Preso y “loco”: la doble condena de quienes enfrentan un trastorno mental en prisión

Acudir a un psicólogo, consultar a un psiquiatra, cambiar de profesional si considera que el tratamiento no está funcionando, hablar con familiares o amigos, o decidir cuándo y dónde recibir atención son algunas de las posibilidades que puede tener un individuo cuando enfrenta una situación relacionada con su salud mental. Si bien, estas opciones no están disponibles de la misma manera para todos y pueden depender de factores como los recursos económicos, el entorno familiar y el acceso a los servicios de salud, para una persona privada de libertad, esas posibilidades se desarrollan bajo condiciones distintas.

La búsqueda de ayuda, la evaluación de un problema psicológico y el acceso a tratamiento ocurren dentro de un sistema que establece protocolos, determina los mecanismos de atención y depende de los profesionales y recursos disponibles en cada centro.

A esta diferencia en los mecanismos de atención se suma otro elemento: el estigma. Una persona puede llegar a prisión con una condición de salud mental previa o desarrollar una durante su permanencia, pero en ambos casos el diagnóstico o los síntomas se encuentran con el estigma que ya acompaña a la privación de libertad.

El impacto del encierro no se limita a las condiciones de salud mental que una persona pudiera presentar antes de ingresar. Durante su permanencia en prisión, también puede atravesar momentos de crisis emocional, una realidad que se refleja en los testimonios recogidos por Acento en Najayo Mujeres y Centro de Privación de Libertad de Baní Hombres.

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Al ser consultada, la psiquiatra forense Katty Gómez también advirtió sobre los efectos que puede tener el encierro prolongado en la salud mental. Para explicarlo, establece una comparación con lo ocurrido durante los períodos de confinamiento por la pandemia de COVID-19:

“Si ustedes reflexionan sobre cómo se sentían cuando los encerraron en el COVID, se destaparon trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, estados de ánimo ansiosos y ataques de pánico. Imagínense reconocer que se va a estar encerrado el resto de la vida (20, 30, 40 o 50 años)”, explicó.

Según Gómez, este escenario evidencia la necesidad de una atención especializada dentro del sistema penitenciario. “Un psiquiatra que va dos o tres veces a la semana no puede lidiar con 3,000 o 4,000 privados de libertad; por lógica es imposible”, sostuvo.

Esa necesidad de ampliar los recursos humanos también es señalada por la presidenta pro tempore del Comité de Salud Mental Penitenciaria y directora de Políticas Penitenciarias y Correccionales del Ministerio de Justicia, Sandra Fernández, quien al referirse a los centros penitenciarios sostuvo que en los recintos del modelo reformado existen mecanismos específicos para la atención de salud mental, incluyendo entrenamiento para supervisar que el tratamiento penitenciario se cumpla, mientras que en los no reformados las condiciones son diferentes.

La salud mental en prisión y las deudas del sistema penitenciario

Fernández resalta que la atención de la salud mental adquiere mayor importancia a medida que una persona atraviesa un proceso penal y llega al encierro.

“Solo el aviso del conflicto con la ley penal aumenta el porcentaje de angustia, de depresión, de estrés”, afirmó. Describe, además, la privación de libertad como una etapa en la que pueden aumentar las dificultades emocionales que enfrenta una persona.

La funcionaria estimó que alrededor del 90 % de las personas privadas de libertad tiene algún problema de salud mental. Sin embargo, reconoció que el país todavía carece de estadísticas confiables para establecer con precisión cuáles son las condiciones más frecuentes y qué necesidades deben atenderse prioritariamente.

“Nosotros precisamente es una de las deudas que tenemos con el sistema, con el país, estadísticas confiables”, sostuvo. Explicó que el Comité de Salud Mental Penitenciaria tiene entre sus tareas levantar información que permita diseñar programas y protocolos basados en evidencia. “Nosotros necesitamos tener evidencia para poder generar programas que verdaderamente impacten”.

Evaluación y atención de las crisis

Fernández explicó que, en los centros del modelo reformado, las personas que ingresan pasan por un período de observación de entre 10 y 30 días. Durante ese tiempo, distintas áreas intervienen en la elaboración de un perfil que permite identificar sus necesidades de salud, educación, formación laboral y atención psicológica, entre otras.

“Cuando una persona entra al sistema, los primeros entre 10 y 30 días son para levantar el perfil de esa persona y también para permitir a esa persona que se ambiente a su nueva realidad”, indicó.

La evaluación sirve también para orientar las decisiones sobre la ubicación y las actividades que puede realizar cada persona dentro del recinto. Según explica, estas decisiones se discuten en una junta de tratamiento en la que participan las distintas áreas responsables de su atención.

Entre las condiciones que requieren seguimiento mencionó la ansiedad generalizada, la depresión, los episodios de esquizofrenia y la psicosis. También señaló que los trastornos de personalidad antisocial y límite representan desafíos para los equipos penitenciarios por las necesidades de atención especializada.

“Estos dos son los más complicados, difíciles, realmente son el reto y necesitamos apoyo de neuropsicólogos, de psiquiatras, farmacoterapia, mucho apoyo”, expresó.

Explicó que cuando una persona atraviesa una crisis, el protocolo contempla acompañamiento, tratamiento farmacológico cuando está indicado y activación de su red de apoyo. También destacó las capacitaciones en primeros auxilios psicológicos dirigidas al personal y a las personas privadas de libertad.

“Lo primero es acompañar a la persona. La persona nunca está sola.”, enfatizó.

No obstante, la atención inmediata no siempre resuelve las necesidades de seguimiento. Señaló que algunas personas requieren estabilización en una unidad especializada y que, si los síntomas persisten, pueden necesitar traslado y continuidad terapéutica o farmacológica.

