Ministerio de la Mujer celebró una ilustrativa reflexión sobre los feminicidios

La Escuela de Igualdad Magaly Cordero, dependencia del Ministerio de la Mujer, celebró este lunes un conversatorio sobre feminicidios y violencia de género en el que se llamó a reforzar la prevención desde la educación y la comunidad, no desde la reacción institucional tardía.

La actividad se desarrolló en un momento en que el país registra 32 feminicidios en lo que va del año, lo que refleja una tasa de crecimiento del 36,4 % respecto al mismo período de 2025.

El encuentro, convocado bajo el marco de la iniciativa Ellas llaman —un proyecto que busca restituir el nombre y la historia de las víctimas de feminicidio—, reunió a representantes institucionales, educadores y activistas en torno a una premisa que la directora de la Escuela, Fátima Lorenzo, planteó desde el inicio: los feminicidios no son hechos aislados, sino expresiones de una violencia con raíces estructurales en la desigualdad y el machismo.

"Detrás de cada caso hubo una mujer con sueños, con afectos, con proyectos de vida", se afirmó durante la apertura del conversatorio, en una declaración que apuntó directamente contra la tendencia mediática e institucional de reducir estos crímenes a estadísticas.

La iniciativa Ellas llaman fue presentada como un acto de resistencia a la indiferencia: nombrar a las víctimas, recuperar su historia, es también una forma de presión política y social para que el Estado actúe con mayor celeridad.

El conversatorio contó con la participación de la periodista Margarita Cordero, cuyas publicaciones sistemáticas bajo el título Ella se llamaba sirvieron como puerta de entrada al debate; la abogada constitucionalista Patricia Santana, especialista en derechos de las mujeres; y el psicólogo Luis Vergés, especializado en salud emocional y mental.

La apertura: educación como herramienta de transformación

La Dirección de Educación en Género del Ministerio de la Mujer, a cargo de Fátima Lorenzo, dio apertura formal al conversatorio —el primero del año— coordinado junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el marco de lo que el Ministerio denomina Agenda Mujer, Agenda de Igualdad.

"Lamentablemente, la fecha de este encuentro coincide con un aumento de los feminicidios de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, en una espiral de violencia que mantiene a toda la sociedad en altos niveles de indignación y de irritabilidad", sostuvo Lorenzo.

Lorenzo reconoció que, a pesar de la existencia de un plan estratégico por una vida libre de violencia y de un protocolo general para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, "los resultados esperados aún no se han alcanzado".

Fue enfática en señalar el rol de la educación —tanto formal como no formal— como actor de transformación social: "La educación no formal tiene tanto peso porque nos construye desde la familia, desde un entorno que socializa y fortalece patrones de discriminación y desvalorización de las mujeres".

En ese marco, citó el Eje Sexto del Plan Nacional de Equidad e Igualdad de Género (Plan ENTEIG), que prioriza la inclusión de la educación sexual integral en todos los niveles educativos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la ejecución de planes de prevención.

Margarita Cordero: el lenguaje como acto político

La periodista Margarita Cordero aportó una de las reflexiones más incisivas del conversatorio al señalar que el cambio cultural que exige la crisis de feminicidios pasa, necesariamente, por la educación.

El Estado dominicano, no obstante, añadió, ha mostrado una perspectiva regresiva en el desmonte de los prejuicios que condicionan a las mujeres.

Cordero recordó que el exministro de Educación Ángel Hernández anuló una resolución departamental que transversalizaba el género en las aulas, con una argumentación que ella calificó de "cantinflesca": la justificación oficial fue que ya existe igualdad porque hay igual número de muchachos que de muchachas sentados en los salones de clase. "Así de sencillo. Ahí está la igualdad", ironizó.

La periodista fue más allá y puso el foco en el poder performativo del lenguaje como herramienta de transformación —o de daño—. Tomó como ejemplo el caso del psicólogo Luis Vergés, a quien su madre le decía de niño que tenía "el cabello malo".

"Estaban sembrando en su conciencia la autodiscriminación", señaló Cordero, advirtiendo que ese tipo de mensajes puede manifestarse en la adultez como actitudes de minusvaloración hacia uno mismo —o hacia los demás.

"El lenguaje no es inocente. El lenguaje es también performativo", afirmó, y subrayó que no alcanza con cambiar las palabras: dejar de decir "homicidio" y decir "feminicidio" cuando la víctima es una mujer es un paso necesario, pero insuficiente.

