La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró urgente que el Consejo del Poder Judicial redefina sus prioridades institucionales en coordinación con jueces, servidores judiciales y demás sectores del sistema, tras el paro de labores que ha afectado el servicio de justicia en todo el país.
La entidad afirmó que la paralización refleja las distorsiones e incoordinaciones que prevalecen en el sistema de justicia de la República Dominicana, así como las limitaciones presupuestarias que durante años han impedido alcanzar resultados óptimos en áreas fundamentales de la vida institucional del Poder Judicial.
En un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, Finjus sostuvo que los reclamos de jueces y servidores judiciales son justos y deben ser atendidos de manera urgente.
Señala incumplimiento de la Ley 194-04
Finjus recordó que, desde la reforma constitucional de 1994, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y el establecimiento de la Ley de Carrera Judicial, el país ha impulsado cambios trascendentales en el sistema de justicia.
Sin embargo, advirtió que esos avances han quedado limitados por las disparidades en la asignación de recursos del Presupuesto Nacional.
La entidad señaló que en agosto de 2004 el Congreso Nacional aprobó la Ley 194-04, que estableció los porcentajes del Presupuesto que deben recibir el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas. Según esa normativa, al Poder Judicial le corresponde el 2.66 % de los ingresos públicos.
No obstante, Finjus indicó que ese mandato legal no se ha cumplido plenamente, lo que ha provocado una reducción significativa de los recursos que debió recibir el sistema judicial.
Como ejemplo, precisó que en 2025 el Poder Judicial percibió RD$ 12,922 millones, monto que, según la entidad, representa apenas el 0.96 % de lo que obliga la ley.
Reclamos justos y necesidad de mejores condiciones
Para Finjus, la situación presupuestaria explica que múltiples aspectos de la vida institucional del Poder Judicial no alcancen los objetivos trazados en planes de largo, mediano y corto plazo.
La organización sostuvo que las instituciones requieren políticas claras y justas de remuneración y atención a sus miembros.
Asimismo, advirtió que las condiciones inadecuadas del servicio, la falta de equipamiento y tecnología, así como las debilidades en innovación, conducen inevitablemente al fracaso institucional.
Reconoce avances, pero pide mayores recursos
A pesar de las dificultades, Finjus resaltó la importancia de que el Poder Judicial continúe alcanzando niveles adecuados para garantizar valores y derechos fundamentales propios del régimen democrático.
La entidad reconoció avances notables en áreas como la reducción significativa de la mora judicial, la digitalización de procesos y trámites, y el mayor acceso a la información sobre las decisiones judiciales.
No obstante, sostuvo que para consolidar y ampliar esos resultados se requieren mayores recursos, capacidades institucionales y una gestión más coordinada.
Llama a diálogo y readecuación presupuestaria
Finjus planteó que los diferentes sectores del Poder Judicial deben iniciar un proceso de diálogo, análisis y definición de prioridades como base para presentar al Poder Ejecutivo una readecuación presupuestaria con metas claras y orientadas a resolver los problemas de la vida institucional.
La organización consideró urgente que, con ánimo de colaboración, ecuanimidad y apertura, el Consejo del Poder Judicial alcance los consensos necesarios con jueces, servidores y demás sectores judiciales.
El objetivo, indicó, debe ser construir a corto plazo una propuesta razonable que mejore la gestión humana y organizacional del sistema de justicia.
Advierte impacto en el desarrollo nacional
Finjus sostuvo que el país no puede comprometer su desarrollo económico y social dejando de lado las necesidades del sistema de justicia.
La entidad afirmó que una justicia fortalecida es vital para garantizar la seguridad jurídica, el clima de libertades, la confianza institucional y la convivencia pacífica.
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