En República Dominicana, alzar la voz por los derechos humanos se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Así lo revela el artículo ¡Por el derecho a defender derechos!, escrito por Lauristely Peña Solano y Michelle Ricardo, y publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
El texto ofrece un análisis profundo sobre las amenazas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país, en medio de un clima marcado por discursos ultranacionalistas que criminalizan su labor.
A través de entrevistas, grupos focales y revisión documental, las autoras trazan un panorama inquietante: quienes defienden derechos fundamentales son objeto de violencia simbólica y material, estigmatización pública, acoso digital e institucional, y en algunos casos, represión física. En el contexto actual, marcado por tensiones migratorias, raciales y de género, el espacio cívico se reduce y la figura del defensor es cada vez más atacada.
El defensor de derechos es visto como un traidor a la patria, una narrativa que legitima agresiones y campañas de difamación
El ultranacionalismo radical ha configurado una narrativa peligrosa: el defensor de derechos es visto como un “traidor a la patria”. Esta etiqueta no solo legitima agresiones, sino que también alimenta campañas de difamación, amenazas directas y hostigamiento en redes sociales, se precisa en el estudio. Las autoras del informe han sido víctimas de estas prácticas, enfrentando acusaciones falsas y ataques a su reputación.
La violencia no se limita al plano simbólico. Durante manifestaciones públicas, se han documentado agresiones físicas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado. En algunos casos, organizaciones como el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) han sufrido allanamientos sin orden judicial, lo que evidencia una preocupante vulneración de garantías constitucionales.
El impacto de esta persecución va más allá de lo individual. Muchas defensoras se ven obligadas a reducir su visibilidad pública, moderar sus discursos o incluso abandonar el país. El miedo y el desgaste emocional generan un silenciamiento que debilita el tejido social, la participación ciudadana y el ejercicio democrático.
El informe también denuncia la inacción del sistema judicial. Aunque la Constitución garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, muchas denuncias no son procesadas, lo que genera una impunidad estructural que favorece a los agresores. En algunos casos, el Estado aparece como actor directo o cómplice, lo que agrava la situación.
Frente a este panorama, el documento propone estrategias para fortalecer la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Varias de estas recomendaciones ya están siendo implementadas en el marco de la Alianza Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, una iniciativa que busca articular esfuerzos para garantizar condiciones seguras para quienes ejercen esta labor esencial.
El artículo completo puede consultarse en la publicación oficial de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
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