"Es necesario que esa transformación del lenguaje se convierta en acción, en acción social y en acción del Estado, que hasta ahora es el gran ausente en esa necesidad de impulsar el cambio cultural", concluyó.

La mirada del psicólogo: cuando la violencia es conducta aplaudida

El psicólogo aludido, Luis Vergés, ofreció una explicación científica sobre por qué la violencia contra la mujer persiste y se reproduce en ciertos contextos sociales.

Vergés recurrió a un principio del condicionamiento conductual para explicar el fenómeno: "La conducta que se mide y se sostiene en el tiempo es la conducta premiada, es la conducta aprobada, es la conducta preferida. Y el comportamiento que se debilita es el comportamiento desaprobado, es el comportamiento rechazado".

Desde esa lógica, el psicólogo planteó que en determinados entornos culturales, un hombre que golpea a su pareja no percibe su acción como un crimen, sino como una conducta socialmente validada.

"Ese hombre sabe que golpear a esa mujer es una conducta aplaudida socialmente", afirmó, y añadió que el miedo al escarnio público —el acoso de sus pares si no reacciona con violencia— puede ser para él un castigo más disuasorio que el proceso judicial.

"El problema es que la construcción es diferente. Y el reforzamiento, históricamente condicionado en esta dirección, tiene esa direccionalidad y esa legitimidad", explicó Vergés, subrayando que no se trata de una lógica irracional desde adentro del sistema de valores que la sostiene, sino de una racionalidad distinta, construida históricamente.

Para neutralizar ese condicionamiento, Vergés señaló que se necesita una respuesta articulada: "Necesitamos de las instituciones, necesitamos de la escuela, necesitamos de la familia, necesitamos de un congreso".

En este punto, fue crítico con decisiones que, a su juicio, han retrocedido el trabajo ya hecho: mencionó como ejemplo la invitación a ideólogos de ultraderecha para desmontar avances en materia de educación en género.

"Ahí era la oportunidad para hacer cosas y tomar decisiones para seguir impulsando ese proceso. Ahora, definitivamente hay que recomenzar un proceso que ya teníamos en marcha, porque las mismas instituciones lo han estado debilitando", sostuvo.

Vergés también abordó el peso del silencio y la invisibilidad como aliados de la violencia. Señaló que la tardanza histórica en nombrar el feminicidio como tal —cuando ya existían figuras como el magnicidio o el ecocidio— revela cuánto tiempo le tomó a la sociedad reconocer "como normal que al peor sufrimiento que puede tener un ser humano, que es el crimen de una mujer, se le coloque el nombre que debe llevar". "La invisibilidad es el mejor aliado del verdugo", concluyó.

Patricia Santana: el sistema que desincentiva la denuncia

La abogada constitucionalista Patricia Santana, especialista en derechos de las mujeres, ofreció un análisis estructural al identificar en el conversatorio los múltiples factores que disuaden a las víctimas de violencia de género de acudir al sistema de justicia.

Santana comenzó su intervención con una referencia al caso Epstein para ilustrar cómo los mecanismos de encubrimiento operan incluso en los sistemas judiciales más visibles.

"Cuando se desclasificaron los papeles del caso Epstein, los nombres que tenemos clarísimos son los nombres de las víctimas, pero están tapados los nombres de quienes realmente le daban vida a ese proyecto", destacó.

La analogía apuntó directamente a la asimetría de poder que caracteriza también los casos de violencia doméstica en el país.

La abogada describió además el ciclo de presiones que enfrenta una mujer que decide denunciar: la campaña de descrédito que se desata de inmediato, la presión familiar para que retire la denuncia —"es el padre de tus hijos"—, el escaso apoyo de las amistades y, sobre todo, la duda que la propia sociedad proyecta sobre la víctima.

"Nosotras mismas hacemos el ejercicio de juzgar a la que está denunciando, y si el agresor es alguien que conocemos, dudamos también", señaló.

A esa carga emocional y social se suma la dependencia económica. Santana explicó que las mujeres con menores ingresos enfrentan una barrera material evidente, pero que incluso quienes tienen mayor capacidad económica optan por el silencio.

"No quieren exponerse al bochorno y a la culpa que sentimos por el hecho del agresor". En ambos casos, el resultado es el mismo: la denuncia no se produce, sostuvo.

La abogada también señaló el riesgo que representan las filtraciones de expedientes judiciales, que aumentan la exposición de las víctimas y refuerzan su vulnerabilidad.

