La denuncia de una joven que narró haber sido víctima de una agresión sexual en grupo tras haber sido drogada en Villa González, provincia Santiago, República Dominicana, cuyo video del hecho comenzó a circular en redes sociales, ha causado la indignación y rechazo en el país caribeño.

A través de un audiovisual, la víctima, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, dijo que el hecho ocurrió en marzo de este año, cuando salió a una discoteca acompañada de una amiga.

Según la denuncia, varios hombres participaron en el ataque, grabaron la agresión y difundieron las imágenes sin su consentimiento, lo que agrava el impacto del delito al exponerla públicamente. Las autoridades han abierto una investigación para identificar y procesar a los responsables, mientras organizaciones sociales reclaman justicia y protección para la víctima.

El caso ha despertado una fuerte reacción social por sus similitudes con el ocurrido en España en 2016, conocido como el de La Manada, donde cinco hombres agredieron sexualmente a una joven durante los Sanfermines y grabaron los hechos.

En ambos casos se repite el patrón de violencia colectiva, la grabación de la agresión y la posterior difusión de los videos, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, sanción y acompañamiento a las víctimas de delitos sexuales en grupo.

Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente.

No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice.

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República.

En ambos, el de Villa González y el de Pamplona, en 2016, la víctima fue sometida por varios hombres que actuaron en conjunto, grabaron la agresión sin su consentimiento y posteriormente difundieron las imágenes.

Al igual que en el caso de La Manada, la denuncia en República Dominicana se ha visto impulsada por la circulación del video en plataformas digitales, lo que añade un componente de revictimización al exponer a la joven a un escrutinio social no deseado.

Tanto en el caso de La Manada en España como en la reciente agresión sexual grupal denunciada en República Dominicana, la condición de vulnerabilidad de las víctimas fue un factor determinante en el desarrollo de los hechos.

Ambas jóvenes habían participado en entornos festivos. Mientras que la víctima de los Sanfermines estuvo bajo la influencia del alcohol, la víctima dominicana denunció haber sido drogada, lo que habría reducido su capacidad de reacción frente a los agresores.

En ambos casos, esta condición habría sido aprovechada por los atacantes para someterlas y ejecutar la agresión, reforzando el carácter de indefensión en el que se encontraban las víctimas.

Hombres de Villa González se entregaron

La noche de este viernes, se entregó de manera voluntaria a la Policía el primero de los seis acusados de drogar y violar sexualmente hace cinco meses a una joven de 21 años en el municipio de Villa González, de la provincia Santiago, caso que salió a la luz pública al difundirse en las últimas horas en redes sociales un video que muestra la agresión sexual.

Posteriormente, se entregó un segundo acusado la noche de este viernes y fue identificado como Edwin Manuel Castro Guzmán, horas después de que lo hiciera en Santo Domingo José Alfonso Rubiera.

La Policía Nacional informó que Castro Guzmán se entregó en la ciudad de Santiago.

Finalmente, la Policía Nacional, en Santiago, informó que tiene en custodia a los cuatro hombres más acusados de la agresión.

Los cuatro fueron localizados en la comunidad La Loma, del municipio Villa González.

Entre los apresados están Oniel Rafael Pichardo Martínez, Javier De Jesús, Jamil Fernando Pérez Toribio y un hermano de este.

Condena de La Manada

En 2018, la Audiencia de Navarra condenó a los acusados por abuso sexual continuado, descartando la violación al considerar que no hubo violencia ni intimidación grave. La pena impuesta fue de 9 años de prisión, lo que provocó una fuerte indignación social y masivas protestas en toda España bajo el lema “No es abuso, es violación”.

Posteriormente, en diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó el delito de abuso sexual, pero elevó la condena a 15 años, sumando un delito de robo con intimidación, ya que los agresores se llevaron el móvil de la víctima para impedir que pidiera ayuda.

Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo corrigió las sentencias anteriores y calificó los hechos como violación múltiple (agresión sexual). Cada acusado recibió una condena de 15 años de prisión por agresión sexual y 2 años adicionales por el robo, lo que fijó penas de entre 15 y 17 años.

Este caso tuvo un enorme impacto social y jurídico en España. Reavivó el debate sobre la definición de consentimiento y sobre la protección legal frente a las agresiones sexuales. Además, fue determinante para la aprobación en 2022 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”, que unificó los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo, reforzando la idea de que sin consentimiento expreso todo acto sexual constituye agresión.

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