Por Géraud Bosmann-Delzon, con información de Stefanie Schuler
“Hay que romper el silencio”, estima -bajo el sello del anonimato- un exmiembro de la junta ejecutiva del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), respecto a los conflictos de intereses en el seno de la instancia sobre el estudio del clima. “Si no hacemos nada, la situación podría empeorar. Entonces, ¿por qué no tocar este punto sensible? El IPCC debe comprender que hay que cambiar las cosas”, exhorta.
En el grupo III de la organización, de gran importancia estratégica, 225 científicos analizan soluciones para reducir las emisiones mundiales —un tema eminentemente político— con miras al séptimo informe de síntesis cuya elaboración inició en 2023.
Sin embargo, un consorcio de medios europeos (entre ellos L’Humanité y The Guardian) reveló a mediados de septiembre varios casos de conflictos de intereses: once autores del próximo informe trabajan para los intereses petroleros sauditas, ya sea directamente para su empresa y la principal petrolera del mundo, Saudi Aramco, o a través de centros de investigación o fondos de inversión. El reino del Golfo se ha posicionado históricamente como un obstáculo en la lucha contra el cambio climático.
Pero RFI documentó que los conflictos de intereses y los juegos de influencia en general van más allá del caso emblemático de la monarquía petrolera.
Un premio de “medio ambiente y salud del planeta” creado por empresas petroleras
Joy Jacqueline Pereira es una geóloga malaya, directora de investigación en la Universidad Nacional de su país y experta en prevención de desastres naturales. Preside la Red Asiática de Tecnología y Ciencia Climática (ANCST), así como la Red Malasia de Investigación sobre el Clima, el Medio Ambiente y el Desarrollo (MyCLIMATE). También ha trabajado en la implementación de estrategias climáticas y ambientales del Estado que asesoró en negociaciones internacionales.
Tras haber participado en el IPCC durante aproximadamente una década, fue elegida copresidenta del Grupo III en julio de 2023 —por lo tanto, está en un nivel jerárquico superior al de los siete vicepresidentes, los autores principales, los autores y los editores-revisores del grupo—.
Un año después, el 28 de agosto de 2024, el Merdeka Award Trust le otorgó su premio en la categoría “medio ambiente y salud del planeta” por haber “sabido navegar eficazmente entre la ciencia y la política gracias a investigaciones exhaustivas sobre el cambio climático y por haber promovido colaboraciones internacionales destinadas a proteger el medio ambiente y las comunidades".
Este fondo malasio fue creado en 2007 por tres grandes empresas petroleras: la anglo-holandesa Shell, la malasia Petronas y la estadounidense Exxon Mobil (que se retiró del premio en 2021). Estas tres empresas se reparten la mayor parte del mercado malasio de hidrocarburos, pilares económicos del Estado. Shell es una de las cinco grandes petroleras mundiales y fue responsable de 1100 millones de toneladas de emisiones CO₂ en 2025, al tiempo que generó casi 18 mil millones de dólares de ganancias. La empresa enfrenta varias demandas judiciales alrededor mundo. En Nigeria, por ejemplo, Shell, explota petróleo a costa de décadas de contaminación gigantesca cuyo costo se niega a pagar. Se le acusa también de haber bombeado petróleo a sabiendas de que las tuberías tenían fugas.
Durante la ceremonia, que se celebra cada dos años en el Petronas Philharmony Hall de Kuala Lumpur, los logotipos de las dos petroleras están por todas partes. El director general de Petronas y la directora de Shell en Malasia forman parte del consejo de administración que selecciona a los ganadores. En el pasado, estos recibían 500 000 ringgits malayos, es decir, unos 109 000 euros al tipo de cambio actual. El fondo Merdeka no quiso revelar a RFI el monto de la dotación. En su discurso, la Sra. Pereira agradece al ministro de Relaciones Exteriores, a quien debe su cargo en el IPCC.
Contactada por RFI para hablar sobre este tema, la Sra. Pereira no respondió. Por su parte, el IPCC responde que no hace comentarios sobre las situaciones individuales de sus miembros en este tema y, por lo tanto, no aclara si la galardonada declaró el monto del premio ante el comité de conflictos de intereses. La opacidad es total.
Petronas, del petróleo a las tecnología de captura del Co2
Es cierto que Joy Jacqueline Pereira no es empleada de la industria de los combustibles fósiles y que trabaja para una universidad pública. Pero, ¿puede trabajar con total independencia para lograr el fin de las energías fósiles —tal como lo exige el acuerdo universal alcanzado en la COP28 en 2023— después de haber aceptado dinero de una industria que hace todo lo posible por retrasar esta salida de los fósiles?