Conectó este riesgo con la socialización de género: "Nos crían para casarnos, para buscar un marido, con el mensaje de que la mujer hace al hombre. O sea que, si mi marido me agredió, es porque yo fallé".

"Ya estamos desincentivadas por diseño", afirmó Santana. "Nos diseñan para normalizar la violencia, para sentir culpa y para no denunciar. Si por diseño estamos construidas para no hacer eso y, encima de eso, sabemos que el sistema nos va a exponer, no lo vamos a hacer".

En ese marco, la abogada trajo a colación el caso de Esmeralda Moronta —una de las víctimas de feminicidio del año— como ejemplo de las consecuencias de ese silencio estructural.

Moronta no había acudido al sistema de justicia, probablemente porque cargaba con todas esas barreras. Su familia, además, desconocía que ella atravesaba una situación de violencia.

"A veces tampoco quieres decirle a tu familia, para no exponerla, para no preocuparla. Todo eso está en la cabeza de una víctima antes de tomar la decisión de denunciar", explicó.

Santana fue enfática en que la denuncia no es solo un acto individual, sino una condición para que el Estado pueda actuar: "Necesitamos que denuncien, no solamente para visibilizarlas, sino para poder garantizarles la protección. Pero el sistema también tiene que reflexionar sobre cómo las vuelve aún más víctimas del opresor".

Un sistema que ya admitió sus fallas

El conversatorio se produce en un contexto institucional particularmente tenso. El pasado 18 de mayo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció públicamente que el Estado dominicano ha fallado en la respuesta preventiva frente a los feminicidios.

Un día después, la vicepresidenta Raquel Peña también admitió que "el sistema ha fallado" y anunció el refuerzo de protocolos de protección.

Los números que obligan a actuar

Según datos del Ministerio Público, además de los feminicidios solo en el primer trimestre de 2026 se registraron más de 17 mil 500 denuncias por violencia de género.

Un dato especialmente preocupante: únicamente tres de esas víctimas habían realizado denuncias previas, lo que evidencia las barreras que enfrentan las mujeres para activar los mecanismos de protección disponibles.

Para el presente mes de mayo, el total de feminicidios asciende a 32, con el 54 % de los agresores bajo arresto. República Dominicana es, según OPD-Funglode, uno de los países de América Latina con mayor tasa de feminicidios: 2,7 por cada 100.000 habitantes.

Educación, no solo reacción

Uno de los ejes centrales del conversatorio fue la crítica implícita al enfoque reactivo que ha dominado la respuesta estatal.

Desde el Ministerio de la Mujer se planteó que la prevención real comienza mucho antes de que una mujer llame a una línea de emergencia: empieza en la crianza, en los mensajes que se normalizan en el hogar, en la capacidad colectiva de desmontar prácticas culturales que reproducen violencia.

En ese sentido, el espacio reivindicó la corresponsabilidad social: no solo del Estado, sino de los medios de comunicación —a quienes se instó a informar "con sensibilidad y responsabilidad"—, de los hombres —llamados a comprometerse activamente contra la cultura machista— y de las comunidades, a las que se pidió mayor vigilancia y solidaridad.

La niñez, otra víctima invisible

El conversatorio también puso el foco en un daño colateral que suele quedar fuera del debate público: los niños y niñas que quedan en situación de vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres.

Los feminicidios de 2026 han dejado a un número significativo de menores en condición de orfandad, una consecuencia que demanda políticas de acompañamiento específicas y sostenidas.

La sociedad civil presiona

El conversatorio del Ministerio de la Mujer no es un hecho aislado. El pasado 19 de mayo, más de 80 organizaciones feministas y activistas firmaron una carta abierta exigiendo al Estado asumir la crisis de feminicidios como prioridad nacional y asignarle presupuesto real.

La carta, titulada ¡Ni una menos! La vida de las mujeres exige Estado, justicia y educación para la igualdad, refleja el nivel de presión que la sociedad civil ejerce sobre las instituciones en este momento.

El 22 de mayo, además, se conformó una comisión para elaborar un plan de acción específico frente a la violencia contra las mujeres, con participación de docentes, comunicadores y líderes comunitarios.

La advertencia de Margarita Cordero resuena como síntesis del encuentro: cambiar el lenguaje es el primer paso, pero sin acción del Estado, sin una educación que desafíe los prejuicios desde las aulas, las palabras no alcanzan para detener los crímenes. Y la de Patricia Santana la completa: mientras el sistema siga exponiendo a quienes denuncian, seguirá siendo cómplice del silencio.