En el tramo de la carretera San Francisco–Nagua fue interceptado un camión que transportaba 2,700 unidades de madera sin los permisos correspondientes. En otro operativo, en Sánchez Ramírez, se incautaron 5,000 pies de madera ilegal, producto de la tala indiscriminada.
Asimismo, en la carretera San Juan–Azua, agentes detuvieron un vehículo que trasladaba 150 postes de madera de procedencia irregular. En la comunidad Río al Medio (Azua), fue retenido un camión cargado con arena extraída ilegalmente del afluente. Un caso similar ocurrió en la autopista Joaquín Balaguer, donde se decomisó un cargamento de arena de empañete sin autorización ambiental.
Estos hechos se enmarcan en lo que la legislación dominicana y los organismos internacionales definen como delitos o ilícitos ambientales: toda acción que cause daño significativo al medio ambiente afecte los recursos naturales como la tala indiscriminada, el tráfico de especies, la contaminación del agua, la minería sin permisos y el comercio irregular de productos forestales.
De acuerdo con ONU Medio Ambiente, los delitos ambientales son una de las actividades criminales más lucrativas del planeta, con un valor estimado entre US$ 91,000 millones y US$ 259,000 millones al año. La organización advierte que estos ilícitos constituyen “el cuarto crimen más rentable del mundo”, solo superado por el narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
Sus efectos trascienden fronteras: destruyen hábitats, aceleran el cambio climático y socavan los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible.
En República Dominicana, la preocupación por estos ilícitos ha comenzado a tener eco en el sistema judicial. El Observatorio del Poder Judicial reconoce que la justicia dominicana no es ajena a los temas de especial sensibilidad social, entre ellos la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
Este reconocimiento reafirma el papel de los tribunales en la aplicación rigurosa de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y marca un paso hacia una justicia ambiental más activa y comprometida con la sostenibilidad del país. “Es innegable que el uso y disfrute de un medio ambiente sano constituye un derecho fundamental, pues así lo reconoce nuestra Constitución Dominicana”, específica.
Ángel Gomera, director general de Prevención y Políticas Ambientales del Programa de Educación, Desarrollo y Manejo de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (Proedemaren), informó los avances y desafíos que enfrenta la institución dirigida por el magistrado Francisco Contreras.
“La Procuraduría tiene como misión representar y defender los intereses del Estado y de la sociedad frente a quienes infringen las leyes ambientales”, explicó Gomera. Su visión es clara: vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental y garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía.
En República Dominicana, los delitos ecológicos están tipificados principalmente en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), aunque el Código Penal también contempla algunas figuras relacionadas con daños al medio ambiente. Sin embargo, Gomera considera que la Ley 64-00 debe ser actualizada para enfrentar los desafíos actuales como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y la contaminación urbana.
Acceso a la justicia ambiental
La Proedemaren, dependencia del Ministerio Público, fue creada por la Ley 64-00, en sus artículos 165 y 166, como respuesta a la necesidad de que los delitos ambientales no solo fueran sancionados con multas administrativas, sino también perseguidos penalmente ante los tribunales. Además, actúa en todo el territorio nacional y tiene la facultad de recibir denuncias, querellas y actuar de oficio frente a hechos reportados por los medios o detectados por sus equipos.
Ángel Gomera, director general de Prevención y Políticas Ambientales del Programa de Educación, Desarrollo y Manejo de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (Proedemaren), indicó que los ciudadanos pueden acceder a la justicia ambiental a través de tres vías: la denuncia, la querella o mediante la actuación de oficio por parte de la Procuraduría.
Su pensamiento está avalado en las estadísticas del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa). Durante el período enero-junio de 2025, se realizaron 10,722 operativos en todo el país, en los cuales fueron detenidas 2,573 personas por cometer delitos ambientales. Esta cifra representa un ligero aumento de 5.4 % respecto al mismo período del 2024, cuando se registraron 2,440 detenidos en 5,773 operativos.
