La finalización de cada año favorece a la mirada de los procesos y acciones que transcurrieron en ese período desde un balance del ejercicio de derechos humanos.
El año 2025 fue un año de continuidad y agudización de prácticas de violaciones de derechos humanos desde distintos escenarios, siendo las principales víctimas los grupos vulnerables desde sus condiciones socioeconómicas, género, identidad de género, perfil afrodescendiente, edad, condición de discapacidad y nacionalidad. Para estos grupos fue un año muy difícil. En él se incrementó la exclusión, desigualdad social, el ejercicio de violencia, violaciones de derechos, acceso a vivienda y hábitat digno.
Las violaciones de derechos desde los distintos ámbitos durante este año 2025 fueron:
1. Ámbito familiar. Maltrato infantil y violencia de género
En muchas familias se reproducen relaciones de autoritarismo y desconocimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y las mujeres. Se mantienen prácticas de uso de violencia en la corrección de conductas hacia la niñez, así como la ausencia del reconocimiento de sus derechos, legitimación del abuso sexual e incesto. Igualmente ocurre con muchas relaciones de pareja marcadas por la inequidad de género y violencia con frecuentes casos de feminicidios que generan orfandad y abandono infantil.
Los programas de prevención no logran el impacto social requerido para frenarlos ni un régimen de consecuencias efectivo para erradicarlos.
2. Derechos sexuales y reproductivos.
La negación de los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía sobre el cuerpo a niñas, adolescentes y mujeres se agudizó en este año 2025 con la aprobación del código penal con la criminalización de niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de violaciones sexuales e incesto, incluyendo aquellas con condiciones de discapacidad, que al embarazarse se les obliga a mantener el embarazo hasta su término, exponiendo su vida y su salud a grandes riesgos.
3. Negación de derechos a personas con distintas identidades de género y orientación sexual (LGTBIQ).
La población LGTBIQ y con distintas identidades de género se mantiene en este año, al igual que años anteriores, sin reconocimiento como sujetos de derechos. Las prácticas discriminatorias en el mercado laboral, sistema educativo y en el acceso a relaciones de pareja-matrimonio y en el acceso al sistema de justicia se mantienen.
4. Represión cultural hacia las expresiones identitarias afrodescendientes.
En este año 2025 sucedieron hechos cuestionables en términos de nuestra identidad cultural. La interrupción de presentaciones artísticas de salves, toque de atabales y gagá fue recurrente con acciones policiales similares a las de la tiranía trujillista, contradiciendo la naturaleza democrática que define nuestra constitución.
5. La negación del derecho a la salud materna y neonatal en población dominicana de ascendencia haitiana y migrante haitiana
La protección y asistencia de la mujer parturienta y del recién nacido en el período postparto y puerperio es un derecho fundamental que se establece en los protocolos de salud materna y neonatal nacionales e internacionales del Ministerio de Salud Pública (2019) y en sus protocolos de atención obstétrica y neonatal (2020) (2019) (2017) (2013), la OMS/OPS (2019) y otros organismos internacionales.
La conexión con todas las mujeres que parieron y paren continuamente se convierte hoy en un clamor. El irrespeto del derecho a parir con dignidad es una violación al derecho a la vida que se establece constitucionalmente y a la salud, independientemente de la nacionalidad, condición migratoria y social. En este año vimos a mujeres migrantes haitianas morir desangrándose, igualmente a recién nacidos en centros de detención, como se señala en distintos estudios e informes. (Fundación Ebert, Ciudad Alternativa, CIPAF y CIDEL, 2025)
Las medidas de control migratorio no deben llegar al extremo de la desvalorización y humillación de la maternidad. Es penoso que nuestras adolescentes y jóvenes crezcan en este ambiente de violencia hacia mujeres parturientas y vean que el Estado dominicano no protege a las mujeres ni a la niñez recién nacida en la etapa más frágil de su vida, independientemente de su color de la piel y nacionalidad.
