“La erosión silenciosa de las democracias hace que la reacción conjunta sea más difícil de articular. Mientras los populismos atacan la integridad de los equilibrios institucionales, las quejas contra una clase política agonizante se convierten en revueltas contra la gobernanza al mismo tiempo que se instala la polarización progresiva”. (Nathan Gardels y Nicolás Berggruen: Renovar la democracia).
La sociedad dominicana, en el plano político, mantiene una estabilidad incuestionable. Hoy, sin tener la certificación de grado de inversión, como Panamá, México, Costa Rica, sin embargo, la atracción de las inversiones extranjeras directas (IED), cada año, ocupa un importante sitial. Ello es debido al mínimo de riesgo político que cobija a la República Dominicana. Más allá de las mutaciones del sistema de partidos, la estabilidad política lo trasciende, como interlocutores formales institucionales.
América Latina es la región, no solo con mayor desigualdad, con mayor tasa de homicidios en el mundo, sino también con mayores niveles de desconfianza. La confianza en esta parte del mundo va de un 13 a un 17%. Los niveles de desconfianza se montan en la estratosfera, alcanzando números dantescos: 50 a 90%. El resultado es la pésima tautología que nos caracteriza en el concierto geográfico del mundo. Esa dimensión de falta de confianza es lo que impide y retrasa la necesidad de construir proyectos colectivos que signifiquen avances significativos en el orden político, institucional y social.
Nuestra sociedad no escapa a esa realidad. Lo triste es que gran parte de la desconfianza que se advierte proviene de actores políticos de primer nivel. Creando en el imaginario del dominicano “una crisis de la sociología del deterioro”. Esto es, los intereses coyunturales gravitan para posibilitar una agenda de intereses particulares, más allá del contexto y del mundo que hoy se cierne.
Nos encontramos frente a lo que se ha denominado la normalidad de la incertidumbre, que ha traído una policrisis a nivel mundial. Policrisis que se expresa en el orden financiero, geopolítico y climático. Fue el contexto en el que nos encontramos en el 2025. Debe ser adecuado, pertinente, válido, para que la objetividad y confianza resalten en todo balance, en toda ponderación de la realidad política, institucional y social de cara al año que recién terminó.
Exhibimos al mundo un grado y nivel de madurez política incalculable al ver en una misma mesa a los tres expresidentes de nuestro país: Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, conjuntamente con el presidente actual, Luis Abinader, dialogando con respecto a la crisis de Haití. El país cercano se encuentra en la peor de todas las crisis que ha tenido a lo largo de su historia y se agudizó después de la muerte del presidente Moise en julio de 2021. En los encuentros entre los cuatro estadistas, uno en el Ministerio de Defensa y luego por separado con cada uno, el resultado plausible lo constituyó cuando los cuatro actores políticos enviaron una carta conjunta, rubricada, a las Naciones Unidas, acerca de lo que consideraban debía asumir ese importante organismo internacional en relación con la nación más pobre de la región.
En el plano político, muchas de las reformas pendientes brillaron por su ausencia. De las 13 reformas estructurales que el presidente Abinader llevó al Consejo Económico Social (CES), no conocemos los avances, las iniciativas y los alcances de cada una de ellas. Solo la Laboral se encuentra en el Congreso para ser conocida por la Cámara de Diputados, ya que el Senado aprobó la necesidad de un nuevo Código Laboral. En nuestro país están pendientes la Reforma Fiscal Integral, que es un mandato de ley consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, estipulada a su vez en el artículo 241 de la Constitución. 11 años de rezagos tiene la inobservancia de ese pacto.
La Ley de Seguridad Social (87-01), que ameritaba su revisión después de 10 años, 24 años de su promulgación y 14 de ausencia de cambios, nos sugiere la poca voluntad política que hay en los actores políticos, sociales y empresariales alrededor de la ley más significativa en el orden social del país. Otras reformas pendientes, estructurales, que tenemos que dar un golpe de timón son: Reforma al sistema de pensiones, reforma al sistema de transporte, reforma en la construcción de un código del agua, reformas al mercado de valores, reforma del transporte, reforma para la transformación digital, reforma del sector hidrocarburo, reforma de la transparencia y la institucionalidad, reforma de la contraloría, reforma y modernización del Estado, reforma por la calidad educativa, reforma de la salud y la seguridad social.
La sociedad dominicana requiere un pacto político para profesionalizar la administración pública. Sería una verdadera revolución sociocultural, pues impactaría en la calidad de los miembros de los partidos y disminuiría significativamente el clientelismo partidario sin tomar en cuenta el talento.
El proceso de reforma policial avanza muy significativamente. Ya la ley será introducida al Congreso y los esfuerzos, de manera bien ponderada, se están llevando a cabo con actores muy reputados de la sociedad dominicana, en todos los planos de la vida organizacional de esa importante organización para la vida en convivencia de la sociedad dominicana. Podemos decir que, realmente, se viene dando un gran proceso de transformación de la Policía Nacional, desde sueldos, incentivos, salud, tecnología, educación, proceso de reclutamiento y selección modernos, etc., etc.
