Observatorio de Derechos Humanos exige justicia ejemplar en el caso de fraude de Senasa

El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe con contundencia en el caso de fraude y que ha tenido consecuencias devastadoras para miles de ciudadanos afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La organización, dirigida por Manuel Meccariello, afirmó que el hecho no solo constituye un atentado contra los recursos del Estado, sino también un crimen contra la vida y la dignidad humana.

De acuerdo con el Observatorio, miles de afiliados quedaron desprotegidos y cientos de personas perdieron la vida como consecuencia de la falta de cobertura médica.

“Cada víctima es una historia truncada, una familia rota y una violación directa a los derechos humanos”, señaló Meccariello, al denunciar múltiples casos de falta de cobertura, procedimientos médicos autorizados que no se realizaron, falta de acceso a medicamentos en farmacias y pacientes con enfermedades catastróficas que no pudieron recibir tratamientos de alto costo por limitaciones.

El director del Observatorio también cuestionó que algunos de los imputados en el caso estén solicitando cumplir arresto domiciliario alegando problemas de salud, mientras ciudadanos de escasos recursos cumplen condenas en centros penitenciarios en condiciones precarias y con enfermedades graves, sin ningún tipo de beneficio.

“La justicia debe ser igual para todos”, expresó.

“El robo en el sector salud mata. Cuando se roba en salud, se roba tiempo de vida y esperanza”, subrayó Meccariello, al advertir que este caso no puede quedar impune ni ser tratado como un hecho aislado.

Ante esta situación, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables exigió que todos los responsables, sin excepción, sean procesados y condenados conforme a la ley, sin privilegios ni intocables.

Asimismo, instó al Ministerio Público a asumir lo que calificó como una “obligación histórica” de dar un ejemplo contundente y demostrar que la justicia no se negocia.

“Este es el momento de enviar un mensaje claro: la vida humana vale más que cualquier interés económico o político. Que nunca más la corrupción sea sinónimo de muerte”, concluyó la entidad.