La Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2024), realizada por el Defensor del Pueblo, confirmó que solo un 2.3 % de la población sondeada declaró reconocer todos los derechos humanos garantizados en la Constitución.
Un 41.9 % de los entrevistados consideró que los derechos son “poco respetados”, y un 19 % que “nada”. Solo un 22.6 % cree que en República Dominicana todas las personas son tratadas con igualdad. Estas cifras retratan una brecha profunda entre el discurso jurídico y la realidad cotidiana: aunque los derechos están reconocidos por ley, gran parte de la ciudadanía los percibe distantes o vulnerables.
Las cifras evidencian que el reconocimiento formal de los derechos no siempre se traduce en su cumplimiento. En ese escenario, las y los defensores de los derechos desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de esas garantías.
Su acción abarca múltiples ámbitos: desde la exigencia del respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Dominicana, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Pero también se extiende mucho más allá: implica hasta la denuncia de violaciones, la educación ciudadana, el acompañamiento a víctimas, la documentación de abusos y la creación de espacios de diálogo entre comunidades y autoridades.
Las personas que defienden derechos no necesariamente pertenecen a una organización formal ni tienen una profesión específica: cualquier miembro de la sociedad que actúe para garantizar la dignidad y las libertades de los demás entra en esa definición, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) subraya que los defensores pueden ser activistas, líderes comunitarios, ambientalistas, feministas, periodistas, o activistas que luchan por los derechos de migrantes, pueblos originarios o comunidades LGBTQ+.
Su acción busca que las poblaciones afectadas sean escuchadas y que las comunidades marginadas tengan voz en las decisiones que afectan su destino. En nuestro país, esta descripción abarca desde organizaciones tradicionales de derechos humanos hasta movimientos que defienden el medioambiente, los derechos reproductivos o el acceso igualitario a la justicia.
Todos ellos comparten una convicción: la defensa de los derechos, la cultura y la democracia es una tarea colectiva. Unen fuerzas para visibilizar, acompañar y transformar las realidades de distintos sectores sociales, con la esperanza de construir un país más justo, inclusivo y solidario.
Aspiran a que cada individuo, sin discriminación de nacionalidad, credo político, etnia, orientación sexual, religión o condición social, viva bajo un Estado social y democrático de derecho donde las ciudadanas y los ciudadanos actúen conscientes de sus derechos y deberes como norma de convivencia y bienestar común.
No se trata de una profesión, sino de un compromiso
Lo que define a un defensor de derechos humanos no es su oficio, sino su compromiso con la dignidad humana. Desde el anonimato de un barrio hasta la tribuna pública, su tarea consiste en interpelar al poder político, económico o social, denunciar abusos y exigir justicia.
En este sentido, las personas que defienden derechos se convierten en el espejo de la democracia: si son perseguidos o silenciados, el reflejo social muestra una institucionalidad frágil.
Ser defensor o defensora en contextos donde persisten desigualdades estructurales, implica riesgos personales y colectivos. Algunos reciben amenazas por su activismo, otros son objeto de campañas de descrédito o procesos judiciales. Aun así, continúan convencidos de que la defensa de estas libertades no es una tarea heróica, sino una necesidad cívica.
Su rol en el equilibrio democrático
La democracia no se sostiene sólo con elecciones libres, sino con una ciudadanía activa capaz de fiscalizar al poder y exigir rendición de cuentas. Quienes defienden derechos son, en ese sentido, una pieza esencial del equilibrio democrático: vigilan que las instituciones cumplan su mandato, denuncian arbitrariedades y amplifican la voz de quienes no tienen poder. Sin ellos, las violaciones a los derechos podrían pasar inadvertidas o quedar impunes.
Su papel cobra especial relevancia en temas como la migración haitiana, la violencia basada en género, las condiciones carcelarias, el acceso a la salud y la educación, y la protección del medioambiente. En cada uno de esos campos, las defensoras y los defensores actúan como intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, promoviendo cambios normativos o visibilizando casos concretos de injusticia.
A pesar de los avances, la defensa de los derechos humanos en República Dominicana enfrenta desafíos estructurales. Entre ellos, la falta de educación cívica, la débil cultura institucional y la poca confianza en el sistema judicial.
Las estadísticas de la ENDH 2024 evidencian que gran parte de la población desconoce o no siente protegidos sus derechos, lo que limita la participación social y perpetúa la desigualdad.
Otro obstáculo es la creciente desinformación y el discurso de odio en redes sociales, donde quienes defienden derechos suelen ser atacados por sus posturas o acusados de “antipatriotas”. Esto genera un clima de hostilidad que desalienta el activismo y pone en riesgo la libertad de expresión.