Al desglosar las cifras correspondientes a 2025, se observa que 1,044 personas fueron detenidas por infracciones relacionadas con suelos y agua, mientras que 823 lo fueron por delitos vinculados a recursos forestales. En el ámbito de áreas protegidas y biodiversidad se registraron 440 detenciones, 190 por gestión ambiental y 76 por afectaciones a recursos costeros y marinos.
Al contabilizar las denuncias ambientales realizadas en 2024, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, registraron 2,911, siendo un tercio realizado a través de la Línea Verde (Región Ozama).
El 9.28 % de las denuncias ambientales se especificaron en extracción de material de la corteza terrestre, extracción ilegal de agregados en cuerpos hídricos, comercio y tenencia de fauna en peligro y/o amenazadas, limpieza y nivelación ilegal de terrenos.
“Cualquier persona puede denunciar infracciones ambientales. También puede querellarse cuando se vea directamente afectada por situaciones como contaminación sónica o daños a cuerpos de agua. Es esencial que la población conozca sus derechos y sepa dónde acudir, porque el desconocimiento puede generar impunidad o reacciones violentas”, detalló Ángel Gomera en conversación con ACENTO.
El trabajo de la Procuraduría se enmarca en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), particularmente en su cuarto eje estratégico, que promueve una sociedad basada en la cultura de protección y consumo sostenible.
El informe Estudios de Percepción, elaborado en 2021, reveló que el 71.4 % de la población dominicana consideró que el Poder Judicial contribuye “mucho o algo” a la solución de los problemas ambientales del país, comparado con el 27.9 % que opinó que su aporte es “poco o nada”.
No obstante, la percepción cambió según el grupo consultado: entre los jueces, el 77 % valoró la contribución del Poder Judicial, mientras que solo el 34.3 % de los actores externos compartió esa opinión, frente a un 65.8 % que consideró que hace “poco o nada”.
“Todo lo que hagamos debe apuntar a un desarrollo sostenible, justo y eficaz. Y eso solo será posible con una ciudadanía empoderada, leyes eficaces y una institucionalidad ambiental sólida”, informó Gomera.
El llamado a crear un tribunal especializado
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó en la Cumbre del Clima COP28, en Dubái, que los delitos que afectan al medioambiente, como la deforestación ilegal, la contaminación marina o el tráfico de especies silvestres, contribuyen a la rápida degradación de los ecosistemas.
Delitos como el tráfico ilegal de residuos o la falta de gestión de estos degradan aún más el medio ambiente al provocar el vertido de residuos en ecosistemas públicos, vertederos informales o lugares de incineración al aire libre, recordó la agencia de la ONU, que añadió que no hacer frente a estos delitos y no gestionar de forma segura estos residuos “contribuye a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Ángel Gomera respaldó la propuesta del procurador Francisco Contreras de crear un tribunal especializado en materia ambiental.
“La justicia penal ambiental necesita fortalecerse con más recursos humanos y celeridad procesal. Un tribunal especializado permitiría dar respuesta oportuna y efectiva a los delitos contra el medio ambiente, que son, en esencia, una amenaza a la seguridad nacional”, advirtió.
Gomera señaló que cuando se denuncia un hecho de esta naturaleza, la Procuraduría actúa conforme al Código Penal y otras normativas complementarias para sancionar a los responsables, sean personas físicas o jurídicas.
La Ley 64-00 establece sanciones para diversas infracciones ambientales, como la contaminación del agua y el aire, el tráfico ilegal de especies protegidas, la tala ilegal de árboles, el vertido ilegal de desechos, la pesca y la minería ilegales.
El Artículo 176 pone multas a los delitos ambientales. Cuando estos se realicen en el país, las sanciones serán desde 5,000 a 20,000 salarios mínimos en multas, es decir, RD$ 139.9 millones a RD$ 559.7 millones, según el salario mínimo del sector público de grandes empresas a RD$ 27,988 del 2025, según datos del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Salarios (CNS).
La institución también reportó el desmantelamiento de varios hornos de carbón vegetal: uno en Cotuí, con capacidad para producir 25 sacos, y otro en Elías Piña, con capacidad para 10. Además, se descubrió un depósito clandestino con 132 sacos de carbón vegetal, evidencia del comercio ilegal que aún persiste pese a los esfuerzos de control.
