Los recientes casos de violencia policial y los cuestionamientos sobre los resultados de la reforma de la Policía Nacional han colocado a Faride Raful en uno de los momentos más difíciles desde que asumió la dirección del Ministerio de Interior y Policía.
Dirigentes opositores, comunicadores y figuras públicas han reclamado su renuncia o destitución, al considerar que la transformación institucional promovida por el Gobierno todavía no se refleja plenamente en el comportamiento de los agentes ni en la confianza de la población.
Raful respondió de manera directa a esas exigencias y descartó abandonar voluntariamente el puesto.
“No he contemplado renunciar porque siento que estoy cumpliendo con el compromiso para el que fui designada”, afirmó la funcionaria este 13 de julio de 2026 durante la acostumbrada rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional. También aseguró que continuará trabajando al frente del Ministerio conforme a la responsabilidad que le encomendó el presidente Luis Abinader.
La ministra atribuyó los desafíos del proceso a décadas de rezago institucional y sostuvo que ningún Gobierno había priorizado una transformación de esa magnitud en los últimos 90 años. Su respuesta deja establecido que, al menos por decisión propia, no contempla apartarse del cargo.
Quién es Faride Raful
Faride Virginia Raful Soriano es abogada, comunicadora y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Posee una maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid, además de formación en derecho de la información, propiedad intelectual y derechos de autor.
Su trayectoria política nacional comenzó en la Cámara de Diputados, donde representó al Distrito Nacional entre 2016 y 2020. Posteriormente fue electa senadora de esa demarcación para el período 2020-2024, etapa en la que ocupó la vocería del bloque del PRM y la vicepresidencia del Senado.
El presidente Luis Abinader la designó ministra de Interior y Policía mediante el Decreto 420-24, emitido el 31 de julio de 2024, en sustitución de Jesús Vásquez Martínez. La designación entró en vigencia el 16 de agosto de ese año, al comenzar el segundo mandato presidencial.
Raful recibió un ministerio responsable de formular y ejecutar políticas de seguridad ciudadana, convivencia social, control de armas y orden público. La Policía Nacional figura entre las dependencias vinculadas institucionalmente con esa entidad, aunque la conducción operativa de los agentes corresponde a la Dirección General de la propia institución.
Esa distribución de funciones impide atribuirle personalmente cada actuación policial, pero tampoco la desvincula políticamente de los resultados. Como ministra, Raful es una de las principales responsables de presentar, coordinar y defender la política de seguridad del Gobierno.
De fiscalizadora opositora a defensora de una reforma gubernamental
Antes de llegar al oficialismo, Raful construyó una imagen pública vinculada con la fiscalización, la transparencia y el cuestionamiento directo a las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Como diputada, exigió explicaciones sobre el costo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y sostuvo en 2018 que la inversión total podía alcanzar los US$ 3,233 millones, unos US$ 726.6 millones más que el presupuesto inicialmente presentado.
También promovió la interpelación del entonces procurador general Jean Alain Rodríguez, al que vinculaba con denuncias de espionaje, irregularidades institucionales y falta de explicaciones ante el Congreso. Años después recordó que la mayoría legislativa de entonces bloqueó en múltiples ocasiones esa solicitud.
Ese perfil opositor se caracterizaba por exigir respuestas inmediatas, responsabilidad política y comparecencias públicas. En el Gobierno, su discurso se ha desplazado hacia la defensa de los procesos graduales, la necesidad de respetar las investigaciones y el reconocimiento de que los cambios institucionales requieren tiempo.
La diferencia no implica por sí sola una contradicción, debido a que fiscalizar desde el Congreso y administrar una institución tienen responsabilidades distintas. Sin embargo, el contraste es utilizado por sus críticos, quienes sostienen que el nivel de exigencia que mantenía frente a gobiernos anteriores debería aplicarse ahora a la institución cuya política supervisa.
Raful responde que la reforma no puede evaluarse únicamente por casos particulares, pues incluye cambios en la formación, los procedimientos internos, la tecnología, la coordinación entre instituciones y el marco legal. Sus detractores consideran, en cambio, que una transformación policial debe medirse principalmente por la experiencia de los ciudadanos cuando entran en contacto con los agentes.
