Estela tenía apenas 24 años. Era madre de dos: un niño de tres años y un recién nacido de sólo cuatro días cuando ella murió. Elizabeth, contable de profesión, tenía 31 y vivía su segundo embarazo. Esperaba gemelos. Martha, en cambio, apenas comenzaba a escribir su historia familiar: había cumplido siete meses de casada cuando quedó embarazada de su primer hijo, al que soñaba con llamar Liam.
Las tres madres murieron jóvenes. Sus nombres son ficticios, pero sus muertes forman parte de una estadística que retrata una problemática de salud en República Dominicana. Según el Boletín Epidemiológico Semanal del Viceministerio de Salud Colectiva, sus fallecimientos fueron registrados como muertes maternas durante las primeras 20 semanas de 2025. Hasta el 19 de abril, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 51 casos: 27 de dominicanas y 24 haitianas.
La mortalidad materna, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ocurre cuando una mujer muere durante el embarazo o hasta 42 días después del parto, a causa de complicaciones vinculadas al proceso de gestación.
En 2024, la Dirección de Epidemiología notificó 165 muertes maternas en el país. La cifra representa una leve reducción respecto a los años anteriores, pero sigue siendo alarmante. Entre 2022 y 2023, los decesos pasaron de 187 a 208: un incremento del 16 %. Más aún si se considera que, según la OMS, el 80 % de estas muertes pudo evitarse.
El compromiso internacional es claro. El tercer objetivo de la Agenda 2030 establece que los Gobiernos deben reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacimientos y garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Pero las cifras globales dibujan otro panorama: en 2023, cada dos minutos una mujer perdió la vida por causas vinculadas al embarazo o el parto, con el 90 % ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos bajos.
En República Dominicana, el problema va más allá de una estadística. Expertos consultados por Acento advierten que la muerte materna es un asunto de salud pública con consecuencias socioeconómicas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes (NNA) que quedan huérfanos.
Las brechas que persisten en el sistema de salud dominicano
En el primer boletín del año, el Ministerio de Salud Pública contabilizó cuatro muertes maternas: dos dominicanas y dos haitianas. Pero el número aumentó rápidamente. Hasta la semana 13 del año —del 23 al 29 de marzo— ya se habían registrado 42 muertes maternas: 24 de mujeres dominicanas y 18 haitianas.
Aunque esta cifra representa una leve disminución del 14.2 % en comparación con las 49 muertes del mismo período del año pasado, sigue siendo un reflejo del desafío que enfrenta el sistema de salud dominicano.
El contexto global no es muy diferente. El informe “Tendencias en la mortalidad materna”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela que entre 2000 y 2023 las muertes maternas disminuyeron en un 40 % a nivel mundial, en gran parte gracias a una mejora en el acceso a servicios de salud esenciales. Sin embargo, el ritmo de avance se ha desacelerado desde 2016. Solo en 2023, unas 260,000 mujeres murieron por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.
Detrás de cada cifra hay una historia. Un hogar que se rompe. Un hijo o una hija que crecerá sin su madre.
No todas las mujeres enfrentan el embarazo desde el mismo punto de partida. Algunas lo hacen con respaldo médico, educación, planificación y acompañamiento. Otras, advierte la ONU, cargan con una doble o triple vulnerabilidad: son adolescentes, viven en pobreza extrema, apenas han terminado la primaria o habitan comunidades rurales donde la salud es un lujo intermitente.
Carlos Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana, lo dice: los efectos de la mortalidad materna e infantil golpean con más fuerza a quienes menos tienen. “Estas poblaciones enfrentan barreras adicionales como la discriminación, la falta de información y una atención médica insuficiente o inadecuada”, explicó a Acento.
A ese cuadro se suma la violencia, especialmente la violencia basada en género, que alimenta los embarazos adolescentes y no deseados, y perpetúa la exclusión. “En esas condiciones, cualquier complicación puede ser fatal”, advirtió Carrera.
La desigualdad se ancla en el sistema. A pesar de los avances institucionales, los desafíos para aplicar políticas públicas efectivas siguen siendo numerosos. Carrera enumeró los más urgentes: falta de recursos, distribución desigual de los servicios de salud, fragmentación institucional y programas que tambalean con cada cambio de gobierno. “Una de las fallas más serias del sistema es la baja frecuencia de consultas preconcepcionales”, explicó.
