El diputado perremeísta Sergio Moya de la Cruz (Gory) ha sido vinculado en los últimos días con la operación Calamar, un supuesto entramado de corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios peledeístas del gobierno de Danilo Medina.
En el interrogatorio realizado al empresario José Arturo Ureña, implicado en el caso, Moya de la Cruz figura como la persona que estaba al frente de la supuesta estructura creada para distraer fondos de las bancas de lotería, deportiva y los colmadones con la coautoría del Ministerio Hacienda.
Ureña dijo a los fiscales del Ministerio Público que Moya de la Cruz entró a la supuesta estructura cuando Fernando Crisóstomo, creador del "programa" para regular las loterías informales y máquinas tragamonedas, salió del negocio ilegal creado para obtener dinero de manera fraudulenta mediante el cobro a los puestos de loterías y bancas de apuestas deportivas.
Pero, Moya de la Cruz no es el único legislador del PRM que ha sido vinculado a algún delito.
Rosa Amalia Pilarte
En el 2021, el Ministerio Público acusó a la diputada de La Vega Rosa Amalia Pilarte de haber ingresado al sistema financiero nacional más de 2,593 millones de pesos provenientes del narcotráfico.
Pilarte es esposa de Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, quien está acusado de supuestamente pertenecer a una red dedicada al narcotráfico internacional, junto a sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román.
Debido a la condición privilegiada de la legisladora, el Ministerio Público solicitó que su caso sea designado por la Suprema Corte de Justicia un juez especial.
Sin embargo, no se tiene conocimiento en qué etapa se encuentra el proceso en contra de Pilarte.
Miguel Gutiérrez Díaz
En las elecciones del 2020, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz se convirtió en el diputado más votado de la provincia Santiago, con 21,177 votos directos y 85,397 por el escaño, representando a la circunscripción 1 de la provincia. Asimismo, fue el quinto más votado a nivel nacional.
En mayo del 2021, el legislador perremeísta fue arrestado en Miami, Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas.
La acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021 señala que, desde aproximadamente 2014 hasta 2017, Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.
El legislador aún permanece detenido en Estados Unidos, pero todavía no se ha llenado su vacante en la Cámara de Diputados.
Nelson Marmolejos Gil
El diputado Nelson Marmolejos Gil fue vinculado en el 2021 a la operación Falcón, una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por el Ministerio Público.
En las páginas 78 y 79 del expediente del caso se resume que el diputado de Santiago, por el PRM, recibió de uno de los imputados la suma de medio millón 50 mil pesos, para las elecciones del 5 de julio del 2020.
Según el expediente, las autoridades tienen el registro de llamadas que probarían que se entregó esa suma de dinero y que el congresista también habría sido el mediador entre funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y el presunto financiador de su campaña, para conseguir privilegios.
Faustina Guerrero Cabrera
La diputada del PRM, Faustina Guerrero Cabrera, supuestamente también está implicada en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la operación Falcón.
La legisladora, popularmente conocida como Grey Maldonado, es esposa del exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien en el 2021 fue apresado por el mismo caso Falcón.
Por sus privilegios como diputada, en el caso de Grey Maldonado, el Ministerio Público pidió a la Suprema Corte de Justicia designar un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones en su contra.
Sadoky Duarte
En octubre del 2022, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia halló culpable al diputado Sadoky Duarte de agredir en la cara a Disleidy Heredia, raso de la Policía Nacional.
Los jueces Francisco Jerez Mena, Francisco Ortega Polanco y Frank Soto, motivaron su decisión por los elementos presentados por la agresión y además por la amenaza al fiscal Francis Valerio Martínez.
Le fue impuesto al diputado por la provincia Sánchez Ramírez, tres meses de prisión suspendida, al igual que el pago de las costas del proceso y una multa de RD$ 3,500.00.