La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó su rechazo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), aprobada recientemente por el Senado.
Considera que la iniciativa impone nuevas cargas económicas al sector privado sin estudios técnicos ni evaluaciones de impacto que sustenten su alcance.
La entidad sostuvo que la reforma se produce en un contexto en el que las empresas aún intentan medir los efectos de cambios tributarios recientes, por lo que advirtió sobre la acumulación de obligaciones que, a su juicio, no han sido evaluadas de manera integral por las autoridades.
La Ley 225-20 regula la gestión integral de residuos sólidos en la República Dominicana y establece responsabilidades compartidas entre el Estado, los gobiernos locales, las empresas y los ciudadanos.
La normativa ha sido objeto de revisiones y discusiones periódicas debido a sus implicaciones económicas.
Uno de los principales señalamientos de la ONEC se centra en el destino de los recursos que generaría la modificación legislativa.
Según la ONEC, una contribución concebida originalmente para financiar objetivos ambientales específicos no debería utilizarse para cubrir necesidades presupuestarias de los gobiernos locales.
La organización argumentó que, al ampliar el propósito de esos fondos, la figura pierde su carácter de contribución especial y adquiere rasgos similares a los de un impuesto general, lo que abre un debate sobre la naturaleza y el alcance de la medida.
Referencia a financiamiento municipal
La entidad recordó que la Ley 166-03 establece mecanismos de financiamiento para los ayuntamientos mediante la asignación de una proporción de los ingresos del Estado.
En ese sentido, sostuvo que cualquier discusión sobre insuficiencia de recursos municipales debería abordarse dentro de ese marco legal y no mediante la reasignación de contribuciones vinculadas a la gestión de residuos.
Críticas al proceso legislativo
Además del contenido de la reforma, la ONEC cuestionó la forma en que fue conocida y aprobada en el Congreso Nacional.
Afirmó que la iniciativa avanzó con rapidez y sin un proceso amplio de consulta con los sectores que resultarían afectados por las nuevas disposiciones.
El debate sobre la Ley 225-20 ha generado posiciones encontradas desde su aprobación en 2020.
Mientras distintos sectores defienden la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión de residuos y aumentar los recursos destinados a esa tarea, representantes empresariales han advertido en varias ocasiones sobre el impacto económico de las contribuciones establecidas en la normativa.
Una discusión que trasciende al sector comercial
La controversia reabre el debate sobre el equilibrio entre las políticas ambientales y las cargas fiscales que enfrentan las actividades productivas.
Expertos en políticas públicas han señalado en ocasiones que las contribuciones ambientales requieren mecanismos claros de transparencia, medición de resultados y evaluación de impacto para garantizar que los recursos recaudados cumplan los objetivos para los cuales fueron creados.
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