“Debe tener un seguimiento y si no tenemos esas herramientas, y hay personas que definitivamente deben permanecer en un centro después de ser estabilizados para su continuo tratamiento, si no, permanentemente vamos a estar sufriendo de lo mismo”, advirtió.

Entre las iniciativas que mencionó figura la creación de un centro médico docente de salud mental penitenciaria en uno de los edificios de Las Parras. Según explicó, el proyecto busca atender crisis que requieran intervención especializada, formar profesionales en psiquiatría y psicología forense y abordar el desgaste emocional del personal penitenciario.

Las diferencias entre los centros reformados y los no reformados

El sistema penitenciario dominicano cuenta con 47 centros, de los cuales 21 pertenecen al modelo reformado y están bajo la administración de los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP). Los demás permanecen bajo la administración de la Policía Nacional o de la Armada.

“Aunque la Ley 113-21 unificó todo el sistema penitenciario bajo un solo marco, aún quedan más de 20 centros no reformados bajo el control de la Policía o la Armada donde la seguridad no está supeditada a la dirección administrativa”, detalló.

Fernández explicó que la diferencia entre ambos modelos no se limita a quién administra los recintos, sino también a las condiciones para aplicar los programas de tratamiento. Según indicó, los agentes VTP reciben formación para supervisar que las personas privadas de libertad participen en las actividades educativas, laborales y de atención previstas en cada centro.

En los recintos reformados, agregó, hay boticas y personal de enfermería para el manejo de los medicamentos, aunque reconoció que todavía hacen falta profesionales especializados y recursos farmacológicos.

“Aunque todos los centros reformados tienen boticas y personal de enfermería, sí necesitamos más profesionales y medicamentos. Ningún privado de libertad maneja medicamentos en los centros reformados. En cambio, en los centros no reformados la situación es muy distinta y compleja”, señaló.

Sostuvo que en los centros no reformados existen dificultades para aplicar los programas de tratamiento debido a la estructura de mando. Según explicó, la seguridad responde a una cadena de autoridad distinta de la dirección administrativa del recinto, lo que complica la implementación de las medidas previstas para la rehabilitación.

“En esos centros hay negocios, hay un mundo. Eso es un submundo”, afirmó al describir las condiciones que dificultan la transformación del sistema.

La funcionaria también resaltó las condiciones de alojamiento y convivencia. Aseguró que en los centros reformados se aplica el llamado cierre técnico cuando quedan pocas camas disponibles, para evitar que ingresen más personas a un recinto próximo a completar su capacidad. Indicó que en esos espacios las personas cuentan con cama y reciben alimentación sin tener que pagar por esos servicios.

Fernández consideró que esas condiciones facilitan la aplicación del tratamiento y reducen algunas situaciones que pueden alterar la convivencia. En cambio, señaló que las condiciones de los centros no reformados dificultan el trabajo de rehabilitación y atención de la salud mental.

La reinserción comienza antes de salir de prisión

La presidenta considera que el tratamiento penitenciario es fundamental para preparar a las personas privadas de libertad para regresar a la sociedad. Explicó que el modelo reformado contempla una preparación progresiva para la salida, con actividades educativas y laborales y mecanismos de apoyo económico para quienes cumplen los requisitos establecidos.

Resaltó, también, que las personas que trabajan durante su permanencia en prisión reciben una parte de sus ingresos para sus gastos y otra se destina a un fondo que pueden utilizar al recuperar la libertad. También mencionó acuerdos con cooperativas y empresas que pueden facilitar préstamos para emprender pequeños negocios.

“Ellos no salen con la mano pelada”, afirmó.

Sostuvo, además, que la reincidencia presenta diferencias entre los modelos penitenciarios. Señaló que en el modelo no reformado el indicador ronda el 40 % o más, mientras que en el reformado llegó a situarse en 2.7 %. Agregó que los datos más recientes que le habían comunicado ubicaban la reincidencia en este último modelo alrededor del 4 %.

La funcionaria atribuyó esos resultados al tratamiento y al acompañamiento progresivo antes de la salida. Sin embargo, reconoció que la transformación del sistema todavía está incompleta y que persisten dificultades en los centros que continúan bajo la administración de la Policía Nacional o de la Armada.

Para Fernández, completar esa transformación requiere personal especializado, recursos y voluntad institucional.  Sostuvo que la atención de la salud mental debe formar parte de las condiciones para que una condena pueda conducir a la rehabilitación y la reinserción social.

“Sin salud mental no hay justicia”.

Centro reformado: Najayo Mujeres

En una visita del equipo de Acento a Najayo Mujeres, uno de los centros del modelo reformado, la directora del centro, Glenny Rodríguez, explicó que  la atención de salud mental comienza desde el ingreso. Señaló que algunas internas llegan con un certificado médico o una evaluación psicológica que permite identificar una condición que requiere atención. Una vez en el recinto, la psicóloga verifica su estado y determina si necesita atención psiquiátrica o puede ser manejada mediante terapias.

Rodríguez indicó, además, que entre las condiciones que han identificado en las internas que llegan al centro está la esquizofrenia, mientras que otras presentan problemas asociados al abuso de sustancias. En estos últimos casos, explicó, el consumo puede provocar deterioro en el sistema nervioso y cognitivo.

“El personal de VTP tiene contacto directo con la privada de libertad y observa ciertos cambios para alertar a la psicóloga si ven una conducta no adecuada, si la ven aislada o triste. Hay una combinación para dar seguimiento entre las internas colaboradoras, el personal de seguridad y las demás áreas”, explicó Rodríguez.

El seguimiento también puede involucrar a otras privadas de libertad. Rodríguez señaló que, en casos de mujeres que han intentado atentar contra su propia vida, el centro puede asignar a una interna colaboradora para observar sus cambios emocionales y comunicar cualquier situación al personal.

