Consejo de Expresidentes del CARD responsabiliza al Gobierno por el paro judicial

El Consejo de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) responsabilizó este martes al Poder Ejecutivo por el paro que afecta al sistema judicial dominicano, al denunciar una presunta violación sistemática de la Ley Núm. 194-04 de Autonomía Presupuestaria y Administrativa, que garantiza recursos económicos para el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el secretario general del Consejo, Diego José García, sostuvo que la paralización de los tribunales es consecuencia directa de la falta de asignación de los fondos que, según afirmó, corresponden por ley a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio Público.

“El único y absoluto responsable del paro judicial que hoy paraliza nuestros tribunales es el Gobierno de la República”, expresó García al leer el documento oficial del organismo, encabezado por el presidente del Consejo, José Fernando Pérez Vólquez.

Los exdirigentes del gremio calificaron como “falsa y puramente discursiva” la independencia judicial que, aseguran, promueve la actual administración gubernamental. Argumentaron que la Ley 194-04 fue concebida precisamente para evitar que jueces y fiscales dependan de decisiones políticas relacionadas con la asignación presupuestaria.

Según el Consejo, durante los últimos cinco años el Poder Judicial habría dejado de recibir miles de millones de pesos contemplados en la legislación vigente, situación que, a su juicio, ha generado graves consecuencias para el funcionamiento de la justicia dominicana.

Entre los efectos señalados figuran el retraso en los aumentos salariales para jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo; la imposibilidad de contratar nuevos empleados; el incremento de la mora judicial debido a la sobrecarga de expedientes; y el freno a la creación de nuevos tribunales y a los procesos de modernización tecnológica.

“Un poder del Estado que tiene que ir de rodillas a mendigar recursos al Poder Ejecutivo nunca podrá ser un poder independiente. Condicionar el dinero de la justicia es controlar las decisiones de la justicia”, afirmó García durante la lectura del pronunciamiento.

El Consejo de Expresidentes del CARD exigió al presidente de la República el cumplimiento inmediato del porcentaje presupuestario establecido por la Ley 194-04, equivalente al 4.10 % de los ingresos nacionales destinados al sector justicia y al Ministerio Público.

Los representantes del organismo advirtieron que la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la paz social dependen del fortalecimiento de la independencia judicial y del respeto a las disposiciones legales que garantizan la autonomía financiera de las instituciones encargadas de administrar justicia.

El pronunciamiento fue suscrito por José Fernando Pérez Vólquez, presidente; Julio César Terrero, vicepresidente; Diego José García, secretario general; Diego José Babado Torres, secretario de Organización; y Aníbal Sánchez, tesorero del Consejo de Expresidentes del CARD.

Dante Daniel Ozuna advierte que la justicia no puede sostenerse solo con vocación y sacrificio

El juez de paz Dante Daniel Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (ADOJUPA), afirmó que la justicia dominicana no puede sostenerse únicamente sobre la vocación y el sacrificio de jueces y servidores judiciales, al considerar que se requieren condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales adecuadas para garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.

El paro nacional fue convocado para exigir mejores condiciones laborales y mayor presupuesto para el sistema judicial

Ozuna señaló que la falta de personal ha obligado a muchos empleados a desempeñar funciones que corresponden a varias personas y que numerosos magistrados asumen cargas de trabajo que deberían distribuirse entre más jueces. Además, cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades a los reclamos planteados por el sector judicial.

Sus declaraciones se produjeron en el contexto del paro nacional de jueces y servidores judiciales realizado el martes 26 de mayo de 2026 en todo el país. La jornada fue convocada por asociaciones de magistrados y empleados del Poder Judicial para reclamar mejoras salariales, mayor asignación presupuestaria, fortalecimiento de la carrera judicial, contratación de más personal y mejores condiciones de trabajo.

Durante la protesta, los participantes denunciaron que las limitaciones de recursos humanos y económicos afectan la calidad y eficiencia de la administración de justicia, aunque garantizaron la atención de los casos urgentes para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.