La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoció el recurso de apelación interpuesto por la defensa del fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La audiencia fue encabezada por los magistrados Francisco Jerez Mena, María Garabito, Nancy Salcedo, Yorlin Vásquez Castro y Fran Soto.
Defensa cuestiona actuación del Ministerio Público
Durante sus argumentos, el abogado defensor Valentín Medrano sostuvo que a su representado le fueron vulnerados derechos fundamentales al ser interrogado sin la presencia de un abogado, lo que, a su juicio, constituye una violación al debido proceso y a las garantías constitucionales.
El jurista afirmó que Valdez Alcántara fue interrogado mientras se encontraba detenido y en una condición de vulnerabilidad emocional, sin haber recibido asistencia legal ni la oportunidad de comunicarse oportunamente con un abogado.
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“Yo hablo con él sin presencia de un abogado. Y le preguntó si sin presencia de un abogado estamos ante la violación de uno de los derechos fundamentales”, expresó Medrano durante la audiencia.
Asimismo, señaló que a su defendido debió garantizársele una llamada telefónica y asistencia jurídica inmediata tras su arresto, alegando que esas garantías no fueron respetadas por las autoridades actuantes.
Presentan 81 presupuestos en favor del imputado
En tanto, el también abogado defensor Albert Delgado presentó ante la alta corte 81 presupuestos con los que procura demostrar el arraigo y las condiciones personales de Aurelio Valdez Alcántara, como parte de los argumentos para obtener una decisión favorable en el recurso de apelación.
La defensa sostiene que las presuntas irregularidades ocurridas durante la investigación afectan la validez de las actuaciones procesales y justifican la revisión de las medidas adoptadas contra el fiscal suspendido.
Aurelio Valdez Alcántara enfrenta acusaciones del Ministerio Público por supuestamente recibir un pago ilícito de 10 mil dólares de un testigo relacionado con una investigación vinculada al Seguro Nacional de Salud, imputación que ha sido rechazada por sus abogados, quienes insisten en que el proceso ha estado marcado por violaciones a derechos fundamentales.
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