Autoridades del Senpa reiteraron que estos operativos buscan frenar la explotación irracional de los recursos naturales y fortalecer la aplicación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tiempo que hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que atente contra los bosques, los ríos y la biodiversidad del país.
Educación ambiental y prevención: pilares para el futuro y la lucha contra los delitos ambientales
“Los delitos ambientales privan a las personas de medios de vida sostenibles, ya que actores sin escrúpulos se aprovechan de las comunidades de bajos ingresos para saquear sus recursos. Los delitos ambientales dañan la paz, la seguridad y la estabilidad, desde financiar a grupos armados hasta cobrarse la vida de quienes defienden el medio ambiente”, ejemplifica la ONU Medio Ambiente.
Respecto al papel de la sociedad civil, la catedrática del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rosaura Pimentel, destacó la necesidad urgente de información, educación y cumplimiento ciudadano.
Añadió que la ciudadanía no solo debe exigir que las leyes se cumplan, sino también participar en la toma de decisiones ambientales desde los territorios. Pimentel advirtió que la lucha contra el cambio climático ya no es una previsión a futuro: es una necesidad urgente del presente.
“Antes hablábamos de que el problema venía. Ahora ya está. Los corales están enfermos, los manglares amenazados, el mar más caliente. Aunque dejáramos de emitir hoy, los gases ya acumulados seguirán haciendo efecto durante décadas. Por eso debemos actuar en paralelo: mitigar y adaptarnos”, concluyó.
La protección de los ecosistemas marinos en República Dominicana no es un lujo ambiental, sino una necesidad estructural y económica. Frente a un modelo de desarrollo que históricamente ha ignorado los límites naturales, el llamado de Rosaura Pimentel es claro: respetar la ley, actuar con responsabilidad y fortalecer la conciencia ambiental desde todos los sectores.
Además de la persecución judicial, la Procuraduría ha fortalecido sus acciones preventivas y formativas. En coordinación con instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Defensor del Pueblo, se están desarrollando paneles, talleres y jornadas de sensibilización sobre el derecho a un ambiente sano y el rol del ciudadano.
“Estamos llevando educación ambiental a las comunidades y centros educativos. La ciudadanía debe entender que el daño ambiental nos afecta a todos. Por eso, prevenir es más valioso que lamentar”, expresó el funcionario del Ministerio Público.
Asimismo, se promueven mecanismos alternativos de resolución de conflictos ambientales y se trabaja con líderes sociales y comunitarios para ampliar la participación en la defensa de los recursos naturales.
Desarrollo y protección
El principal desafío que enfrentan tanto el Estado, el sector privado como la sociedad civil es lograr el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. La presión por medios de vida y actividades comerciales sigue compitiendo con la conservación de los recursos naturales.
Así lo afirmó Rosaura Pimentel, catedrática del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), al destacar el papel clave del Estado, el sector privado y la sociedad civil en la conservación de estos hábitats esenciales.
Pimentel subrayó que el principal reto compartido es armonizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, en un contexto donde los impactos del cambio climático ya se sienten de forma tangible en el territorio.
“El Estado tiene leyes. Lo que falta es que se cumplan. Tenemos que vigilar el cambio de uso de suelo, las autorizaciones, el desarrollo de infraestructura turística. Todo eso debe hacerse respetando la ley y en coordinación con el sector privado”, enfatizó.
El Gobierno destinó RD$ 8,644 millones en protección del medio ambiente, equivalente a sólo el 0.11 % del producto interno bruto (PIB) nacional. De ese monto, el 10.7 % se destinó específicamente a la protección del aire, el agua y el suelo.
Al comparar el gasto ambiental total (RD$ 8,644.4 millones) con el gasto público total, que alcanzó RD$ 1,279,237 millones, se observa que los recursos dirigidos al medio ambiente representaron apenas el 0.68 %, según detalló el informe Anuario de Estadísticas Ambientales, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
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