La reforma de la Policía Nacional llega a una nueva etapa con el nombramiento del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, el quinto director de la institución durante el gobierno del presidente Luis Abinader.
Su designación, dispuesta mediante el Decreto 558-26, se produjo el 17 de agosto de 2026, en sustitución de Andrés Modesto Cruz Cruz, quien fue colocado en honrosa situación de retiro tras permanecer exactamente seis meses en el cargo. Su salida lo convirtió en el director policial con la gestión más breve en los últimos 30 años.
Desde agosto de 2020, la Policía ha estado encabezada por Edward Ramón Sánchez González, Eduardo Alberto Then, Ramón Antonio Guzmán Peralta, Andrés Modesto Cruz Cruz y ahora Ernesto Rodríguez García. En ese mismo período, el Ministerio de Interior y Policía ha tenido dos titulares: Jesús Vásquez Martínez y Faride Raful.
La sucesión de mandos plantea una pregunta central para el proceso: ¿puede una reforma institucional sostenerse cuando la conducción de la Policía cambia con tanta frecuencia?
Una reforma iniciada bajo presión
El proceso de transformación policial fue formalizado en abril de 2021, cuando Abinader juramentó el grupo de trabajo para reformar y profesionalizar la Policía Nacional. En ese acto, el mandatario dijo que el cambio se haría “cueste lo que cueste” y advirtió que el proceso podía enfrentar obstáculos antes de producir mejoras visibles.
Desde entonces, el Gobierno ha impulsado decretos, reglamentos, comisiones, programas de formación, ajustes salariales, revisión de estructuras internas y nuevos esquemas de patrullaje. También ha presentado la reforma como una de sus principales apuestas en materia de seguridad ciudadana.
Una de las luces que exhiben las autoridades es la reducción de la tasa de homicidios. La Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.18 homicidios por cada 100,000 habitantes al cierre de julio de 2026, uno de los indicadores oficiales más bajos de los últimos años.
Pero la reforma policial no se mide únicamente por estadísticas criminales. También se evalúa en el trato cotidiano de los agentes, en los controles internos, en la confianza ciudadana, en la capacidad de prevenir abusos y en la forma en que la institución responde cuando uno de sus miembros viola la ley.
Los casos que han puesto en duda el cambio
Durante la actual gestión de Gobierno, varios hechos han vuelto a colocar a la Policía Nacional bajo cuestionamiento público.
Uno de los casos más recordados fue la muerte de la pareja de esposos evangélicos Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, abatidos por agentes policiales en Villa Altagracia en 2021. En 2023, cuatro policías fueron condenados a penas de 20 y 8 años de prisión por ese hecho.
Ese mismo año 2021, la arquitecta Leslie Rosado Marte murió tras ser perseguida y tiroteada por un cabo de la Policía en Boca Chica. El agente Janli Disla Batista fue condenado a 20 años de prisión por el crimen.
En 2022, la muerte de David de los Santos luego de ser detenido y llevado al destacamento de Naco volvió a encender las alarmas sobre custodia policial, supervisión y uso de la fuerza. Por el caso fueron condenados dos policías a 15 años de prisión y tres civiles a 30 años.
Más recientemente, el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, muerto durante una intervención policial en la Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, volvió a poner el foco en la actuación de patrullas en los barrios. Un tribunal impuso 12 meses de prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por la muerte del joven, y declaró el caso complejo para investigar la posible responsabilidad de otros agentes.
Estos casos no representan por sí solos toda la actuación policial, pero sí explican por qué una parte importante del debate público sigue concentrada en la distancia entre la reforma anunciada y la experiencia de ciudadanos que denuncian abusos, uso excesivo de la fuerza o falta de consecuencias oportunas.
Corrupción interna: la otra prueba
La reforma también ha sido puesta a prueba por hechos de corrupción dentro de la propia institución.
En noviembre de 2024, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora, contra una presunta red criminal integrada por agentes policiales y encabezada, según la acusación, por un coronel que dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. La red habría sustraído más de 900,000 proyectiles de la institución.
El caso evidenció que la transformación policial no solo enfrenta problemas de conducta en las calles, sino también debilidades internas en áreas sensibles de control, inventario, supervisión y responsabilidad administrativa.
Patrullaje por cuadrantes: avance parcial
Otro de los pilares presentados como parte de la reforma ha sido el patrullaje por cuadrantes, un modelo que busca organizar la presencia policial por zonas delimitadas, con rutas, supervisión, indicadores y mayor cercanía con la comunidad.
El Gobierno relanzó en 2025 el nuevo modelo de servicio y patrullaje policial con más de 1,100 agentes y 72 cuadrantes iniciales en el Gran Santo Domingo y Santiago. Sin embargo, su despliegue todavía no alcanza la cobertura prevista.