El “barrilito”, una controversia sobre su coherencia política
Una de las principales controversias personales de su carrera ocurrió poco después de asumir como senadora en 2020.
Durante la campaña, Raful había respaldado la eliminación del denominado “barrilito”, un fondo manejado discrecionalmente por los senadores para ayudas sociales. Sin embargo, ya en el cargo, anunció que utilizaría esos recursos para financiar una oficina técnica y contratar asesores legislativos.
La decisión provocó críticas porque fue interpretada como un alejamiento de su discurso electoral. El 21 de octubre de 2020, después de la presión pública, anunció que renunciaría al uso del fondo y que buscaría otra vía para sostener su equipo de asesoría. También prometió legislar para eliminar el mecanismo.
El episodio es utilizado con frecuencia para cuestionar la consistencia entre sus posiciones desde la oposición y sus decisiones una vez ocupa espacios de poder. También muestra que Raful ha rectificado anteriormente frente a reclamos ciudadanos, aunque ahora afirma que no considera necesaria una renuncia.
No se ha identificado una acusación penal pública contra la ministra por corrupción o enriquecimiento vinculada con su gestión en Interior y Policía. Las principales controversias que la rodean se relacionan con la conducción política del ministerio, la coherencia de su discurso y el comportamiento de instituciones bajo su área de responsabilidad.
Las luces: menor tasa oficial de homicidios y formación de agentes
La gestión de Raful presenta indicadores que el Gobierno utiliza para defender la política de seguridad.
Al 26 de junio de 2026, la Policía Nacional reportaba una tasa acumulada de homicidios de 6.98 por cada 100,000 habitantes, mientras 29 territorios se mantenían con registros de un solo dígito. Las autoridades señalan que el indicador representa una reducción de un 44.3 % frente a la tasa registrada en 2023.
Las cifras oficiales también indican que aproximadamente un 59 % de los homicidios se origina en conflictos sociales, riñas, problemas de convivencia o situaciones interpersonales, y no necesariamente en hechos directamente asociados con la delincuencia organizada.
El descenso de la tasa de homicidios constituye uno de los principales puntos favorables de la estrategia gubernamental. Sin embargo, ese indicador no mide por sí solo los robos, asaltos, abusos de autoridad, confianza institucional o temor ciudadano. Una disminución estadística puede coexistir con una percepción de inseguridad elevada en determinadas comunidades.
Otro de los avances presentados por el Gobierno corresponde a la formación policial. En noviembre de 2025, el presidente Abinader juramentó a 2,421 nuevos agentes, con los que se alcanzaron 6,500 policías capacitados bajo el modelo impulsado por la reforma.
La transformación también incluye modificaciones curriculares, mayores requisitos de ingreso, nuevos protocolos, modernización tecnológica, depuración interna y coordinación de información entre el Ministerio Público, la Policía, el sistema de emergencias y otras entidades relacionadas.
Las sombras: la reforma tropieza con los abusos policiales
El principal problema para el discurso oficial es la persistencia de actuaciones policiales que contradicen los principios de proporcionalidad, respeto a los derechos humanos y cercanía con la ciudadanía promovidos por la reforma.
Uno de los casos más recientes fue la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, durante una intervención policial en la Cañada de Guajimía, en Herrera, el 3 de julio de 2026.
Un agente disparó contra el joven durante el operativo. Raful calificó el hecho como “imperdonable” y advirtió que ningún uniforme puede servir de protección para la impunidad. El policía involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público.
El caso agravó las críticas porque ocurrió mientras el Gobierno defendía los avances de la reforma. Para sectores opositores y comunitarios, la muerte mostró que los cambios anunciados en discursos todavía no se traducen de manera uniforme en la conducta de los agentes que patrullan las calles.
Otro episodio que afectó la credibilidad institucional fue la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el 10 de septiembre de 2025 en el sector La Barranquita, en Santiago.