El gobierno malayo, por su parte, no tiene previsto reducir su producción de barriles y, por el contrario, aspira a convertirse en el líder regional en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (“CCS” en inglés) y de eliminación de carbono del aire (CDR), a través de proyectos marítimos llevados a cabo… por Petronas, en colaboración, entre otros, con la empresa francesa Total. La empresa malaya obtuvo una licencia hace apenas un año, de parte de la Agencia Nacional de captura del carbono.
Estas tecnologías, sin embargo, tras veinte años de conjeturas, siguen siendo más un espejismo que una vía seria hacia un futuro climáticamente sostenible. Sin embargo, el sector de los hidrocarburos las promueve enérgicamente para compensar las emisiones y para seguir extrayendo tanto “oro negro” como sea posible. Estas tecnologías son precisamente el eje central de las evaluaciones actuales del Grupo III… que la científica malaya copreside.
Sus posturas anteriores muestran, sin embargo, una clara resistencia a estas opciones. En un seminario en línea en 2020 —cuando era vicepresidenta del Grupo II—, sus comentarios fueron muy claros, respaldados por gráficos del IPCC: “El escenario que todos queremos evitar es aquel que incluye un fuerte recurso a las tecnologías de captura de dióxido de carbono de la atmósfera [CDR], que tendrían un costo muy elevado para la humanidad”, asegura, y destaca, por el contrario, la vía de la reducción de la demanda energética (o sobriedad) para mantener la trayectoria de calentamiento de 1,5 °C.
Tras recibir su premio, ¿se mantendrá firme la científica en sus convicciones? La pregunta surge a la luz de algunas trayectorias individuales sorprendentes. El año pasado, L’Humanité reveló la de Oliver Geden. El antropólogo de formación, que en su momento fue detractor de las tecnologías CDR, se habría convertido en uno de sus defensores. Desde hace tres años, coordina para un instituto alemán (SWP) un informe sobre el estado de su implementación, financiado con fondos públicos (UE, Reino Unido) y por Quadrature Capital, un fondo británico que tiene participaciones en el sector de las energías fósiles. Oliver Geden, quien rechazó nuestra solicitud de entrevista, es el actual vicepresidente del Grupo III. Bajo la dirección de Joy Jacqueline Pereira, y junto a la saudita Malak al-Nouri, quien además asesora a su país petrolero en las negociaciones climáticas.
El caso del científico ecuatoriano Diego Armando Moya-Pinta
En marzo de 2026, en un informe de sesión, el muy discreto comité del IPCC a cargo de los conflictos no detectó “ningún conflicto de intereses” entre sus 664 miembros actuales. La sesión de Addis Abeba, esta semana, prevé un nuevo informe.
“La cuestión nunca ha sido si podría haber algún conflicto de intereses, sino cómo se gestionan y qué tan transparente es el IPCC. Él dice que no ha identificado ninguno. No lo entiendo, es obvio que los hay”, se sorprende la politóloga de la Universidad de Ginebra Kari De Pryck, autora de una tesis sobre el IPCC.
El científico Mustafa Babiker, señalado en la investigación del consorcio de medios, participa en el IPCC desde hace veinte años al tiempo que trabaja para Saudi Aramco, una empresa estatal del reino, y así lo ha declarado.
El caso del ecuatoriano Diego Armando Moya-Pinta es aún más delicado. El que se presenta como investigador del prestigioso Imperial College de Londres, no reveló que también es empleado de la principal petrolera del mundo desde 2022. Su misión en el IPCC, según The Guardian, es “evaluar las opciones de reducción de emisiones en todo el sector energético, un ámbito que tiene repercusiones directas en las actividades de Aramco”.
En el capítulo sobre sistemas energéticos, Moya-Pinta se suma a tres autores sauditas con un perfil controvertido. Además de los conflictos de intereses, lo que llama la atención es el número de investigadores vinculados al reino. “En este equipo de quince científicos, hay claramente una sobrerrepresentación”, señala la climatólogo francesa Valérie Masson-Delmotte, quien ve un “sesgo de selección”.
De hecho, el IPCC, que históricamente ha estado en manos de los países del Norte, se esfuerza por incorporar a más científicos del Sur global, para reflejar mejor las realidades climáticas. Solo que el IPCC toma en cuenta la nacionalidad de los autores, no necesariamente su lugar de trabajo. Y las universidades sauditas son atractivas, sobre todo para los países en desarrollo.