En el plano institucional se pueden resaltar como logros la nueva Ley de Compras y Contrataciones 47-25, del 21 de julio del 2025, que reemplazará la Ley 340-06. La nueva Ley de Compras contiene 21 principios; en cambio, la anterior solo 9. Está enfocada en modernizar el sistema de compras, promueve de manera sistemática la transparencia y la inclusión sostenible, con mayor rigor de eficiencia y de equidad para los sectores más vulnerables de las empresas (micro y pequeña).
Otra reforma extraordinaria que tenía más de 20 años en el Congreso es el nuevo Código Penal 74-25 del 3 de agosto del presente año. Este Código moderniza el marco legal e introduce más de 80 figuras normativas, jurídicas, no contempladas en el viejo código, que tenía más de 140 años. Toda la problemática del ciberdelito, de la ciberseguridad, de la ciberdelincuencia, es tomada en cuenta en el nuevo Código Penal.
La Ley 45-25 de fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en el Ministerio de Hacienda y Economía. Se trata de eficientizar los procesos y la vinculación más armónica entre la política fiscal y el presupuesto.
En el marco institucional, la sociedad dominicana acaba de tener un importante logro con la Sentencia TC1225 del Tribunal Constitucional, que deroga los artículos 210 y 260 de los códigos de justicia de la Policía Nacional y de los militares. Estos artículos estaban amparados mediante las leyes 285 de 1966 y 3483 de febrero de 1953. Estos artículos (210 y 260) atentaban contra la vida personal, la intimidad y los derechos de las personas. Comprobamos el eco de la Reforma Constitucional en febrero de 2025 cuando el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionó a la procuradora Yeny Berenice Reynoso. Esto quiere decir que, por primera vez, la escogencia de la figura máxima del Ministerio Público deja de ser unipersonal (Poder Ejecutivo) y pasa a ser a través del órgano colegiado del Consejo Nacional de la Magistratura.
Otro paso importante, dado por el Tribunal Constitucional, fue la Sentencia TC1186/25, que deroga por inconstitucional el literal “f” del artículo 53 de la Ley Tributaria, que conllevaba medidas administrativas sin ser conocidas por un juez para impedir la ley de tránsito. Esto es, un ciudadano dominicano no podía salir si tenía un impedimento mandado por una decisión meramente administrativa.
En relación a un órgano extrapoder como lo es el Tribunal Superior Electoral, que ha venido jugando un rol acorde a su alta investidura, se acaba de aprobar la Ley 3925 que robustece tan importante centro de decisiones políticas. La nueva Ley viene a subrayar a la institución contenciosa electoral como el espacio más expedito para las diferencias de los partidos, su democracia interna y los conflictos que emergen como consecuencia de las elecciones internas y externas.
Un salto que amerita la sociedad dominicana es lo atinente a las evaluaciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En una potencial reforma constitucional, debemos tomar en cuenta la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura no contemple las evaluaciones de los jueces cada 7 años. Anteriormente, en la antigua Constitución de 1994, los jueves eran inamovibles. El pecado original fue la introducción, en la Constitución del 2010, que pusieron las evaluaciones. Poner al Consejo Nacional de la Magistratura es darle un superpoder a ese órgano político, es sobredimensionar su rol al adicionarle la presencia de las evaluaciones. Además, el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene las competencias técnicas para calificar las evaluaciones, llevando “las evaluaciones” a un marco de verdadera subjetividad, con categorías bastante subjetivas. Los miembros de la Suprema deben ser por 15 años. La razón: al terminar, se van con sus pensiones/jubilaciones completas y no es dable que una persona que solo haya servido al país por 7 años se lleve una pensión de ese monto. Mientras se encuentre así, los actores políticos rotarán sus desvinculaciones y selección, de acuerdo al mapa político en que se encuentren, afectando la vida institucional y democrática del país para su desarrollo sostenible.
La llegada al país del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, para cristalizar un acuerdo con la República Dominicana acerca de apoyos logísticos y de reabastecimiento de combustibles, creemos que la información desde nuestro país no ha sido todo lo transparente que se requiere. Si desde la Presidencia no se dice, las interpretaciones serán diversas. Deben clarificar e informar a la sociedad dominicana, pues sabemos que los Estados Unidos tienen dos bases militares en Puerto Rico, una en El Salvador, otra en Guantánamo y están construyendo un radar de alta dimensión cerca de Venezuela.
Las autoridades pasan a ser culpables de todas las elucubraciones, hipótesis, que se formulen alrededor de este evento, que nos pone en una situación delicada internacionalmente. Ello así porque contraviene la Constitución en sus artículos 3, 26, numeral 4, 5 y el 80. El artículo 3 de la Constitución nos habla de: Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. El 26 alude a: Relaciones internacionales y derecho internacional. El artículo 80 corresponde a las atribuciones del Senado. El numeral 6 del referido artículo reza: “Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía”.