La Policía informó inicialmente que las víctimas pertenecían a una estructura criminal. Sin embargo, familiares de uno de los fallecidos, José Vladimir Valerio Estévez, empleado de una barbería, rechazaron esa versión y reclamaron una investigación.
El Ministerio Público arrestó posteriormente a 11 agentes vinculados con el hecho. Raful lo calificó como “bochornoso” y prometió que no habría impunidad. El caso continúa siendo un referente en las críticas a los procedimientos policiales y a la credibilidad de las versiones institucionales ofrecidas inmediatamente después de operaciones con víctimas mortales.
A estos episodios se suman otras muertes ocurridas durante persecuciones o intervenciones, como la de Marky Abraham García Gil, conocido como “Maiky”, registrada en junio de 2026 en La Vega y que fue documentado en video. La ministra pidió esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público, una respuesta institucionalmente prudente, pero cuestionada por sectores que reclaman posiciones más firmes frente al uso excesivo de la fuerza.
Operación Pandora, un escándalo dentro de la Policía
Apenas tres meses después de la llegada de Raful al ministerio, la Operación Pandora reveló una red integrada por miembros de la Policía Nacional acusados de sustraer más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas de la institución.
El caso, divulgado en noviembre de 2024, involucró a oficiales y subalternos que presuntamente participaron en la extracción y comercialización ilegal de municiones. Las autoridades arrestaron a varios miembros de la Policía y abrieron un proceso judicial.
"Pandora" representó una de las mayores crisis institucionales ocurridas durante su gestión. Aunque los hechos investigados no fueron atribuidos personalmente a la ministra y parte de la estructura operaba antes de su nombramiento, el expediente expuso debilidades graves en los controles internos de la Policía.
Raful defendió la actuación de las autoridades y afirmó que las detenciones demostraban una ruptura con la impunidad. El caso puede leerse, por tanto, desde dos perspectivas: como evidencia de la penetración criminal dentro de la institución y como señal de que los mecanismos internos y judiciales actuaron contra los responsables.
Las solicitudes de interpelación y los reclamos de renuncia
La presión actual no constituye la primera ocasión en que Raful enfrenta cuestionamientos formales desde que asumió el ministerio.
En abril de 2025, diputados de la Fuerza del Pueblo, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano solicitaron interpelarla junto al entonces director de la Policía Nacional.
Los legisladores cuestionaron operativos en los que agentes y funcionarios del Control de Bebidas Alcohólicas habrían incautado bocinas y otros bienes sin órdenes judiciales. Raful rechazó que se actuara de manera arbitraria y defendió las intervenciones realizadas para controlar la contaminación sónica y garantizar la convivencia.
En julio de 2026, los reclamos adquirieron mayor intensidad después de los nuevos casos de violencia policial. El diputado peledeísta Gustavo Sánchez, el comunicador Eduardo Saint-Hilaire y la artista urbana Melymel figuran entre las voces que han solicitado su salida o han cuestionado que continúe en el cargo.
No se trata, hasta ahora, de una posición unificada de todas las organizaciones sociales, gremios o sectores ciudadanos. Las peticiones provienen principalmente de dirigentes opositores y figuras públicas, aunque se producen dentro de un ambiente más amplio de indignación por los abusos policiales.
La diferencia es importante. Una campaña política para exigir la salida de una funcionaria no equivale automáticamente a un consenso nacional, pero tampoco elimina la responsabilidad del Gobierno de responder a las preocupaciones que originan esas exigencias.
Raful lleva casi 23 meses; Chú Vásquez permaneció cuatro años
Desde el inicio del Gobierno de Luis Abinader, Interior y Policía solamente ha tenido dos titulares.
Jesús “Chú” Vásquez Martínez fue designado en agosto de 2020 y permaneció durante los cuatro años completos del primer mandato, hasta el 16 de agosto de 2024. Luego fue nombrado cónsul general de República Dominicana en Nueva York.
Raful asumió el 16 de agosto de 2024 y, en este mes de julio de 2026, acumula casi 23 meses en el puesto. Cumplirá dos años exactamente el próximo 16 de agosto.