A nivel institucional, organismos como el Defensor del Pueblo han ganado confianza ciudadana; el 57.5 % de los encuestados en 2024 dijo confiar en esa entidad; pero aún falta fortalecer su capacidad de respuesta y seguimiento a denuncias, especialmente en provincias y zonas rurales.
Desafíos de la defensa de los derechos humanos en República Dominicana
En el país, la promoción y protección de los derechos humanos cuenta con estructuras diversas.
Organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), el Defensor del Pueblo y la Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de República Dominicana son pilares institucionales de este esfuerzo.
A ellas se suman decenas de grupos comunitarios y redes feministas, religiosas, ambientales o juveniles que, aunque no siempre se autodenominan “defensores”, actúan en la práctica como tales.
También hay profesionales independientes como abogados, periodistas, docentes o líderes religiosos que dedican parte de su trabajo a proteger los derechos de personas vulnerables.
Su campo de acción abarca desde la defensa legal de presos preventivos hasta el acompañamiento de mujeres sobrevivientes de violencia, comunidades desplazadas o migrantes en situación irregular.
Sin embargo, este trabajo se desarrolla en un entorno cada vez más desafiante. En diferentes ocasiones, quienes defienden derechos en territorio dominicano enfrentan múltiples obstáculos: la estigmatización social, las amenazas digitales, la criminalización de la protesta y en algunos casos, la falta de respuesta institucional cuando denuncian abusos.
Aunque en los últimos años se han implementado iniciativas educativas y campañas de sensibilización, el espacio cívico sigue siendo limitado para quienes cuestionan las prácticas del poder o defienden causas impopulares.
En este panorama emerge la Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de República Dominicana, una iniciativa conformada por Proyecto Anticanon, La Ceiba, Más Derechos (FES, CIPAF, Ciudad Alternativa y CIDEL), Centro Montalvo y MOSCTHA, que tiene como objetivo crear y construir una red colectiva de apoyo para quienes defienden derechos y avanzar hacia una ley que asegure la protección de esta actividad.
La voz ética en tiempos de intolerancia
El filósofo Pablo Mella al reflexionar sobre el rol de las defensoras y los defensores en sociedades polarizadas advirtió que, “en el actual contexto nacional e internacional, la labor de quienes defienden los derechos humanos convierte la articulación colectiva en una necesidad ética y política, más que en una simple opción”.
Mella explicó que unir esfuerzos y construir redes sólidas es esencial para resistir la violencia, la deslegitimación y las amenazas que suelen surgir cuando las acciones de defensa logran impactar en las estructuras de poder.
“Solo una red fuerte puede transformar causas individuales en movimientos sostenibles”, señaló.
Subrayó que no hay identidad sin el otro, y que la defensa de los derechos humanos debe apoyarse en la inclusión de la diferencia de raza, género, orientación sexual, nacionalidad o religión como principio fundamental de la lucha por la dignidad y la justicia.
En sus palabras resuena una advertencia: las sociedades que marginan o criminalizan a sus defensores terminan debilitando el tejido democrático que sostiene la convivencia.
Voces locales de la defensa de derechos
El país ha contado con figuras emblemáticas que encarnan esa labor. Una de ellas fue Sonia Pierre, activista dominico-haitiana y fundadora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), luchó incansablemente contra la discriminación y por el derecho a la nacionalidad. Su trabajo trascendió fronteras y puso en la agenda internacional la situación de miles de personas afectadas por la apatridia.
Magaly Caram, socióloga y escritora, ha sido una firme defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Desde su liderazgo en Profamilia y otros espacios de incidencia, ha impulsado políticas de igualdad de género y educación sexual integral, en un entorno donde estos temas siguen generando controversia.
Félix Antonio Cruz Jiminián, médico y filántropo, fue reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su labor humanitaria en favor de personas en situación de pobreza extrema. Su ejemplo demuestra que la defensa de los derechos puede expresarse desde distintos ámbitos, incluso fuera del activismo tradicional.
Una tarea que nos involucra a todos
Las personas defensoras de estos principios fundamentales no son una élite moral ni un grupo aislado: representan la posibilidad de que la democracia sea una práctica viva y no solo una palabra escrita en la Constitución. Su trabajo beneficia a toda la sociedad, porque defender los derechos de uno es proteger los derechos de todos.
Reconocer su labor no significa idealizarlos, sino entender que su existencia es una condición necesaria para la salud democrática. Allí donde los defensores pueden expresarse, organizarse y exigir rendición de cuentas, florecen instituciones más transparentes y ciudadanos más conscientes.
En un país donde todavía hay brechas de igualdad y donde el conocimiento de los derechos sigue siendo limitado, apoyar y proteger a quienes los defienden es una forma de garantizar nuestro propio futuro.
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