La Coordinadora Popular Nacional (CPN) y la Asamblea Nacional de los Movimientos Sociales convocan para este lunes 27 de abril una jornada de movilización a escala nacional que combina huelgas generales en al menos nueve provincias y municipios del interior con una concentración frente al Palacio Nacional en Santo Domingo. La fecha no es casual: coincide con el 61 aniversario de la Batalla del Puente Duarte, el episodio más emblemático de la Revolución de Abril de 1965, y ha sido declarada "Día Nacional de la Rebeldía" por las organizaciones convocantes.
Un solo día, múltiples frentes
La jornada del lunes no es un evento aislado. Es la convergencia de conflictos que llevan semanas —en algunos casos, meses— acumulándose en distintos puntos del territorio dominicano, y que este 27 de abril encuentran un paraguas común en la fecha histórica. El Gobierno, pese a mecanismos como el sistema RUDCT —plataforma informática Registro Único de Demandas Ciudadanas Territoriales, que sistematiza demandas de los ciudadanos en el territorio—, administrada por el Ministerio de la Presidencia; o los Consejo de Desarrollo Municipal que deben fungir como órgano de planeación y participación ciudadana para coordinar políticas y servir de escuchas y diálogos.
Por igual, estos llamados a protesta para este 27 de abril dejan en entredicho la entrega de bonos y subsidios, que solo ayer, por parte de Supérate informan haber impactado a impacta a 36,557 familias en Dajabón y Montecristi.
Huelgas en el interior: el agua como detonante
El conflicto más urgente se concentra en las provincias del interior, donde comunidades enteras han declarado paros generales de 24 horas en rechazo a proyectos de minería que, advierten, amenazan sus fuentes de agua.
En San Juan de la Maguana, la iglesia católica, la iglesia evangélica y las fuerzas vivas de la provincia se han unido en un frente inédito para rechazar el proyecto minero. Según Ray González, del Comité Suroeste por el Agua y la Vida, se estaría operando sin cumplir la evaluación estratégica ambiental que exige la ley, afectando ríos de la región suroeste, incluido el río Mijo.
En San Francisco de Macorís, el Colectivo de Organizaciones Populares ratificó la huelga tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno. El vocero José Mercado fue categórico al salir de la última reunión con la gobernadora civil de Duarte, Ana Xiomara Cortés: "Lo que han traído son cosas abstractas, sin precisar. Entendemos que esto constituye una táctica dilatoria". El colectivo advirtió que la medida podría extenderse a 48 horas si no hay respuestas concretas.
A estos focos se suman los municipios de Moca (parte baja), Juan López, Villa Trina, Las Lagunas, Licey, La Reyna y Navarrete, todos articulados bajo la misma consigna: defensa del agua y saldo de la deuda social del Estado con sus comunidades.
La capital: un pliego de demandas amplio
En Santo Domingo, la CPN convoca a concentrarse frente al Palacio Nacional con un pliego que va más allá de la minería y abarca las grandes deudas del modelo socioeconómico vigente, de acuerdo a los convocantes:
- Salud: destinar el 5% del PIB al sector y eliminar las ARS-AFP, con pensiones y seguro médico para trabajadores cañeros.
- Trabajo: garantizar la libertad sindical y no modificar la cesantía.
- Costo de vida: que la crisis inflacionaria y el aumento de los combustibles no recaiga sobre los sectores populares y la clase media.
- Medio ambiente urbano: cancelación del proyecto de vertedero en Los Aguacates, en el Distrito Municipal de La Cuaba (Pedro Brand), y saneamiento de los ríos Ozama e Isabela.
- Vivienda: garantía de viviendas dignas y prohibición de desalojos abusivos.
El peso simbólico del 27 de abril
La elección de la fecha no es retórica. El 27 de abril de 1965, las barriadas populares de Santo Domingo protagonizaron la Batalla del Puente Duarte, cuando civiles constitucionalistas detuvieron el avance de los tanques del general Elías Wessin y Wessin lanzando bombas molotov desde la cabecera oeste del puente. La victoria de ese día fue uno de los momentos más decisivos de la Revolución de Abril, el levantamiento popular que buscaba restituir al presidente Juan Bosch, derrocado por un golpe de Estado en 1963.
La CPN apela explícitamente a esa memoria: sostiene que las demandas de hoy —agua, salud, vivienda, soberanía sobre los recursos naturales— son las mismas por las que lucharon las barriadas populares hace 61 años.
El gobierno, sin respuesta pública
Hasta el momento de esta publicación, el gobierno del presidente Luis Abinader no ha emitido una posición oficial sobre la jornada de protestas del lunes. Las negociaciones en San Francisco de Macorís terminaron sin acuerdo, y en San Juan de la Maguana no se reportó ningún acercamiento formal entre las autoridades y las organizaciones convocantes.
La ausencia de respuesta institucional es, en sí misma, parte del argumento que esgrimen los movimientos sociales para justificar la escalada de la protesta.
Una tensión que viene de lejos
La jornada del 27 de abril no surge en el vacío. En las últimas semanas, distintos sectores han protagonizado movilizaciones que anticipaban este punto de confluencia: movimientos ambientales marcharon el 24 de abril desde el Monumento de los Héroes en Santiago; buhoneros protestaron frente al Palacio Nacional contra desalojos forzosos en la avenida Duarte; y organizaciones de salud han mantenido una presión sostenida por el presupuesto del sector.
Lo que ocurra mañana lunes dirá mucho sobre la capacidad de articulación del movimiento social dominicano y sobre la disposición —o la falta de ella— del gobierno para abrir canales de diálogo antes de que la tensión escale.
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