“Muchas veces las mujeres solo acceden al sistema de salud cuando ya están embarazadas, sin haber recibido una evaluación previa de su salud general”. Y cuando la salud falla, la pobreza y la migración suelen agravar el diagnóstico.
La cobertura general de la atención temprana al embarazo aumenta progresivamente desde el quintil más pobre (76.4 %) hasta el más rico (93.4 %), lo que refleja una marcada desigualdad en el acceso temprano a servicios prenatales, con una diferencia de 26.7 puntos porcentuales entre las más pobres y las más ricas.
“Esto sugiere que las mujeres en los quintiles más pobres enfrentan obstáculos importantes para recibir atención prenatal adecuada, entre las que se pueden incluir: falta de información, costos asociados con los servicios de salud y limitaciones geográficas y culturales”, plasmó el informe realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) “Situación de la primera infancia en República Dominicana”, publicado en 2025.
Gustavo Gerardo, ginecólogo, agregó que la muerte materna no distingue clases sociales. “Aunque hay factores de riesgo como la edad o enfermedades preexistentes, cualquier mujer embarazada puede enfrentarse a complicaciones si no cuenta con un seguimiento adecuado y oportuno”, alertó.
Las cifras lo confirman, pero también lo hacen las historias, todas atravesadas por una misma fragilidad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que detrás de la muerte materna hay desigualdad de género.
Y a eso se suma un vacío persistente: la educación sexual y reproductiva. Sin ella, la prevención comienza demasiado tarde —cuando ya hay una vida en juego— y los riesgos aumentan. Porque no se trata solo de construir más centros de salud o repartir folletos, sino de asegurar que cada mujer, desde muy joven, tenga el conocimiento, la autonomía y el acceso necesario para tomar decisiones sobre su cuerpo y su maternidad.
El desafío estructural de la mortalidad materna
En Quisqueya dar vida sigue siendo, para muchas mujeres, un riesgo. La mortalidad materna continúa siendo uno de los desafíos más críticos del sistema de salud. Prevenirla requiere más que una sala equipada o una ambulancia a tiempo. Requiere comenzar mucho antes: con educación sexual temprana, acceso efectivo a servicios de salud y políticas públicas sostenidas en el tiempo.
“El problema está en el origen”, señaló el ginecólogo Gustavo Gerardo. Aunque reconoce que el Ministerio de Salud Pública ha implementado protocolos para atender embarazos de alto riesgo, insiste en que “no basta”.
Para él, la clave está en prevenir los embarazos no deseados —especialmente en adolescentes— mediante el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, como los dispositivos intrauterinos. “Invertir en educación y planificación familiar es fundamental”, afirmó.
El abordaje debe ser integral, y eso incluye revisar los cimientos. El doctor Roberto Espinosa, especialista en medicina familiar, sostuvo que muchas de las complicaciones durante el embarazo se gestan mucho antes de la concepción.
“La anemia es un ejemplo. Es una condición altamente prevalente en nuestro país debido a la mala alimentación desde la infancia. Así, una mujer llega al embarazo ya con deficiencias que la predisponen a riesgos graves”, explicó.
Para Espinosa, la salud materna debe comenzar a cuidarse desde la adolescencia. “Hay que preparar a la mujer mucho antes del embarazo. Eso implica controlar enfermedades crónicas, eliminar hábitos nocivos como el tabaquismo y garantizar una nutrición adecuada”. Su propuesta se centró en una atención primaria sólida, con énfasis en la prevención desde la comunidad. Porque, aunque reconoce avances en el manejo de emergencias obstétricas en hospitales, todavía falta mucho por hacer en el primer nivel de atención.
Pero el problema no se limita a lo clínico. La desigualdad social atraviesa el cuerpo de las mujeres. En los barrios más empobrecidos, donde la dieta escasea en proteínas y micronutrientes, el riesgo se multiplica. “La educación, el acceso a alimentos adecuados, la información: todo eso influye directamente en la salud materna”, apuntó Espinosa.
La cultura también pesa. “Aquí se va al médico solo cuando algo duele”, lamentó el especialista. “Debemos cambiar ese paradigma. La gente debe entender que prevenir es más barato, menos doloroso y más efectivo. La salud no debe verse como un gasto, sino como una inversión”.
Esa misma visión comparte Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana. Para él, garantizar servicios prenatales y postnatales adecuados es esencial para reducir las muertes maternas y neonatales. “A través de estos servicios se pueden detectar complicaciones como la hipertensión o las infecciones, que, si no se tratan a tiempo, pueden ser mortales”, aseguró.