Se resalta que el primero de diciembre, la Junta Central Electoral le llevó una intimación al Partido Fuerza del Pueblo, que hizo una marcha el domingo 30 de noviembre. Realmente, muchas organizaciones políticas vienen haciendo campañas, cuando legalmente eso sería a partir de octubre de 2027. Fuerza del Pueblo, con la marcha, la manera en que fue organizada y lo que dijo su presidente en el discurso final, lleva a que esa marcha era netamente electoralista, violando el artículo 308, numerales 4 y 5 de la Ley del Régimen Electoral 20-23. Vemos con buenos ojos esa intimación y los elementos que la contienen como argumentación para “sancionar moralmente a FP”.
En materia de seguridad ciudadana estamos avanzando. Es pertinente señalar que República Dominicana es el país de la región que más se informa en las redes. Sin embargo, sabemos que el 70% del contenido en las plataformas es falso y se amplía en el imaginario. Una misma noticia se expande de manera geométrica. Para los años 2007, 2010, 2012, la tasa de homicidios en Dominicana era superior a la de la región, América Latina y el Caribe: 21, nosotros: 25. Hoy, según Insight Crime, tenemos una tasa de homicidios de 8.3; en cambio, en la región es de 19. La tasa de victimización (robos, atracos, estafas) ha disminuido significativamente.
Reconocer la verdad no es debilidad, es ser firmes para coadyuvar al desarrollo del país. La coordinación sistemática y permanente que se lleva a cabo en los últimos tres años, pero sobre todo en el último año, entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y la Fuerza de Tarea, está ayudando a un clima de más seguridad. Resaltamos el rol estelar de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que recibió reconocimiento del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden, y los máximos directivos de la DEA han venido a nuestra nación, validando los pasos firmes que hoy se llevan a cabo en esa institución.
Hemos verificado los cambios que se están realizando en la Policía Nacional. Sabemos que es un proceso. En algunos países ha durado 15 años, en otros 10 años. Es un largo trajinar que comienza por pautar el paréntesis de los signos de confianza. Por primera vez, vemos tantos actores sociales con alta reputación, trabajando alrededor de este importante esfuerzo. Debemos subrayar, resaltar, que las percepciones se construyen, se fabrican, ora positivamente, ora negativamente.
En cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, hemos asistido a una reducción de la pobreza y de la indigencia. Medido por la pobreza monetaria, nos encontramos en 16. En el 2020 arribaba a 23. La indigencia o pobreza absoluta ha disminuido de 7 en 2020 a 3.2%. Lo mismo con respecto a la desigualdad. La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, ha mejorado de 0.445 en el 15 a 0.386. Mientras más se acerca a 1, más grande es la desigualdad. Sin embargo, siendo la séptima economía de toda la región, el peso de la pobreza y la desigualdad sigue siendo muy alto. El 10% con más ingresos acapara el 30.7% de los ingresos; en cambio, el 10% más pobre apenas recibe un ingreso de 2%.
La esperanza de vida al nacer ha mejorado en los últimos años. Hoy, la República Dominicana alcanzó los 75.1 años. Desde la visión demográfica, hoy tenemos un 9.5% de la población que sobrepasa los 65 años. Hace 20 años solo el 3% se encontraba en esa dimensión etaria. No obstante, para verificar la lenta distribución de la riqueza, la enorme inequidad social, tenemos que decir, como si fuese un estudio comparado, que países con economías más pequeñas tienen una esperanza de vida más alta. Ahí está Costa Rica (80 años), Uruguay (81) o Panamá (79).
La Ley de Salarios, 105-13, que tiene ya más de 12 años, no se ha cumplido ni ha sido derogada. La Ley 41-08 de Administración Pública, que debió ser revisada a los 10 años de su promulgación. La Ley de Administración Pública, de aplicarse, contribuiría a la meritocracia y a que al Estado lleguen los ciudadanos más y mejor preparados para propiciar una verdadera eficiencia, eficacia y calidad. Actualmente hay alrededor de 778,000 empleados públicos. Del 2016 al 2020, el crecimiento de empleos fue de 128,000. Del 2021 a noviembre del 2025 van 126,000.
Finalmente, el diluvio de aluvión de fantasía y de ficción se cayó frente a la realidad verdadera; la economía dominicana terminó con un crecimiento entre 2.5 y 2.9. No obstante, el promedio de la región fue entre 2 y 2.4, de Europa entre 1 y 1.2, Estados Unidos entre 1.5 y 2.5, y Canadá entre 1.2 y 1.4. De nuevo, datos mata relatos, configurando una crisis de confianza.
La sociedad dominicana requiere un pacto político para profesionalizar la administración pública. Sería una verdadera revolución sociocultural, pues impactaría en la calidad de los miembros de los partidos y disminuiría significativamente el clientelismo partidario sin tomar en cuenta el talento.
Es una mirada donde hay cientos de miradas; empero, en un esfuerzo por ser lo más objetivo posible, para evitar lo que Jason Blakely en su libro Perdidos entre ideologías señalaba: “Somos animales que crean significados y las ideologías no son más que historias sobre el significado o el sentido de la vida social y política”.
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