden a una acción pública. El fiscal Miguel Collado explicó que los desistimientos tienen efectos únicamente en el ámbito civil.
Una herida que no cierra
El caso Jet Set sigue siendo, a más de un año de la tragedia, la mayor catástrofe humana de este siglo en República Dominicana. El expediente acumula 141 querellantes, una acusación del Ministerio Público de 156 páginas y decenas de pruebas testimoniales, periciales y documentales, según reportó AcentoTV. Al menos 174 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad como consecuencia del colapso.
La voz del padre Rogelio, que cada día 8 vuelve a resonar en las calles de Santo Domingo, es también la de cientos de familias que esperan que el proceso judicial no se diluya en el tiempo.
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