“Regularmente a esas internas les asignamos una persona colaboradora dentro de las mismas internas para que les dé seguimiento y las vigile en la celda, observando si sus emociones o actitudes cambian para notificarlo”, explicó.

A esto se suman las actividades de formación en salud mental. Según Rodríguez, el Departamento de Salud Mental realiza charlas con las chicas y trabaja con las coordinadoras de pabellón y otras internas para identificar cambios en el comportamiento o situaciones familiares que puedan afectar emocionalmente a sus compañeras.

La atención psicológica comienza con el acompañamiento

En este mismo centro penitenciario, Rosanna Álvarez, psicóloga clínica y terapeuta familiar, explicó que el equipo trabaja mediante terapias individuales y grupales, de acuerdo con la situación de cada privada de libertad.

“Nosotros estamos con un acompañamiento constante con relación al tema salud mental. Es decir, nosotros identificamos a la interna que tiene una condición o una necesidad particular y la trabajamos en base a esa necesidad con terapias individuales y terapias grupales”, explicó.

La psicóloga señaló que las terapias grupales se realizan diariamente y que los espacios se organizan según las necesidades identificadas. Una interna con problemas de conducta, por ejemplo, no necesariamente recibe el mismo abordaje que otra que enfrenta un problema relacionado con el consumo de sustancias.

Cuando una reclusa presenta ansiedad o depresión y no muestra disposición inicial para recibir terapia, Álvarez explicó que el equipo procura integrarla primero a las actividades grupales para favorecer su acercamiento al tratamiento.

“Uno básicamente integra a la interna en las terapias grupales. Uno la convoca, ellas van ahí adhiriéndose al programa y luego ellas mismas entienden que necesitan la intervención individual y después la buscan”, relató.

Señaló, además, que los primeros momentos después del ingreso son los que identifica con mayores niveles de ansiedad y depresión. Según explicó, la separación del entorno habitual y de los familiares forma parte de las situaciones que observa durante ese proceso, especialmente en las madres que permanecen alejadas de sus hijos.

En esos casos, el área de Psicología trabaja junto con Trabajo Social para buscar mecanismos que permitan mantener el vínculo familiar. Cuando los hijos de una interna están bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y no pueden acudir a las visitas, el equipo procura encontrar otras formas de mantener esa cercanía.

“De la mano con trabajo social, pues buscamos las herramientas para que exista una cercanía en ese sentido”, explicó.

Para Álvarez, el apoyo familiar también representa uno de los principales retos para la continuidad del tratamiento. La psicóloga sostuvo que la falta de acompañamiento de los familiares puede dificultar la adherencia de algunas internas a las intervenciones.

“Para que una interna haga adherencia al tratamiento necesita el apoyo de la familia y muchas de las internas no cuentan con el apoyo de la familia y eso es una dificultad para nosotros”, sostuvo.

El acompañamiento del centro, sin embargo, tiene un límite cuando llega la libertad. Álvarez explicó que una vez que la interna sale del recinto el equipo no puede darle seguimiento directo. Antes de la salida, indicó, se le orienta para que continúe buscando atención en los servicios públicos disponibles en su comunidad.

¿Qué pasa si requieren intervención psiquiátrica?

Cuando la situación requiere una intervención especializada, las internas pueden ser referidas al área de Psiquiatría. Luis Ortega, psiquiatra de Najayo Mujeres, explicó que las pacientes son evaluadas inicialmente por Psicología y que los casos que presentan mayor gravedad o requieren una intervención especializada pasan a su valoración.

“Si la gravedad es muy importante o necesitan algún tipo de intervención mucho más especializada, entonces la refieren a que yo velaría por la seguridad, por la ideación suicida, por los ataques de conducta. Si acaso tenemos que ayudarla con algún tipo de fármaco, pues entonces soy yo el que tengo que valorar cuál sería el más recomendable para el ambiente donde está”, explicó.

“Los pacientes que más necesitan de mi apoyo son los pacientes psicóticos, esquizofrenia, delirio y estos temas, los pacientes con consumo de sustancia y los trastornos de personalidad”, señaló.

El psiquiatra detalló que el manejo de estos casos también contempla la vigilancia del riesgo suicida y de posibles episodios de agitación o alteraciones de conducta. Cuando es necesario utilizar medicamentos, la administración se realiza bajo control del área médica.

Ortega señaló que en el centro los medicamentos permanecen bajo custodia del área de salud y que la interna acude a recibirlos, en lugar de conservarlos consigo. Según explicó, esta modalidad permite un mayor control sobre el tratamiento.

Las crisis también requieren un manejo diferenciado. El especialista explicó que Najayo Mujeres cuenta con un espacio destinado a la intervención de crisis y que, cuando una paciente atraviesa un episodio que puede afectar la convivencia, se procura mantenerla temporalmente separada mientras disminuye la crisis. Paralelamente, el área de Psicología trabaja con las demás internas para que conozcan cómo relacionarse con personas que atraviesan una condición de salud mental.

Según Ortega, los primeros momentos después del ingreso son esenciales. El psiquiatra sostuvo que una persona sin antecedentes conocidos de problemas de salud mental puede presentar síntomas de ansiedad o depresión durante las primeras etapas de su permanencia en el recinto, una observación que relacionó con las condiciones propias del encierro.

Sin embargo, también identifica una limitación dentro del sistema: la falta de profesionales especializados específicamente en salud mental penitenciaria.

“Necesitamos más psiquiatras, evidentemente necesitamos más psicólogos y más psicólogos especializados en áreas penitenciarias”, afirmó. Agregó que actualmente no cuentan con psiquiatras especializados específicamente en psiquiatría penitenciaria.

Actividades que ocupan el tiempo más allá de las terapias

La atención de la salud mental en Najayo Mujeres no se desarrolla únicamente mediante consultas psicológicas o psiquiátricas. Durante el recorrido de Acento al centro también se observaron distintos espacios destinados a la recreación, la formación y el desarrollo de habilidades de las internas.