La comparación muestra que su antecesor tuvo un período considerablemente más largo. También desmiente la idea de que Abinader haya establecido una política de sustituir con rapidez a los ministros de Interior y Policía cuando surgen cuestionamientos sobre la seguridad.
Vásquez enfrentó críticas por delincuencia, abusos policiales y lentitud de la reforma, pero completó el período presidencial. Su salida se produjo dentro de la conformación del gabinete del segundo mandato y fue acompañada por otra designación diplomática, no por una destitución pública.
Agosto alimenta los rumores de cambios
La cercanía de agosto ha aumentado las especulaciones sobre posibles movimientos en el tren gubernamental.
El 16 de agosto de 2024, Abinader juramentó un gabinete renovado para su segundo mandato, con cambios en Interior y Policía, Presidencia, Defensa, Medio Ambiente, Administración Pública y otras instituciones.
Un año después, el 17 de agosto de 2025, emitió el Decreto 461-25, mediante el cual realizó nuevos movimientos en áreas financieras, educativas, sanitarias y administrativas.
Esos antecedentes han convertido agosto en un mes observado con atención política, principalmente porque coincide con el aniversario de la toma de posesión y el inicio de cada año de gestión.
Sin embargo, no existe una regla que obligue al presidente a realizar cambios durante ese mes. Abinader también ha dispuesto sustituciones en otras fechas, y hasta la fecha, no ha anunciado oficialmente que Raful vaya a ser removida.
Su declaración más reciente apunta precisamente en sentido contrario: la ministra asegura que seguirá trabajando porque entiende que conserva la responsabilidad delegada por el mandatario.
Abinader no siempre destituye a quien recibe presión pública
Durante sus dos administraciones, Abinader ha destituido o aceptado la renuncia de funcionarios involucrados en controversias, denuncias de irregularidades, conflictos de interés o crisis de gestión. En algunos casos, las decisiones se produjeron después de una fuerte presión mediática y ciudadana.
Pero también ha mantenido a funcionarios cuestionados y ha optado por defender procesos institucionales antes de ordenar un relevo. El propio caso de Chú Vásquez, quien completó cuatro años pese a las críticas sobre seguridad y reforma policial, demuestra que no existe una respuesta automática.
La permanencia de Raful dependerá de la valoración política del presidente, de la evolución de los casos investigados, de los indicadores de seguridad y de la capacidad del Gobierno para demostrar que la reforma produce cambios perceptibles en las calles.
¿Será Faride Raful una de las funcionarias sustituidas?
Su salida es una posibilidad política, como ocurre con cualquier funcionario designado mediante decreto. A favor de su permanencia están los indicadores oficiales de reducción de homicidios, la formación de nuevos agentes, la continuidad de la reforma y la confianza que, según sus propias palabras, mantiene el presidente en el trabajo encomendado.
En contra pesan la recurrencia de actuaciones policiales abusivas, las muertes durante operativos, la desconfianza provocada por versiones institucionales posteriormente cuestionadas y la percepción de que la transformación avanza con mayor claridad en los anuncios que en el contacto cotidiano entre policías y ciudadanos.
Un eventual relevo también tendría implicaciones para la continuidad de la reforma policial. La llegada de una nueva persona al ministerio podría requerir un período de adaptación, revisión de equipos, prioridades, protocolos y mecanismos de coordinación, con el riesgo de retrasar medidas que todavía se encuentran en proceso de implementación. Aunque una política de Estado no debería depender exclusivamente de quien dirija una institución, los cambios de liderazgo suelen implicar ajustes, nuevas evaluaciones y etapas de prueba y error. La decisión, por tanto, no solo tendría que valorar el costo político de mantener a Raful, sino también el impacto que una sustitución podría generar sobre el ritmo y la dirección de la transformación policial.
La pregunta para Abinader no es únicamente si escuchará las voces que reclaman la salida de la ministra. También deberá decidir si entiende que los problemas recientes justifican un cambio de dirección o si, por el contrario, requieren mantener la continuidad de una reforma que su Gobierno presenta como "compleja, progresiva y de largo plazo".
Raful ya fijó su posición: no renunciará. La decisión final sobre su permanencia no está en sus manos, sino en las del presidente.
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