El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener para los ciudadanos no renovar su cédula de identidad y electoral dentro del plazo establecido para el territorio nacional, que concluye el 31 de marzo de 2027.
Entre las dificultades mencionó la realización de operaciones bancarias, la obtención de empleo y el cobro de salarios, por lo que exhortó a la población a aprovechar noviembre y diciembre para gestionar el nuevo documento.
La advertencia fue formulada durante la conferencia magistral «Identidad, Registro Civil y Garantías Democráticas», pronunciada en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), con motivo del lanzamiento de la edición número 25 de la revista País Dominicano Temático.
La cédula anterior dejará de aceptarse en marzo de 2027
Jáquez Liranzo recordó que, a partir del 31 de marzo de 2027, solamente se aceptará la nueva cédula en el territorio nacional para los trámites legales, administrativos y oficiales que requieran identificación.
El proceso de renovación comenzó el 12 de abril de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027 en República Dominicana. Para los dominicanos residentes en el exterior, el calendario es diferente: comenzó en mayo de 2026 y se extenderá hasta enero de 2028.
No esperar hasta los últimos meses
El funcionario exhortó a los ciudadanos a no esperar hasta los últimos meses para completar el procedimiento y advirtió sobre los obstáculos que puede representar carecer de una identificación vigente.
«No se conviertan en inhabilitados civiles, no permitan que la falta de una cédula vigente los condene a una situación que, en sentido figurado, podríamos llamar muerte civil», expresó.
La advertencia apunta a las consecuencias prácticas de no disponer del documento requerido para determinadas operaciones bancarias, actividades comerciales y gestiones laborales.
Un documento con más de 100 medidas de seguridad
El presidente de la JCE explicó que la nueva cédula incorpora más de 100 medidas de seguridad distribuidas en tres niveles de verificación, materiales de alta resistencia, tecnología de personalización y un chip criptográfico para reforzar la autenticación de la identidad.
Aclaró que el dispositivo no incorpora funciones de geolocalización ni de rastreo.
Según expuso, la seguridad del documento también depende de los procedimientos de comprobación de identidad que realizan las direcciones nacionales de Registro del Estado Civil y Registro Electoral.
Estos controles incluyen la revisión de las actas de nacimiento, la verificación de modificaciones solicitadas por los ciudadanos y la comparación de datos biométricos, entre ellos las huellas dactilares y las fotografías.
No es sustituir un plástico por otro
«No se trata simplemente de sustituir un plástico por otro. Se trata de garantizar que detrás de cada cédula exista una identidad legítima, única y debidamente respaldada por el Registro Civil», sostuvo.
El proyecto contempla atender aproximadamente a nueve millones de personas, incluidos los integrantes del padrón electoral, menores de edad, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como extranjeros con estatus legal en el país.
Para desarrollar el proceso, la institución dispone de 204 centros de cedulación en el territorio nacional y 27 dependencias de atención en sus oficinas del exterior, según los datos ofrecidos por su presidente.
La nueva cédula recibió en junio de 2026 el premio internacional «Mejor Documento de Identidad 2026», durante el foro High Security Printing Latin America, celebrado en Guatemala. La República Dominicana compitió con Argentina y Costa Rica, los otros dos países nominados en esa categoría.
Registro Civil conserva más de 17 millones de documentos digitalizados
Durante su exposición, Jáquez Liranzo sostuvo que las responsabilidades de la JCE van más allá de emitir documentos de identidad, pues incluyen la conservación de los registros que acreditan los principales acontecimientos de la vida de las personas, desde su nacimiento hasta su fallecimiento.
En ese sentido, destacó el trabajo de las 175 oficialías del estado civil y las 69 delegaciones instaladas en centros hospitalarios del país.
Informó que la institución conserva más de 17 millones de registros digitalizados, de los cuales más de 13 millones corresponden a nacimientos. Entre los documentos históricos figura el acta de nacimiento de Leopoldo Durán Ramos, fechada el 2 de octubre de 1828, considerada la más antigua que conserva la entidad.
Asimismo, indicó que entre abril de 2021 y el 2 de noviembre de 2026 fueron procesadas 12,938,576 actas del estado civil correspondientes a nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones.
De ese total, 8,675,749 correspondieron a procesos de validación y 4,262,827 a gestiones, de acuerdo con las cifras presentadas por el presidente de la JCE.
Protocolo para personas mayores con problemas en sus actas de nacimiento
Otra de las medidas expuestas fue la aprobación, el 26 de octubre de 2026, de un protocolo extraordinario para digitalizar o reconstruir los registros de nacimiento de personas de 60 años o más que tengan cédula de identidad, pero cuyos documentos presenten dificultades de localización, deterioro o destrucción.
La iniciativa responde a una situación histórica: antes de 1992, muchas personas pudieron obtener su cédula sin que fuera obligatorio presentar un acta de nacimiento.
Esta circunstancia ha generado dificultades para algunos ciudadanos que necesitan acreditar documentalmente su identidad y renovar sus documentos.
El procedimiento permitirá localizar, digitalizar, reconstruir y registrar los nacimientos mediante la información documental y biométrica disponible en los sistemas institucionales. Según Jáquez Liranzo, el servicio será gratuito para los beneficiarios.
El funcionario también recordó que la JCE dispone de 24 oficinas de servicios en el exterior para que los dominicanos residentes en otros países puedan gestionar actas del estado civil y otros servicios de identificación sin tener que viajar a República Dominicana.
Identidad y democracia: cinco garantías fundamentales
En el plano institucional y democrático, Jáquez Liranzo identificó cinco garantías vinculadas al derecho a la identidad: el reconocimiento jurídico de las personas, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, la integridad del padrón electoral y la autenticación segura de la identidad, junto con la protección de los datos personales.
Explicó que la coordinación entre el Registro Civil, el sistema de identificación y el Registro Electoral permite actualizar la información ciudadana, detectar inconsistencias, prevenir duplicidades y reducir los riesgos de suplantación de identidad.
A su juicio, la confianza en las elecciones comienza antes de la jornada de votación, porque requiere establecer quiénes están legalmente habilitados para ejercer el sufragio.
«Una persona, un acta de nacimiento, una cédula y un voto», resumió al explicar la relación entre la identidad jurídica, la documentación personal y la confiabilidad del padrón electoral.
También abordó la relación de los dominicanos residentes en el extranjero con su país de origen y consideró que el término diáspora no refleja completamente los vínculos de pertenencia e identidad nacional que mantienen quienes viven fuera del territorio dominicano.
Reconocimiento a funcionarios de la institución
Durante la conferencia, el presidente de la JCE reconoció el trabajo de Rhina Díaz, directora nacional de Registro del Estado Civil; Luis Mariano Matos, director nacional de Registro Electoral, y Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, por sus responsabilidades en las áreas vinculadas al proceso de transformación institucional.
La actividad contó con la participación de los miembros titulares del Pleno de la JCE Dolores Altagracia Fernández Sánchez y Rafael Armando Vallejo Santelises, además de los suplentes Prado López, Cristian Perdomo, María Estela de León y Tony Tejada, representantes gubernamentales, académicos y autoridades judiciales.
La renovación de la cédula representa un cambio que trasciende la sustitución del documento físico: también implica actualizar los mecanismos de identificación y fortalecer la confiabilidad de los registros civiles y electorales.
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