Entre las actividades recreativas se encuentran el voleibol, los grupos de bastón ballet, baile y juegos de dominó. También existen opciones de formación impartidas por maestras del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre ellas cursos de peluquería, costura, manualidades, arreglos florales, centros de mesa, decoración y bisutería. Algunas de las piezas elaboradas por las internas pueden ser exhibidas y comercializadas en actividades abiertas al público.

El centro también ofrece opciones para que algunas internas puedan continuar sus estudios de manera virtual, ampliando las actividades que pueden realizar durante su permanencia en el recinto.

Dorca Rodríguez, encargada y monitora deportiva de Najayo Mujeres,  explica que mantener estos espacios de actividad permite que las internas tengan alternativas durante el encierro.

“El deporte te ayuda a liberar la ansiedad, te ayuda a mantener tu cuerpo y tu mente sana”, explicó Rodríguez, quien señaló que actividades como el voleibol, el dominó, el ajedrez y los juegos recreativos permiten mantener la mente ocupada.

“Así pueden olvidar un poco lo que es el encierro. Tienen ya un espacio más ambiental aquí y así pueden pensar no en cosas negativas, sino en algo más positivo para ellas”, agregó.

Otra prisión mental: así conviven las internas de Najayo Mujeres con la salud mental

Hasta el momento se ha planteado el manejo de crisis con la intervención de especialistas. Pero, ¿qué pasa cuando una interna tiene un episodio y la ayuda especializada no está disponible? ¿Quién interviene? 

En Najayo Mujeres, las propias internas pueden convertirse en el primer apoyo mientras llega el personal de seguridad o el equipo de tratamiento. Tras la oportunidad de conversar con una privada de libertad, la misma explicó que en distintas ocasiones le ha tocado acompañar a compañeras durante episodios de crisis. 

La interna, quien lleva 13 años en el centro y actualmente se desempeña como coordinadora de un pabellón, contó que ha tratado con mujeres que llegan con síntomas asociados a la abstinencia y con otras que presentan diferentes condiciones de salud mental. Relató, además, que le correspondió coordinar a una interna cuyo estado se encontraba en una etapa avanzada y que requería un manejo constante.

Explicó, también, que cuando una compañera atraviesa un episodio de agresividad o un cuadro psicótico, su primera reacción es tratar de tranquilizarla mediante el diálogo mientras llega el personal de seguridad.

“Yo con amor trato de decirle: mírame, soy yo que te estoy hablando, fíjate, soy yo, no te vamos a hacer daño”, relató.

Detalló que, cuando la situación supera lo que pueden manejar las propias internas, solicitan la intervención de la seguridad. Luego entra en acción el equipo de tratamiento.

La experiencia también la ha llevado a comprender mejor estas situaciones a partir de su formación académica. Mientras cumple su condena, estudia en la universidad y contó que una de las asignaturas que cursó abordó la incidencia de la salud mental en las personas privadas de libertad. Explicó que ese aprendizaje le ha permitido relacionar lo estudiado con algunas de las situaciones que ha observado durante su permanencia en el centro.

Entre esas situaciones menciona episodios de agresividad y conductas como lanzar excrementos, romper televisores y otros objetos. Sin embargo, aclaró que no ha presenciado personalmente un intento de suicidio dentro del centro, aunque sí había escuchado de casos ocurrido con anterioridad.

Para ella, presenciar una crisis severa resulta difícil, sobre todo cuando la persona pierde la capacidad de distinguir entre lo que ocurre y lo que percibe.

“Es difícil que tú no puedas ayudar a una persona que se encuentra allá en ese estado tan avanzado de su psiquis, fuera de su cuerpo, que no entiende la realidad y la diferencia entre lo que es real y lo que no es real”, expresó.

Ante esas situaciones, consideró que el centro necesita reforzar la atención especializada. Su principal petición es que haya un psiquiatra de manera permanente.

“Necesitamos un psiquiatra que se quede permanente porque vienen consultas psiquiátricas, pero no es suficiente’’, sostuvo.

La interna señaló que el centro ya cuenta con un pabellón destinado a atender a personas que requieren este tipo de cuidados y que, según la información que han recibido, existen planes para incorporar un equipo especializado, pero aún no se ha implementado. La misma considera que ese espacio debería contar con médicos y enfermeras preparados para atender de forma continua a las reclusas que atraviesan condiciones de mayor complejidad.

“Sería bueno porque aparte de que ya uno lleva una condena, también tener otra prisión mental no es fácil”, afirmó.

Pero para ella, la salud mental no es una preocupación exclusiva de quienes tienen un diagnóstico. También las internas que no presentan una condición identificada pueden atravesar momentos de crisis durante el encierro.

“Nosotras mismas, que no padecemos ningún tipo de conducta mental ni psicológica, no tenemos ninguna patología, tenemos momentos de crisis”, sostuvo.

Resaltó que sentir impotencia por estar encerradas es de las principales crisis emocionales que pueden enfrentar y destacó los talleres de salud mental son una de las herramientas que reciben para enfrentarlos.

Sin embargo, mantiene la certeza de que su paso por prisión es pasajero.

“Esto no es el final, estamos aquí, pero que esto es un momento, que es como un tren, estamos en una estación y en cualquier momento va a llegar la nuestra y vamos a salir de aquí renovadas”, expresó.

¿Qué ocurre cuando esas condiciones cambian en un centro que todavía no pertenece al modelo reformado? 

La experiencia observada en Najayo Mujeres corresponde a uno de los centros que forman parte del modelo penitenciario reformado. Pero las condiciones de atención no son las mismas en todos los recintos del país.

En el sistema penitenciario dominicano todavía existen centros que no han sido incorporados al modelo reformado y que permanecen bajo la administración de la Policía Nacional o de la Armada. Uno de ellos es el Centro de Privación de Libertad de Baní Hombres, donde las condiciones de atención y manejo de las personas privadas de libertad presentan una realidad diferente.

