La defensa técnica de José Manuel Rosario Pirón, exencargado de Tesorería del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), afirmó que la acusación formulada por el Ministerio Público en el denominado caso Coral carece de sustento probatorio y se fundamenta en "hipótesis y conjeturas", y no en evidencias que demuestren responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
El planteamiento fue expuesto por el abogado Carlos Moreno ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el marco de la fase de conclusiones del juicio de fondo que se sigue contra los imputados en las operaciones Coral y Coral 5G, proceso que se acerca a su desenlace tras años de litigio.
Señalado como "mano derecha" de Cáceres Silvestre
Rosario Pirón es identificado por el órgano acusador como parte esencial de la supuesta estructura de corrupción que, según la Procuraduría, movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros. El Ministerio Público lo señala como la "mano derecha" del mayor general Adán Cáceres Silvestre —principal imputado, para quien se solicitan 20 años de prisión— y del coronel Rafael Núñez de Aza.
Sin embargo, la defensa rechazó esa caracterización. Moreno argumentó que su cliente se desempeñó como tesorero del Cusep desde septiembre de 2012 en funciones estrictamente administrativas y contables, vinculadas al control de valores, el registro de ingresos y la realización de depósitos institucionales.
"No formaba parte de ninguna estructura operativa ni de una supuesta unidad recaudadora, como plantea el Ministerio Público en su acusación", sostuvo el jurista.
Perfil profesional y trayectoria institucional
Como parte de su estrategia, la defensa presentó el perfil profesional del imputado. Según expuso Moreno, Rosario Pirón ingresó a la Policía Nacional a los 29 años y desarrolló una carrera de más de dos décadas de servicio público, principalmente en el área financiera. En 2005 obtuvo el título de licenciado en Contabilidad en la Universidad O&M y posteriormente realizó capacitaciones en auditoría financiera, compras gubernamentales, gobierno corporativo y tributación.
A lo largo de su trayectoria, ocupó diferentes posiciones dentro de la institución, incluyendo funciones en el Hospital General de la Policía Nacional y el Museo de la Policía, en cargos que abarcaron desde ejecutivo financiero hasta director financiero.
Cámara de Cuentas: no había manuales de funciones
Un elemento central de la argumentación defensiva fue el señalamiento de que una investigación especial de la Cámara de Cuentas estableció que el Cusep no contaba con manuales de funciones aprobados ni con manuales administrativos o de cargos institucionales. Moreno indicó que incluso un testigo presentado ante el tribunal confirmó la inexistencia de esos documentos, lo que, a su juicio, evidencia que la estructura administrativa "no estaba formalmente definida".
Cuestiona peritajes, testimonios y certificaciones
El abogado dedicó buena parte de su exposición a desmontar las pruebas del órgano acusador —peritajes financieros, análisis bancarios, documentación financiera y declaraciones testimoniales—, al argumentar que en el derecho penal "no basta con la cantidad de pruebas, sino que estas deben tener coherencia lógica y corroboración suficiente".
Sobre los peritajes financieros, afirmó que fueron realizados sobre información incompleta, debido a que la Superintendencia de Bancos no habría entregado la totalidad de los datos solicitados por los investigadores.
En cuanto a los testimonios, señaló que ninguno de los declarantes confirmó haber realizado depósitos a favor de su defendido ni presentó comprobantes de transferencias, registros bancarios u otras evidencias documentales. Agregó que algunos testigos indicaron que los depósitos habrían sido canalizados a través de otras personas, hipótesis que, según la defensa, "no fue investigada ni verificada por el órgano acusador". Además, sostuvo que varias declaraciones provienen de personas que participaron en los hechos investigados y que tienen interés en el proceso.
Moreno también cuestionó las certificaciones de ingresos utilizadas por el Ministerio Público, al indicar que los organismos consultados reconocieron que la información era incompleta, ya que algunos registros provenían únicamente de la Tesorería de la Seguridad Social y no de todas las instituciones en las que Rosario Pirón prestó servicios. Según el abogado, el MP estimó que su cliente habría percibido alrededor de cuatro millones de pesos entre 2002 y 2020, cifra que, afirmó, "no refleja la totalidad de los ingresos obtenidos legalmente durante su carrera institucional".
"No se ha probado nada"
Al cerrar su exposición, Moreno argumentó que, tras más de dos años de investigación, el Ministerio Público no ha logrado demostrar que Rosario Pirón haya recibido depósitos físicos o transferencias electrónicas vinculadas a actividades ilícitas, ni que haya formado parte de una asociación criminal.
"La acusación debía probar la existencia de depósitos ilegales, la participación del imputado en una estructura delictiva y la obtención de beneficios económicos ilícitos. Ninguno de esos elementos ha sido acreditado en el proceso", afirmó.
Ya en junio de 2023, durante la audiencia preliminar del caso, Moreno había sostenido ante el tribunal que era "imposible" demostrar la participación de su cliente en el supuesto entramado de corrupción.
Contexto: juicio en fase final
La intervención de la defensa de Rosario Pirón se produce en la etapa de conclusiones del juicio de fondo, donde las defensas de los múltiples imputados presentan sus alegatos finales. En febrero, la defensa del general Adán Cáceres Silvestre también cuestionó la acusación del MP y solicitó sentencia absolutoria, al sostener que la investigación "carece de fundamentos financieros".
El Ministerio Público, por su parte, solicitó penas de entre 5 y 20 años de prisión para los imputados y presentó más de 2,900 pruebas durante el proceso, incluyendo peritajes financieros, testimonios y documentación que, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), demuestran que la red operó "en las entrañas del poder".
El tribunal deberá ahora deliberar y emitir su fallo en uno de los procesos judiciales por corrupción más extensos y mediáticos de la historia reciente de República Dominicana.
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