Con la voz cargada de dolor y la firmeza de quien lleva más de un año esperando justicia, Simón Bolívar Soto Mejía se dirigió este lunes al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, durante la continuación de la audiencia preliminar del caso Jet Set. Su mensaje fue directo: las pruebas son suficientes, la responsabilidad es clara y la condena debe ser proporcional a la magnitud de la tragedia.
"Las pruebas han sido suficientes, tanto testimoniales como físicas", afirmó Soto Mejía ante el tribunal, en una intervención que combinó el rigor jurídico con el peso de la pérdida personal.
"No de dos años, sino lo que contempla la pena del homicidio voluntario"
El padre de la víctima sostuvo que los elementos probatorios presentados a lo largo del proceso apuntan no a un homicidio involuntario —como sostiene la acusación del Ministerio Público— sino a un homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual. Esta distinción, que varios querellantes han planteado desde el inicio del proceso, implica que los imputados habrían actuado con conocimiento del riesgo y sin tomar medidas para evitarlo.
"No de dos años, sino lo que contempla la pena del homicidio voluntario con dolo eventual", exigió, rechazando de plano la posibilidad de condenas que, a su juicio, no corresponderían a la gravedad de los hechos.
La figura del dolo eventual ha ganado terreno entre los abogados querellantes durante las jornadas de audiencia. El 20 de abril, la familia de Johanna Rodríguez —quien falleció junto a su esposo Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular— también solicitó formalmente al tribunal variar la calificación jurídica en ese sentido.
Una confianza herida, pero una esperanza intacta
Visiblemente afectado durante su intervención, Soto Mejía reconoció que su fe en el sistema de justicia dominicano no es plena, pero aclaró que mantiene la esperanza en la decisión que emita el tribunal.
"Aunque mi confianza en el sistema no es la esperada, confío en que el juez tomará la decisión correcta", expresó, en una frase que resume el estado de ánimo de muchas de las familias que aún permanecen activas en el proceso.
El testimonio de Soto Mejía también estuvo marcado por el recuerdo de su hijo, cuya muerte en el colapso del techo de la discoteca el 8 de abril de 2025 lo convirtió en uno de los 236 rostros de una tragedia que sacudió al país. Destacó el impacto que el derrumbe dejó en las familias afectadas e insistió en que el proceso judicial debe conducir a una justicia real, no simbólica.
El proceso, en su recta final de la fase preliminar
La audiencia de este lunes es la continuación de una jornada que el 20 de abril se extendió por más de siete horas, durante las cuales el juez Mejía escuchó las conclusiones de unos 80 abogados representantes de víctimas. Para esta sesión quedaban pendientes aproximadamente 15 partes querellantes, entre ellas Soto Mejía.
El proceso enfrenta a los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, quienes son acusados de homicidio involuntario en perjuicio de las 236 víctimas mortales y más de 100 heridos. El Ministerio Público presentó una acusación de 156 páginas que sustenta el pedido de envío a juicio de fondo.
La fase preliminar determinará si existen méritos suficientes para ese envío. La decisión del juez Mejía, esperada una vez concluidas las intervenciones de todas las partes, será un hito en uno de los procesos judiciales más seguidos de la historia reciente del país.
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