Cofesora Florentino de León, psicóloga del centro, identifica la depresión y la ansiedad como las condiciones de salud mental que observa con mayor frecuencia entre los privados de libertad.

Según explicó, algunos internos llegan al centro con diagnósticos y tratamientos establecidos antes de ingresar al sistema, mientras que otros comienzan a presentar síntomas después de enfrentarse al cambio entre la libertad y el encierro.

“Él vino bien y aquí se puso loco”, es una de las expresiones utilizadas por los reclusos al referirse a aquellos que ingresan sin mostrar señales de problemas de salud mental y que, durante su permanencia en prisión, comienzan a presentar algún trastorno psicológico.

“Hay algunos que traen su condición y vienen controlados, pero al caer aquí se agobian con los problemas. Otros vienen con su diagnóstico e incluso con su tratamiento, pero también algunos que ese mismo cambio les afecta, quizás los problemas y el sistema de vida que se lleva”, explicó.

El ingreso al centro contempla un protocolo en el que se registran los datos personales del interno y si presenta alguna condición médica. Sin embargo, Florentino de León aclaró que ese procedimiento inicial no constituye necesariamente una evaluación psicológica. La identificación puede comenzar a partir de señales observadas durante el ingreso o de los antecedentes que el interno proporciona.

“Antes de pasar a los patios se le llena un protocolo de los datos personales y si hay alguna condición médica. Entonces ahí es cuando detectamos, tomamos nota y luego se le da seguimiento. No necesariamente se le hace una evaluación psicológica porque es una entrada, pero ahí detectamos. Hay personas que a simple vista tú lo ves que vienen con problemas. Entonces también se les hacen algunas preguntas de si hay antecedentes psiquiátricos en los familiares”, detalló.

Cuando se identifica alguna señal, el interno es llamado posteriormente para ser evaluado. La psicóloga cuenta con un consultorio dentro del centro para realizar este trabajo, aunque reconoce que las condiciones de un recinto no reformado limitan las posibilidades de atención.

“Tú sabes que es un Centro de Privación de Libertad no reformado, no tiene estas condiciones así, pero hacemos el trabajo”, sostuvo. 

Hacinamiento y manejo de las condiciones psiquiátricas

Una de las principales dificultades que encuentra en Baní Hombres es el hacinamiento, especialmente cuando se trata de personas con esquizofrenia u otras condiciones psiquiátricas que requieren un seguimiento más cercano. La psicóloga explica que estos internos permanecen junto al resto de la población, lo que dificulta tanto su adaptación como el trabajo de los profesionales. “Especialmente ya cuando son los esquizofrénicos, cuando ya hay una condición psiquiátrica, no es tan fácil para ellos adaptarse porque están ahí trancados. Todos sabemos que hay un gran hacinamiento y para el seguimiento no es lo mismo porque ellos están allá, nosotros medicamos, pero uno no está directamente ahí con ellos”, explicó.

La convivencia también supone un reto porque no todos los privados de libertad tienen la misma capacidad para comprender o manejar a una persona que atraviesa una crisis. Ante un caso de este tipo, la psicóloga explica que el representante de la celda debe conocer la condición y comunicarla a los demás internos para procurar un manejo adecuado.

Por eso considera necesario disponer de un espacio diferenciado para quienes requieren atención psiquiátrica. Explicó que, en otras cárceles, estas personas permanecen juntas y resulta más fácil controlar la medicación, monitorear su evolución y trabajar con ellas. “Si pudiéramos lograr un espacio para ellos donde los pudiéramos tener, nosotros los podemos manejar, los monitoreamos, los medicamos y que su familia pudiera venir también”, sostuvo.

Mientras esas condiciones no existen en Baní, el acompañamiento se apoya en terapia, medicación cuando es necesaria y actividades grupales. La profesional desarrolla charlas de relajación y talleres participativos en los que pueden integrarse internos con condiciones psiquiátricas controladas, así como quienes presentan depresión o ansiedad. También trabaja con programas educativos y productivos, entre ellos la horticultura, porque considera que mantener ocupados a los privados de libertad ayuda a estabilizar su estado emocional y a desarrollar herramientas para cuando recuperen la libertad. 

“Cuando usted está ocupado en cosas productivas su mente está más tranquila. Entonces, si su mente está más tranquila, está más lúcida, más clara, pues ahí usted puede ver las cosas diferentes y hacer entender que usted cometió un error, que está aquí, pero usted va para la calle, pero que no va igual”, explicó.

Familia, crisis y la relación entre salud mental y delito

Las crisis forman parte de las situaciones que el personal debe atender dentro del centro. La psicóloga explica que se manejan mediante terapia y, cuando el caso lo amerita, con medicación. “Eso no es fácil. Es que no es fácil un encierro. Eso no es fácil, pero pasa, pero uno lo maneja”, afirmó.

En los casos más complejos, Florentino de León procura establecer contacto con padres, madres u otros familiares para conocer antecedentes y obtener referencias que ayuden a comprender el origen de la condición. Sostiene que el vínculo familiar es importante para las personas con problemas de salud mental, pero las dificultades económicas pueden impedir que algunos reciban visitas con regularidad. Aunque las visitas se realizan los sábados y domingos, una familia de escasos recursos puede pasar uno o dos meses sin acudir al centro.

La participación de la familia también es importante cuando llega el momento de la libertad. La psicóloga relata que existen personas que permanecen desconectadas de su entorno, “como en su mundo”, y que al salir son entregadas a sus familiares. En esos casos, ella también conversa con los parientes para explicarles la situación, pues no siempre existe comprensión o aceptación de la condición. “Son enfermedades que llegan y nadie las busca”, relató e insistió en que son realidades que deben ser aceptadas.

