Con la aprobación del nuevo Código Penal, sin incluir las tres causales, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) reiteró su demanda de que el Estado dominicano garantice el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo en situaciones de riesgo para su vida, de inviabilidad fetal o cuando este sea producto de una violación o de incesto.
La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) exigió la inclusión de las tres causales en el Código Penal dominicano, al considerar que su aprobación es necesaria para garantizar la salud, la vida y la dignidad de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Katherina Cabrera, representante de la organización, sostuvo que la Constitución dominicana protege la vida, la salud y la dignidad de todas las personas, por lo que entiende que la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales es compatible con el marco constitucional.
“La Constitución protege la vida, la salud y la dignidad de todos los seres humanos y las mujeres también somos seres humanos. Por tanto, las causales están acorde a la Constitución”, expresó.
Cabrera advirtió que la penalización absoluta del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres del campo y a las de menores recursos económicos, situación que calificó como una forma de injusticia social y discriminación.
Asimismo, afirmó que el acceso al aborto bajo las tres causales constituye un derecho humano que continúa siendo negado a las mujeres y niñas dominicanas. “Merecemos que las mujeres dominicanas tengan dignidad y las tres causales significan tener dignidad sin poner en peligro la vida ante situaciones muy específicas”, señaló.
La dirigente también sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Agregó que, según criterios científicos, obligar a una mujer a continuar un embarazo inviable pone en riesgo su vida y vulnera sus derechos fundamentales.
Las declaraciones se producen luego de que el Congreso Nacional aprobara un nuevo Código Penal de 413 artículos que mantiene la prohibición absoluta del aborto y establece penas de dos a tres años de prisión para quienes interrumpan un embarazo.
Actualmente, República Dominicana prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Diversos movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil han reclamado durante años que se permita la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el feto sea inviable fuera del útero o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto.
La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) expresó su respaldo a la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) sometida ante el Tribunal Constitucional para que se reconozca la constitucionalidad de las tres causales.
“Desde el 97 estamos pidiéndole y exigiéndole al Estado que apruebe las tres causales, no es de hoy. Creemos que hoy el Tribunal Constitucional se llevará la gloria al aprobar las tres causales”, afirmó una representante de la organización.
Indicó que las mujeres deben tener el derecho de decidir cuándo interrumpir un embarazo inviable y sostuvo que las tres causales son compatibles con la Constitución dominicana.
Explicó que la audiencia celebrada este martes corresponde a la presentación de la Acción Directa de Inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional determine si admitirá o no el recurso relacionado con las tres causales.
La acción fue interpuesta por la Alianza Cristiana Católica por el Derecho a Decidir en República Dominicana, organización que busca que el alto tribunal reconozca la constitucionalidad de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el feto sea inviable fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.
La Encuesta de Opinión Pública sobre el Aborto en República Dominicana, realizada por la empresa estadounidense Untold Research, revela que el 79 % de la población apoya que no se criminalice el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer; el 76 % lo respalda en casos de embarazos inviables, y el 67 % cuando la gestación es consecuencia de una violación o incesto.
El informe “Tres causales en el Código penal: vacunando el virus de la indiferencia y la ambivalencia ante los derechos de las mujeres” cita que el aborto es la cuarta causa de muerte materna y el 22 % de las intervenciones se realizan a adolescentes, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública.
La incidencia del aborto en la mortalidad de las mujeres “se encuentra vinculada a su clandestinidad y a las condiciones de inseguridad en que se realizan”, según el estudio realizado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
Además, señala que estos fallecimientos son indicadores que “reflejan el grado de desarrollo sanitario, cultural y económico de un país”.
Se aboga para la eliminación de las condenas de cárcel en el caso de que el embarazo atente contra la vida de la madre, cuando la vida del feto es inviable luego de su nacimiento, y en los casos de violación e incesto.
De hecho, Quisqueya es parte de las únicas seis naciones de América Latina que prohíben en su totalidad la práctica del aborto, detrás de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
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