El pasado jueves, hace apenas cinco días, el poder judicial del país fue paralizado por una voluntad de los miembros de los diferentes departamentos, para exigir numerosas reivindicaciones, que incluyen mejorías en el desempeño de sus funciones, salarios mejores, y un diálogo con las más altas instancias del poder judicial.
Corresponde ahora una reflexión serena, en que las asociaciones que organizaron la paralización de las actividades, y las autoridades del Consejo del Poder Judicial y la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, traten de entenderse y crear un ambiente propicio para los meses y años por venir, en los que la justicia se acerque al ideal de un poder del Estado bien establecido.
Tal vez es posible que se cumpla con la Ley 194-04, que asigna un porcentaje de un 2.66% de los ingresos públicos a la justicia dominicana. Tal vez. El presupuesto nacional ha sido triturado con asignaciones porcentuales para diversos sectores, y el del poder judicial fue uno de ello. El gobierno apenas asigna, según los datos del 2025, el 0.96% al poder judicial, lo que resulta precario. Igual ocurre con los ayuntamientos, o poder municipal, al que se destina mediante ley un 10 por ciento, y apenas se cumple con un 2 por ciento, aproximadamente. Si estos porcentajes se aceptaran el país sería un desastre y no habría posibilidad de destinar recursos para enfrentar Tantos gravísimos problemas. Ya se cumple con el 4% del PIB para educación.
Sobre el poder judicial la cuestión es: ¿Qué sigue a partir de ahora, cuando se demostró que los jueces tienen poder para detener la marcha del poder judicial?
Los jueces tienen razón en sus reclamos, como han expresado sectores que están involucrados y conocer el sector. El poder judicial ha hecho un gran esfuerzo para aprobar decisiones administrativas y tecnológicas importantes. A los tribunales, sin embargo, les falta equipamiento y tecnología, y recursos para asumir esos cambios.
La marcha de la justicia, como la educación o los servicios de salud, no pueden detenerse. Y por eso corresponde asumir pasos de coincidencia, de diálogo que acerquen a las autoridades con los jueces y sus departamentos. No con mandatos y órdenes, sino con el diálogo y la disposición a ponerse del mismo lado.
La Fundación Institucionalidad y justicia (FINJUS) ha dicho algo que resulta cierto y aplicable, en este momento, luego del paro de actividades del pasado 21 de mayo:
Por lo que es imperativo que los diferentes sectores del Poder Judicial inicien un proceso de diálogo, análisis y definición de prioridades como base para presentar al Poder Ejecutivo una readecuación presupuestaria, con metas bien definidas y que sean eficaces en la resolución de los problemas de la vida institucional. Es urgente que, con un ánimo de colaboración, ecuanimidad y apertura, el Consejo del Poder Judicial alcance los consensos necesarios con jueces, servidores y demás sectores judiciales, para armar a corto plazo una propuesta razonable que mejore la gestión humana y organizacional.
Claro que de por medio está la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, y la “evaluación” de 11 de los actuales magistrados miembros de la Suprema Corte de Justicia. Como el CNM es un ente político es natural que adopte decisiones políticas, y que la cuestión política, institucional, partidaria, de simpatías históricas y presentes, esté mediada en la última voluntad de la mayoría del CNM, que gobierna el presidente Luis Abinader. Pato o gallareta, algo saldrá de esa decisión, en las próximas semanas.
Nos quedamos, sin embargo, con los consejos de FINJUS, que resultan sabios y prudentes en este momento:
El resultado esperado es producir los instrumentos y propuestas que permitan superar las limitaciones actuales. El país no puede comprometer su desarrollo económico y social dejando de lado las necesidades del sistema de justicia, que es vital para garantizar la seguridad jurídica, el clima de libertades y un ambiente de confianza y convivencia pacífica como marco para la superación de todos nuestros males actuales y retos del porvenir.
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