La psicóloga también estableció una diferencia entre padecer una condición psiquiátrica y cometer un delito. Según su experiencia, hay personas que pueden cometer hechos delictivos bajo los efectos de sustancias controladas o en determinadas circunstancias sin que eso signifique necesariamente que tengan una enfermedad mental. “En alguna ocasión sí cometen hechos que, como dice uno, ‘tú tendrías que estar loco para hacer una cosa así’. Pero, a veces también lo hacen bajo los efectos de sustancias controladas”, explicó.

Añadió que puede ocurrir que una persona se encuentre lúcida, enfrente una situación en la que se sienta acorralada y actúe, y que posteriormente, al ingresar a prisión y enfrentarse a la realidad del encierro, experimente una recaída. Para la psicóloga, la presencia de un delito no permite asumir por sí sola que existe una condición psiquiátrica.

Dos patios, dos realidades dentro del mismo centro

Durante la visita de Acento al Centro de Privación de Libertad de Baní Hombres se observaron dos patios con condiciones diferentes. El más grande presenta mejores condiciones relativas, mientras que el más pequeño muestra mayores limitaciones. En ambos espacios se concentra una población que enfrenta condiciones de hacinamiento, aunque la experiencia cotidiana varía de acuerdo con el área en la que se encuentran.

En los patios se desarrollan distintas actividades para ocupar el tiempo. Algunos privados de libertad juegan dominó, conversan, otros participan en labores de pintura y otros realizan trabajos en la cocina. Esta última se encuentra en una zona externa del centro y allí un grupo de internos prepara los alimentos que posteriormente son distribuidos a los privados de libertad de ambos patios.

El centro también cuenta con un pequeño colmado improvisado para la venta de algunos productos. Durante el recorrido se observó un aula donde se imparten clases, algunos internos participan en actividades extracurriculares, como danza y teatro. Los internos realizaron una presentación artística que fue mostrada como parte de sus avances y recuperación, así como una obra de teatro.

Estas actividades conviven con otras condiciones observadas durante el recorrido. En algunas celdas permanecen más de cinco personas, mientras que el calor, las condiciones de higiene y el estado de algunos espacios evidencian las limitaciones del recinto. Algunas celdas cuentan con aire acondicionado siendo estos los más privilegiados, pero no es la realidad de todos.

La psicóloga explica que, en medio de esas condiciones, mantener a los privados de libertad ocupados forma parte de las estrategias que se utilizan para favorecer su estabilidad. 

La recuperación de un interno, contada desde el encierro

Una entrevista realizada por Acento a un privado de libertad del Centro de Privación de Libertad de Baní Hombres, permitió conocer desde dentro el proceso que atravesó después de presentar episodios de ansiedad durante su permanencia en el centro. Su relato comienza con meses de nerviosismo, desesperación y falta de sueño, hasta llegar a una evaluación psiquiátrica y a un tratamiento que modificó su manera de relacionarse con los demás.

“Yo salía casi todos los días en la red de enfermería porque yo me la pasaba mal, nervioso, me desesperaba. Duré como un promedio de dos o tres meses que no dormía ni de noche ni de día y, al tener ansia de dormir, me ponía nervioso”, relató. 

Antes de recibir ese tratamiento, también había comenzado a descuidar su higiene y tenía dificultades para desenvolverse con los demás. Según explica, inicialmente interpretaba que el problema estaba en el lugar donde se encontraba y llegó a pedir que lo trasladaran a otro centro. Fue durante la evaluación psiquiátrica cuando comenzó a comprender que el problema estaba relacionado con su propio estado.

“Yo le decía a la doctora que yo quería un traslado para el nuevo penitenciario y la doctora me decía que no era el sitio que estaba mal, el que estaba mal era yo. ¿Entiendes? Que donde quiera que yo esté yo iba a estar mal. Si yo me iba, entonces ya iba a regresar para acá nuevamente porque era yo que estaba mal. Y yo no lo comprendía así, pensaba que era el lugar”, contó.

Después de comenzar el tratamiento, el recluso señala haber experimentado un cambio en su comportamiento y en la forma en que sus compañeros se relacionaban con él. “Después que yo tuve el encuentro con la psiquiatra, mi vida cambió porque antes nadie me respetaba por las condiciones que andaba. Andaba todo sucio, me descuidaba, e insultaba a cualquiera que pasaba por el lado, y siempre estaba discutiendo casi todos los días. Ya no. Ya yo después que yo empecé a tomar ese medicamento, yo soy otra persona”, afirmó.

Asegura, además, que ahora se siente más tranquilo y que ha logrado desenvolverse mejor con los demás.

Ese cambio también se refleja en pequeños episodios de la convivencia diaria. Desde su experiencia cuenta que antes reaccionaba con hostilidad ante situaciones que podían generar conflictos, mientras que ahora procura disculparse y respetar a los demás. “Cuando una persona está en constantes discusiones y se lleva mal con el otro, nadie te respeta”, agregó.

Resalta que no todos los privados de libertad comprenden lo que ocurre cuando una persona atraviesa una condición de salud mental. Dice haber observado a compañeros que enfrentan situaciones similares, pero que no necesariamente buscan atención o siguen las orientaciones disponibles. “Hay muchos que pasan por la situación, pero no sé si ellos buscan la manera de estar bien como yo estoy”, sostuvo.

También cuestiona que algunos internos recurran a soluciones improvisadas para tratar sus malestares en lugar de buscar ayuda profesional. Según explica, esa falta de orientación hace que determinadas conductas sean interpretadas por otros como provocaciones o formas de llamar la atención. “No todo el mundo tiene la capacidad para entender eso, porque hay personas que necesitan orientaciones y no la buscan y los demás lo que ven es que está haciendo eso para que lo suelte”, explicó.