6. Desalojo y despojo del derecho al tejido social, a un hábitat y vivienda digna.
Las intervenciones sociales que se desarrollan con miras a una “modernización” del espacio urbano en las principales ciudades del país generaron la exclusión de una proporción significativa de familias que fueron desalojadas, dejándolas sin acceso a un hábitat y vivienda dignos. La presencia de estas prácticas junto a muchas otras con normalización de la injusticia social demuestra la falta de priorización del componente humano y social en el modelo de desarrollo que se promueve.
7. Operativos migratorios provistos de prácticas violatorias y racismo
El desarrollo de deportaciones masivas de personas migrantes haitianas desde 2024 y que aún continúa desconoce el debido proceso y los protocolos establecidos para ello. Las escenas de niños, niñas, mujeres migrantes captadas de forma violenta en operativos migratorios en las calles, con casos de niñez no acompañada, así como de mujeres embarazadas, son frecuentes y consideradas como “normales”. Una política de control migratorio errada acompañada por la negación de renovación de documentos de residencia a población migrante para así convertirla en “irregular” desde el Estado y en consecuencia perseguirla y deportarla. Estas prácticas han fortalecido el racismo; las personas de piel negra dominicanas se sienten inseguras de transitar libremente con la amenaza de ser violentadas y deportadas.
8. Corrupción y negación de derechos.
La corrupción está instalada en el país en muchos sectores del Estado con frecuentes casos de escándalos de grandes robos a nuestro erario público. El ejercicio de prácticas de corrupción representa el despojo de nuestros bienes e ingresos y afecta los servicios de salud, educación, seguridad, agua, alcantarillado, vivienda y otros que debe ofrecer el Estado a la población. El ejemplo reciente es el de SENASA, que ha dejado a una gran parte de la población dominicana sin servicio de salud y a población con condiciones de discapacidad y vulnerabilidad sin programas de asistencia.
9. Ejecuciones extrajudiciales.
Los organismos responsables de la seguridad ciudadana en el país reproducen desde la Era de Trujillo un estilo represivo y violatorio de derechos humanos. Esto se mantiene y se plasma en las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos, redadas y maltrato a población masculina joven y pobre.
El abordaje cultural de los derechos humanos marcado por confusión y “favor”.
El ejercicio de los derechos humanos se mantiene dentro de la confusión entre derechos y “favor” o “privilegios”. En la interacción social se acentúan las prácticas de desconocimiento del respeto. El respeto es un tema pendiente con débitos históricos por su lamentable distorsión con la imposición de poder y autoridad, no así desde el reconocimiento del “otro” y sus derechos.
La débil priorización de la niñez-adolescencia, mujeres, personas LGTBIQ y con discapacidad, afrodescendientes y de todos los grupos vulnerables se muestra en la ausencia de campañas educativas dirigidas a promover sus derechos y de un régimen de consecuencias que penalice la discriminación y la violencia hacia estos grupos.
Perspectivas.
El año 2025 se despide con el sabor amargo de las escasas garantías de respeto a los derechos humanos en el país.
El año 2026 plantea así grandes desafíos en términos de cambios en el estado de derecho para los grupos vulnerables y la sociedad en su conjunto. Las políticas, programas sociales y el ejercicio de poder requieren de una descentralización y un enfoque estructural, territorial y cultural que identifique a los grupos sociales como sujetos, no como individuos aislados.
Debe ser un año distinto; para ello se requiere de una evaluación de las prácticas violatorias y su erradicación, reconociendo que las instituciones del Estado y el Poder Ejecutivo con sus discursos y su accionar son un modelo a seguir por la población, sobre todo la niñez, adolescencia y juventud.
Necesitamos un clima de paz, equidad y respeto en todos los ámbitos de la vida social, lo que es un gran desafío. La inversión en procesos de educación popular, campañas y actividades culturales que favorezcan a ello y que fortalezcan nuestra identidad afrodescendiente, la solidaridad y la cohesión social.
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