El seguimiento médico después del parto también es clave: tanto para la recuperación de la madre como para asegurar un desarrollo saludable del recién nacido.
Pero va más allá: “No basta con asegurar servicios críticos durante el embarazo y el parto”, añadió Carrera. “Debemos mejorar la salud general de las mujeres, prevenir enfermedades como la anemia, la malaria y otras condiciones no transmisibles que aumentan los riesgos”.
Mientras tanto, los datos reflejan la urgencia. El Servicio Nacional de Salud (SNS) registró que las “intervenciones relativas a la reproducción” estuvieron entre las cinco principales morbilidades atendidas en hospitales durante el año pasado. Tanto en consultas externas como en emergencias, ocuparon el quinto lugar; en hospitalizaciones, fueron la segunda causa más común, superadas solo por la gripe y la neumonía.
En el papel, el compromiso presupuestario es visible. La Dirección General de Presupuesto (Digepres) estableció para este 2025 una inversión de RD$ 10,899.7 millones en programas relacionados con mujeres. Hasta marzo, ya se habían ejecutado RD$ 2,176.3 millones. De ese total, el 51 % fue destinado a equidad de género, un 20 % a salud y un 17 % a protección social. Estas tres partidas ocupan el 88 % del presupuesto.
El tiempo corre. Si el mundo sigue al ritmo actual, no alcanzará la meta trazada por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para reducir la mortalidad materna. El desafío, aseveró Carlos Carrera, representante de Unicef, es urgente: “Se necesita una inversión inmediata y sostenida para prevenir las muertes maternas. El mundo no está en camino de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la supervivencia materna”.
Para cumplir la meta, la tasa de mortalidad materna tendría que reducirse en un 15 % cada año, un salto drástico si se compara con el ritmo actual de descenso, que apenas ronda ese mismo porcentaje, sin acumulación suficiente para sostener el cambio en el tiempo.
Carrera subrayó que revertir esta tendencia no es tarea de un solo actor. Se requiere una movilización colectiva. “La reducción de la mortalidad materna e infantil necesita de la acción conjunta de todos los sectores. Los Gobiernos locales deben asegurar que los servicios lleguen efectivamente a todas las comunidades; las ONG pueden ofrecer apoyo técnico y logístico, sobre todo en las zonas más desatendidas; y las propias comunidades tienen un rol clave en la prevención de la violencia, la promoción del conocimiento y la creación de redes de apoyo para las madres”, explicó.
En su visión, la sostenibilidad de los avances dependerá de esa articulación intersectorial. No basta con crear políticas; hay que garantizar su implementación real y sostenida en los territorios más vulnerables. “La participación de todos es indispensable para lograr cambios sostenibles”, concluyó.
Dar vida en desigualdad: la deuda pendiente con la salud materna en República Dominicana
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) situó la pobreza general en 24.13 % en mujeres, frente al 21.80 % de los hombres, en 2023. La pobreza no sólo facilita las uniones a temprana edad, también vuelve más riesgosos los embarazos. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 43.1 % de las adolescentes unidas entre los 15 y 19 años no utiliza ningún método anticonceptivo, lo que dispara el riesgo de embarazos precoces, partos complicados y muertes evitables.
La OMS y OPS destacan que las complicaciones del embarazo y el parto están entre las tres principales causas de muerte en adolescentes de ese grupo etario. En las zonas rurales, el panorama empeora. La combinación de ingresos bajos y bajo nivel educativo, puede cuadruplicar la tasa de mortalidad materna frente a mujeres en condiciones más favorables.
En comparación con otros países de la región, República Dominicana aún enfrenta grandes desafíos. Nueve países del continente —entre ellos Quisqueya— todavía superan el promedio regional de mortalidad materna, mientras otros 16 ya alcanzaron la meta 3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En América Latina y el Caribe, la hemorragia posparto representa el 23 % de las muertes maternas, seguida por los trastornos hipertensivos (22 %), las complicaciones de abortos inseguros (10 %) y la sepsis (8 %). Lo más alarmante es que el 90 % de estas muertes podrían evitarse con acceso oportuno a servicios de salud y anticoncepción, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Necesitamos un sistema que mire a la mujer en todo su ciclo de vida, desde la niñez hasta la maternidad, y no solo cuando ya llega al hospital con una complicación”, enfatizó el ginecólogo Gustavo Gerardo. Aunque el 98 % de los partos en el país ocurren en centros, la mortalidad persiste. No basta con llegar al hospital. La prevención debe comenzar mucho antes.