Para el interno, el acompañamiento de los profesionales del centro ha sido determinante en su proceso. También se le suma las actividades y cursos realizados dentro del centro. Cuenta que ha recibido capacitaciones que considera útiles y que pretende aplicar cuando recupere la libertad. “He aprendido muchísimo y cuando yo salga a la calle lo voy a seguir poniendo en práctica porque yo quiero cada día más dar un paso hacia adelante, no dar un paso hacia atrás”, expresó.

Cuenta, además, que el respaldo familiar también cambió a medida que su entorno comenzó a notar su recuperación. “Al principio mi familia no estaba porque ellos no veían un cambio en mí y no querían como ayudarme”, relató. La situación comenzó a cambiar cuando empezó a enviar fotografías en las que sus familiares podían observar su transformación. Actualmente, explica, recibe visitas de su esposa y cuenta con el apoyo de su madre, su hermano y otros familiares.

Para que otros privados de libertad puedan atravesar un proceso similar, el recluso considera que también deben asumir una responsabilidad personal y aprovechar las oportunidades que ofrece el centro. “Ellos tienen que poner su parte, porque si ellos no ponen su parte, no tendrán nada. A veces no quieren ir a los programas que hacen, o van y no le prestan atención”, sostuvo.

Su mensaje para quienes atraviesan dificultades es que busquen concentrarse en aquello que les permita avanzar. “El mensaje que yo les daría a ellos es que no se fijen en las cosas malas, se fijen en lo bueno. El que se fija en lo malo siempre estará mal, pero el que se fija en lo bueno va a progresar”, afirmó.

También reconoce que hablar de su proceso significa exponer una parte de su pasado que podría ser juzgada por quienes conozcan su historia. Aun así, dice que no tiene inconvenientes en hacerlo porque considera que pertenece a una etapa que ya dejó atrás. “Eso fue en el pasado, en mi pasado. Ahora estamos en el presente”, señaló.

Al recordar cómo era tratado antes de comenzar su recuperación, identifica las burlas y la humillación como parte de lo que vivía con sus compañeros. Él no interpretaba entonces esa experiencia como un problema de salud mental, sino como una forma de acoso. “Yo lo que veía era bullying, tristeza. Eso es lo que yo veía. La gente se burlaba, me humillaban por como estaba. No todo el mundo te da la mano para que te levantes. Algunos lo que hacen es que se burlan de ti y te empujan para que tú estés mal”, relató.

El estigma que acompaña a la salud mental dentro y fuera de prisión

La psiquiatra forense Katty Gómez considera que uno de los principales obstáculos para atender la salud mental de las personas privadas de libertad es la asociación que suele hacerse entre los trastornos mentales y la violencia. Explica que esta percepción contribuye a estigmatizar a quienes necesitan atención especializada y dificulta que la sociedad comprenda las condiciones que pueden afectar su comportamiento.

“No podemos confundir a una persona que es violenta y otra persona que tiene un trastorno mental. Todo lo contrario. ¿Dónde están o cuál es la categoría que le toca a nuestros pacientes en el ámbito clínico? Son una población vulnerable porque son más propensos a que se les dañe a ellos y no que ellos hagan daño”, explicó.

Gómez cuestionó que se atribuyan automáticamente determinados delitos a una condición psiquiátrica. Señaló que la evaluación de cada persona debe tomar en cuenta su condición, la gravedad de los síntomas y otros factores que puedan incidir en su comportamiento.

La especialista enfatizó la percepción que se tiene de que las personas con trastornos mentales son más propensas a cometer actos violentos. Durante la entrevista, sostuvo que esa asociación no debe asumirse como una regla y que la sociedad necesita distinguir entre una enfermedad mental y otras conductas.

“Yo le tendría más miedo a una persona, porque dice la literatura que las personas más violentas son de la población general, no los pacientes psiquiátricos. Una persona comete un crimen, un asesinato, un homicidio, una agresión sexual a un menor de edad sin tener una condición mental, yo le tendría más miedo a esa persona”, expresó.

Insistió, además, en la necesidad de abandonar las generalizaciones sobre los pacientes psiquiátricos y evitar que se les compare automáticamente con personas que presentan conductas violentas.

“Nuestra sociedad debe dejar de estar estigmatizando a los pacientes de psiquiatría y no compararlos con personas que tienen un trastorno de personalidad. El sistema está muy acostumbrado a tipificar delitos, pero no conductas. Y ahí es donde tenemos uno de los mayores problemas”, sostuvo.

La atención no se limita a los medicamentos

Las dificultades para atender la salud mental dentro de las cárceles no se limitan a la disponibilidad de medicamentos. Para Gómez, también es necesario que las personas privadas de libertad sean evaluadas desde su ingreso, reciban tratamientos adecuados y cuenten con seguimiento durante su permanencia en el recinto.

La especialista considera que la atención debe estar a cargo de profesionales con formación apropiada para trabajar en el ámbito penitenciario. Advirtió que no basta con disponer de un psicólogo o un psiquiatra si la cantidad de profesionales es insuficiente para atender a la población recluida o si no cuentan con las competencias necesarias para abordar las situaciones que se presentan en estos espacios.

“Hay una gran necesidad de que se haga una gran inversión en salud mental. Y cuando hablo de inversión en salud mental para el sistema penitenciario, me refiero a ese personal especializado, porque no es que no hemos avanzado, el problema es que la cantidad es muy poquita”, explicó.

Señaló que un psiquiatra que acude dos o tres veces por semana no puede atender adecuadamente a miles de personas privadas de libertad. Indica que esta limitación hace necesario ampliar los recursos humanos y establecer una estructura permanente de atención.

Gómez también advirtió sobre las consecuencias que puede tener la interrupción de los tratamientos o la falta de apoyo. Explicó que una persona con una condición de salud mental que no recibe atención, no mantiene la adherencia a los medicamentos o carece de una red de apoyo puede enfrentar mayores riesgos.

