Las asociaciones y gremios que conforman el Sector Unido de la Construcción advirtieron que la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, junto con las modificaciones aprobadas por el Senado, tendrían un impacto directo en el costo de las viviendas en República Dominicana.
Mediante un comunicado, las organizaciones manifestaron su preocupación por la aprobación del proyecto en el Senado con carácter de urgencia y sin un debate técnico suficiente.
Según el sector, uno de los principales puntos de preocupación es que la legislación grava los patrimonios autónomos (fideicomisos), lo que, a su juicio, genera una doble carga económica al imponer nuevas obligaciones sobre vehículos jurídicos y operaciones que ya soportan cargas fiscales.
Indicaron que este incremento en los costos de los proyectos inmobiliarios terminaría trasladándose al precio final de las viviendas, afectando tanto a los desarrolladores como a los compradores.
Asimismo, sostuvieron que esta disposición podría entrar en conflicto con el régimen especial establecido en la Ley 189-11, creada para promover el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario.
El Sector Unido de la Construcción afirmó que respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y promover un manejo ambientalmente responsable.
Sin embargo, consideró que las medidas deben responder a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica para evitar efectos negativos sobre sectores estratégicos como la construcción de viviendas.
Ante este escenario, los gremios hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados, reevalúe el alcance de la iniciativa y garantice una legislación equilibrada, técnicamente sustentada y proporcional, que promueva la sostenibilidad ambiental sin afectar la seguridad jurídica, la inversión ni el acceso a la vivienda.
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