En ese sentido, Gerardo fue claro: la educación sexual integral debe ser prioridad en las escuelas. “No podemos seguir ignorando que niñas de 12 y 13 años están saliendo embarazadas. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar esa realidad”.
El problema también tiene dimensiones estructurales. Carlos Carrera, de Unicef, sostuvo que ejercer control sobre la salud reproductiva es un derecho fundamental que muchas mujeres aún no pueden ejercer plenamente. “Las inequidades en ingresos, educación o lugar de residencia aumentan los riesgos para las mujeres embarazadas más marginadas”, señaló.
Según la OMS, un tercio de las mujeres embarazadas no recibe los controles prenatales recomendados, ni tampoco la atención posnatal básica. Y unas 270 millones de mujeres no tienen acceso a métodos modernos de planificación familiar.
En 2020, cerca de 800 mujeres murieron cada día en el mundo por causas relacionadas con el embarazo, lo que equivale a una muerte cada dos minutos. En la región de América Latina y el Caribe se contabilizaron 8,400 muertes maternas ese año, más de la mitad ocurrieron en América del Sur.
Frente a este panorama, las soluciones existen, pero requieren voluntad política, financiamiento y enfoque comunitario.
“No se trata solo de tener hospitales”, advirtió Carrera. “Se trata de construir un sistema de salud que acompañe, informe, eduque y proteja. Porque el acceso a la salud es, en última instancia, una inversión directa en la vida”.
Cuba y su enfoque de prevención
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a República Dominicana en el decimotercer lugar de los países de la región que con más alta razón de mortalidad materna. O sea, 139.7 por cada 100,000 nacidos vivos, además, por encima del 82.1 por cada 100,000 de la región en 2020.
Un informe del Ministerio de Salud Pública señaló que la mortalidad materna continúa siendo un problema de “importancia a la salud pública, pese a las altas coberturas de atención al embarazo y al parto”. Citó que en 2016 se notificaron 178 muertes maternas, una reducción de 9 % comparado con el año anterior, sin embargo, el 74 % de estos fallecimientos tuvieron relacionados con causas obstétricas directas.
Mientras en gran parte de América Latina los sistemas de salud luchan por reducir los índices de mortalidad materna, Cuba ha logrado construir un modelo de salud basado en la prevención, la educación sanitaria y la atención primaria.
“En Cuba, la medicina no empieza en el hospital ni en el parto: comienza antes del embarazo. El país caribeño cuenta con un programa materno infantil cuyo objetivo es disminuir la mortalidad materna. Este programa opera en coordinación con equipos especializados y diseñados para actuar en emergencias obstétricas”, explicó el ginecólogo Adriel Jay.
Agregó que, desde la etapa preconcepcional, las mujeres en edad fértil son evaluadas para identificar factores de riesgo. Aquellas con enfermedades crónicas como cardiopatías o diabetes reciben asesoría médica para determinar si un embarazo sería seguro, o si es preferible evitarlo.
“Si se decide avanzar con el embarazo, las gestantes de alto riesgo son ingresadas en hogares maternos, instituciones donde reciben atención integral y especializada, con acceso constante a cardiólogos, endocrinólogos y obstetras”, aclaró.
La filosofía cubana es clara: prevenir antes que curar. “En Cuba, la prevención es el arma más fuerte que tiene la medicina”, explicó el médico cubano que ejerce en República Dominicana.
La atención primaria de salud es el primer nivel del sistema sanitario cubano y su base más sólida. Cada médico de familia es responsable de una población de aproximadamente 300 personas, a quienes debe conocer a fondo.
La dispensarización —un sistema de registro y clasificación por riesgos de salud— permite identificar de forma temprana a pacientes con hipertensión, diabetes y embarazos de riesgo.
“Una de las responsabilidades más serias para estos médicos es la captación precoz de embarazadas. Detectar un embarazo después de las 13 semanas sin previo conocimiento puede considerarse una falta grave, ya que pone en riesgo la posibilidad de realizar estudios genéticos tempranos y tratamientos preventivos adecuados”, comentó el galeno Adriel Jay.
| A la fecha de publicación de este reportaje, el Ministerio de Salud Pública no respondió la solicitud de este medio. |
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