“Una persona que está diagnosticada en el ámbito de la salud mental y no tiene tratamiento o no ha hecho adherencia a ese tratamiento, no tiene una red de apoyo o los fármacos que tiene no son los adecuados, tiene un alto riesgo de suicidio y otro alto riesgo de seguir con la misma conducta”, señaló.

La especialista agregó que el consumo de sustancias también representa desafíos en los recintos penitenciarios, especialmente cuando una persona atraviesa un síndrome de abstinencia. Explicó que estas situaciones pueden provocar complicaciones físicas y requieren una respuesta médica adecuada.

Recordó, además, que las personas privadas de libertad conservan el derecho a recibir atención sanitaria. Por ello, considera que la respuesta del sistema debe contemplar tanto la salud mental como las demás condiciones médicas que puedan presentar.

La rehabilitación de los privados de libertad debe comenzar dentro de prisión

Por otro lado, Gómez sostiene que la atención no debe concentrarse exclusivamente en las crisis ni en las personas que ya cuentan con un diagnóstico. Plantea que las evaluaciones deben comenzar desde el ingreso y continuar durante el cumplimiento de la condena, con especial atención a quienes están próximos a recuperar la libertad.

“Una persona que ya se va, le quedan dos o tres meses dentro del sistema para salir a la calle, tiene que tener una evaluación. Tenemos que saber cómo va a salir ese individuo, qué se pudo hacer y qué no se hizo”, afirmó.

Según la psiquiatra, la condena por sí sola no modifica necesariamente las conductas que llevaron a una persona a prisión. Considera que el trabajo de rehabilitación debe incluir intervenciones que permitan identificar necesidades, desarrollar habilidades y preparar el regreso a la sociedad.

“Una condena de 30 años no va a cambiar conducta. Tú tienes que trabajar con ese individuo para que comience a moldear”, expresó.

También cuestionó que los avances del sistema se midan únicamente por la apertura de nuevas unidades o por las mejoras físicas de los recintos. A su entender, los programas deben contar con personal competente y mantenerse en el tiempo para que puedan producir resultados.

“Estos tratamientos son integrales, no es del psiquiatra, pero tampoco es del psicólogo. O sea, cuando se está en un centro penitenciario, eso requiere una estructura, pero una estructura firme que sea constante en el tiempo, no que la comencemos porque se oye bonito”, manifestó.

La especialista también se refirió a las diferencias entre los centros penitenciarios reformados y los que todavía operan bajo el modelo anterior. Aunque reconoció que los primeros presentan una organización distinta, consideró que la transformación no puede limitarse a mejorar las instalaciones.

Al hablar de los recintos no reformados, mencionó las condiciones de hacinamiento y las dificultades que estas representan para la salud general de las personas privadas de libertad. 

Gómez resaltó los esfuerzos de quienes han dirigido el sistema para impulsar cambios, pero sostuvo que las condiciones físicas no resuelven por sí solas los problemas relacionados con la atención y la rehabilitación.

“No es solo demoler una cárcel y pasarlos a otra, porque al final solamente vamos a ver mejor la estructura por fuera, pero lo que queremos es lo interno”, expresó.

Insistió, también, en que el propósito debe ser que las personas privadas de libertad puedan regresar a la sociedad con herramientas para desenvolverse de manera productiva. Es por esto que entiende que el tratamiento debe abordar las necesidades individuales y no limitarse al cumplimiento de una condena.

El estigma también dificulta buscar ayuda fuera de prisión

Para Gómez, los prejuicios sobre la salud mental no se originan exclusivamente en el sistema penitenciario. También se manifiestan cuando una persona intenta buscar ayuda psicológica o psiquiátrica y recibe comentarios que presentan esa decisión como una señal de debilidad o de falta de cordura.

La especialista cuestionó que acudir a un psiquiatra sea visto como una medida extrema, en lugar de asumirse como parte del cuidado de la salud. Explica que normalizar la búsqueda de atención profesional puede contribuir a que las personas reconozcan sus necesidades y procuren ayuda oportunamente.

“Todavía el estigma sigue siendo parte del ser humano. No lo vemos como algo normal ir al psicólogo, al psiquiatra. ‘Déjame ir para el psiquiatra’. ‘Ah, pues tú estás loco’. ¿Y para qué tú vas para allá? Y es todo lo contrario”, afirmó.

Considera que ese prejuicio puede dificultar que las personas reconozcan los síntomas y busquen orientación profesional. Por eso, plantea que la salud mental debe recibir la misma atención que otras áreas de la salud y que las condiciones psiquiátricas no deben convertirse en motivo de rechazo.

El desafío es aún mayor para quienes salen de prisión y deben reconstruir sus vínculos sociales. Si a los prejuicios relacionados con el encierro se suma una condición de salud mental, la persona puede encontrarse con nuevas barreras para ser aceptada y reintegrarse a su entorno.

Entonces, ¿cómo combatir el estigma hacia las personas que han estado presas y que, además, tienen una condición de salud mental? Para Gómez, la respuesta comienza con la educación.

“Mira, parecerá un cliché, pero ¿por qué un psiquiatra no le tiene miedo al paciente de salud mental? Porque lo conoce. El conocimiento empodera, el conocimiento evita el temor. Entonces, cuando tú no te educas respecto a los temas, tú vas a creer todo lo que dicen en todos lados. Por eso es importante la educación”.

La especialista sostuvo que conocer cómo se manifiestan condiciones como la depresión, la ansiedad o los trastornos psicóticos permite comprender mejor a quienes las experimentan y responder de manera más sensible, en lugar de actuar desde el miedo o los prejuicios.

“Cuando yo me educo en salud mental, yo quito el estigma y me hago más sensible. Entonces, lo importante sigue siendo como número uno la educación”.

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