De acuerdo con datos publicados en agosto de 2026, de 355 cuadrantes contemplados, solo 206 estaban activos y 149 permanecían pendientes. El mismo reporte señalaba limitaciones de personal, supervisión, tecnología, infraestructura y movilidad para sostener el modelo.
Ese balance deja el programa en una zona intermedia: no puede decirse que no exista, pero tampoco que haya alcanzado plenamente el alcance territorial prometido.
Salarios, uniformes y percepción ciudadana
El Gobierno también ha colocado la dignificación salarial como parte central de la reforma. En octubre de 2023, los rasos y conscriptos pasaron a devengar un salario base de RD$29,025.07, mientras cabos, sargentos y otros rangos recibieron aumentos escalonados.
La mejora salarial era necesaria en una institución históricamente marcada por bajos ingresos, jornadas extensas y precariedades operativas. Pero por sí sola no resuelve prácticas como el cobro indebido, el “macuteo” o la negociación informal de la autoridad en las calles.
Para que el aumento salarial tenga impacto real en la conducta policial, debe ir acompañado de controles efectivos, supervisión permanente, sanciones claras, carrera basada en méritos y protección para los agentes que actúan correctamente.
En la percepción pública, uno de los cambios más visibles ha sido la nueva imagen institucional: uniformes renovados, identificación más clara, códigos QR, cámaras corporales y una línea gráfica distinta. El presidente Abinader presentó en 2024 el nuevo modelo de imagen de la Policía como parte del proceso de modernización.
Sin embargo, para muchos ciudadanos, el uniforme nuevo todavía no se traduce necesariamente en una relación nueva con la Policía. Ese es uno de los retos pendientes de la reforma: que el cambio no se perciba solo en la vestimenta, sino también en el trato, la respuesta, la investigación, la prevención y la rendición de cuentas.
Ernesto Rodríguez: una gestión que apenas comienza
El mayor general Ernesto Rodríguez García asumió formalmente la Dirección General de la Policía Nacional el 18 de agosto de 2026, durante un acto encabezado por la ministra Faride Raful. En esa ceremonia, la funcionaria le expresó respaldo del Ministerio de Interior y Policía y del Gobierno dominicano para la nueva responsabilidad.
Por lo reciente de su designación, todavía no es posible evaluar su gestión en resultados. Lo que sí puede observarse son sus primeras señales públicas.
El 20 de agosto, pocos días después de asumir, fue juramentado el general Eddy Pérez Peralta como nuevo director Central de Prevención, una posición clave para el despliegue territorial y las estrategias de seguridad ciudadana.
El 28 de agosto, la Policía informó que desarrolló la jornada “Autoridad con Integridad”, dirigida a más de 700 agentes del Distrito Nacional, por instrucciones de Rodríguez García, con énfasis en prevención del acoso, abuso de autoridad, legalidad y respeto a la dignidad humana.
Un día después, el director supervisó dependencias internas como el Consejo Disciplinario, la Inspectoría General y Asuntos Internos, donde se abordaron temas vinculados al régimen disciplinario, investigación, control y cumplimiento de las normas institucionales.
También visitó la dotación policial del Ensanche Naco, donde exhortó a los agentes a actuar con estricto apego a la ley y los protocolos institucionales. Además, enfatizó que los agentes que actúen correctamente contarán con respaldo institucional, mientras quienes se aparten de la legalidad deberán asumir las consecuencias correspondientes.
Ese mensaje coloca su inicio de gestión en el terreno donde la reforma ha recibido más cuestionamientos: disciplina, control interno, uso de la fuerza y consecuencias para los agentes que violen la ley.
Lo que cambió y lo que sigue igual
En seis años, la reforma policial ha dejado avances formales: nuevos reglamentos, mejores salarios, capacitación, cambios de imagen, modelos de patrullaje, más tecnología y una narrativa oficial de profesionalización.
Pero también mantiene pendientes estructurales: la consolidación del patrullaje por cuadrantes, el control efectivo de la conducta policial, la investigación rápida de abusos, la depuración interna, la reducción de prácticas corruptas y la construcción de confianza en los barrios.
El nombramiento de Ernesto Rodríguez García abre otra fase del proceso. Su reto inmediato no será anunciar la nueva reforma, sino demostrar que las herramientas ya creadas pueden producir cambios verificables en las calles y dentro de la institución.
La Policía Nacional no parte de cero, pero la reforma tampoco puede darse por concluida. Entre los decretos, los nuevos uniformes, los aumentos salariales y los cambios de mando, la verdadera prueba sigue siendo la misma: que el ciudadano sienta que la autoridad protege, responde y rinde cuentas.
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