Esta realidad no sorprende a Jean-Baptiste Fressoz, historiador de la ciencia y la tecnología, autor de un destacado libro sobre la transición energética. “Los gobiernos nombran a personas que defienden sus intereses. Hay muchísimas personas afiliadas a las empresas petroleras, a la IPIECA [el grupo de presión mundial de la industria del petróleo y el gas]. Sin embargo, la influencia que estas industrias ejercen sobre el contenido de los informes sigue siendo un problema”.
¿Cómo proteger la independencia de los investigadores del IPPC?
¿Dónde termina la influencia legítima y dónde comienza el conflicto de intereses en la interfaz entre ciencia y política?
No fue sino hasta 2011 que el IPCC adoptó una política sobre conflictos de intereses, definidos como “cualquier interés profesional, financiero o de otro tipo, actual, que pudiera comprometer de manera significativa la objetividad de la persona en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades dentro del IPCC”. La política aclara: “Las circunstancias que podrían llevar a una persona razonable a cuestionar la objetividad de alguien, o a preguntarse si se ha creado una ventaja indebida, constituyen un conflicto de intereses potencial. Estos conflictos potenciales deben ser declarados”.
Según Laurence Scialom, profesora de economía en París y miembro del consejo de administración del Observatorio de Ética Pública, la situación de Joy Jacqueline Pereira también podría asemejarse a un caso de “captura”. Este término “se refiere a los distintos canales a través de los cuales la industria o el sector financiero influyen en el regulador y en los responsables de la toma de decisiones públicas en un sentido que favorece sus propios intereses” en detrimento del interés público. Canales que a veces conducen a regalos.
Más allá de este caso específico, “el desafío es más sistémico”, analiza Sébastien Duyck, jurista del Centro para el Derecho Internacional del Medio Ambiente: “¿Cómo se protege la integridad del IPCC y de los procesos científicos relacionados con el clima frente a la influencia de actores económicos que tienen intereses propios? Los miembros del IPCC son voluntarios. “Es muy importante, por el bien común, proteger su independencia de los intereses económicos de tal o cual industria”.
Obstaculizan la publicación de informes claves
Es en este contexto que el IPCC se reúne del 12 al 16 de octubre en Adís Abeba para trabajar en su séptimo informe (AR7). Se espera que las discusiones se centren en su fecha de publicación: ¿en septiembre de 2028, antes de la COP33 y del próximo Balance mundial de los esfuerzos de los países contra el calentamiento global, o en 2029?
Los informes científicos del IPCC existen precisamente para orientar estas negociaciones climáticas, de modo que las decisiones se basen “en los mejores conocimientos disponibles”. El informe anterior data de 2022 y se basó en estudios aún más antiguos.
Por lo tanto, los europeos y los Estados insulares del Sur, en particular, piden que el IPCC acelere su ritmo. Por su parte, “Arabia Saudita e India buscan posponer la publicación del séptimo informe del IPCC, especialmente los volúmenes II y III”, explica a RFI la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, ex copresidenta del IPCC (2015-2023). Según ella, esta estrategia busca desincronizar la publicación del informe y el próximo Balance Mundial. “¿Cómo debilitar a una institución? Haciendo que el calendario de presentación de los informes sea mucho menos relevante para orientar las negociaciones políticas”, analiza Masson-Delmotte.
El resultado de este pulso depende, en parte, de la orientación y la rapidez de los trabajos de este famoso Grupo III, a cargo de los 15 capítulos de este componente. “El Grupo III está bajo una presión muy fuerte. En él se concentran todos los intereses económicos, industriales y geoestratégicos. Esto plantea la necesidad de una evaluación que sea lo más rigurosa e independiente posible”, subraya la investigadora.
La lucha contra el cambio climático se intensifica. El IPCC, brújula mundial fundamental para enfrentarlo de manera racional, es su caja de resonancia. Ante lo que está en juego, esta interfaz entre la comunidad científica y la esfera política (los 195 gobiernos preseleccionan a los expertos de sus países y aprueban los famosos informes) ahora les pide a sus autores que no se expongan.
Anteriormente, las presiones las ejercían los sectores climatoescépticos sobre el Grupo I, que estudia la física del clima actual, tema que ya no es objeto de debate. Ahora estas presiones se dirigen hacia el Grupo III. Su función es explorar soluciones a la crisis e informar a los gobiernos sobre las decisiones —tanto tecnológicas como sociales— que deben tomar para descarbonizar nuestras economías y estilos de vida. Unas decisiones políticas que serán cada vez más costosas y radicales mientras si la acción climática sigue siendo insuficiente.
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