El presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata, José Ramón Núñez, justificó este lunes la decisión de otorgar el perdón judicial al exjugador de Grandes Ligas Wander Franco al afirmar que, además de haber incurrido en una conducta sancionable, también fue víctima de un comportamiento orientado a obtener beneficios económicos a partir del caso.
“El indultado en este caso específico también es una víctima. Una víctima de un comportamiento humano rapaz que se olvida de los principios y valores y, una vez surgido el problema, trata de sacarle beneficio a costa de la propia dignidad de quien debió ser protegida”, expresó Núñez durante la lectura de la sentencia.
La Corte declaró culpable a Franco por abuso psicológico y sexual contra una adolescente, aunque dispuso el “perdón judicial”, por lo que no deberá cumplir condena de prisión.
Según el magistrado, el caso pudo haberse mantenido dentro del ámbito privado y familiar, pero terminó escalando a nivel judicial y mediático debido a intereses particulares que, a juicio del tribunal, alteraron el curso de los hechos.
“Los hechos ocurrieron y todo pudo quedarse en el misterio de la sombra del secreto de una familia. Sin embargo, los intereses humanos fluyeron de tal forma que nos colocan en este escenario como de espectáculo público”, sostuvo.
Núñez calificó la situación como “cuestionable, reprochable, pero también sancionable”, al referirse tanto a la conducta atribuida al pelotero como al contexto que rodeó el proceso judicial.
La decisión del tribunal también incluyó una condena de 10 años de prisión contra Marta Vanesa Chevalier Almonte, madre de la adolescente, tras ser hallada culpable de extorsión, abuso psicológico y lavado de activos.
El nuevo juicio
El nuevo juicio contra Wander Franco se inició en Puerto Plata luego de que la Corte de Apelación del Departamento Judicial anulara la sentencia emitida en primera instancia el 27 de junio de 2025. En esa decisión inicial, el pelotero había sido condenado a dos años de prisión suspendida por abuso sexual y psicológico contra una adolescente.
La reapertura del proceso fue ordenada por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, tras acoger recursos presentados por el Ministerio Público y otras partes involucradas, que consideraron insuficiente la condena impuesta. El tribunal dispuso la celebración de un nuevo juicio oral y público para reexaminar las pruebas y valorar nuevamente los hechos.
Durante la primera jornada del nuevo proceso, los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán presentaron 117 pruebas, entre documentales, periciales, audiovisuales y materiales. Entre las evidencias figuran 800,000 pesos y 68,500 dólares ocupados en la vivienda de la madre de la adolescente, dinero que, según el Ministerio Público, estaría vinculado a las actividades investigadas.
La Fiscalía sostiene que la reproducción íntegra de las pruebas permitirá establecer la gravedad de los hechos y justificar una condena mayor. Por esa razón, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión efectiva contra Franco, en lugar de la pena suspendida impuesta en la primera sentencia.
El proceso también involucra a la madre de la adolescente. En primera instancia, la mujer fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, acusaciones que también forman parte del nuevo juicio.
Según el expediente, el Ministerio Público atribuye a la madre haber facilitado los encuentros con la menor y recibido dinero relacionado con las acciones investigadas. El caso ha mantenido amplia atención pública debido a la notoriedad del pelotero y a la gravedad de las acusaciones.
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