Gobierno, universidades y diversos sectores de la sociedad coinciden en la apreciación de que el país necesita una transformación profunda de su sistema educativo; detrás de estos pronunciamientos se observa, por un lado, diferencias legítimas sobre las prioridades, las estrategias y los mecanismos necesarios para alcanzarla, por otro, un consenso creciente en torno a una idea fundamental: el modelo educativo construido durante las últimas décadas ya no responde plenamente a las exigencias de una sociedad que cambia con una rapidez sin precedentes.
Este cambio de perspectiva representa un avance importante; hasta hace poco tiempo el debate educativo se orientaba hacia la identificación de problemas específicos, bajo el supuesto de que, una vez identificado éste solo se necesitaba formular y poner en ejecución reformas y programas orientados a resolverlos; hoy se tiene una visión más compleja de la realidad, una visión más exigente que parte del supuesto de que para transformar un sistema educativo es necesario revisar los supuestos sobre los cuales fue concebido, comprender las nuevas realidades que deberá enfrentar y el carácter múltifacético de los factores que intervienen y desarrollar las capacidades institucionales necesarias para responder a ellas de manera sostenida.
Precisamente por ello, todo esfuerzo de transformación educativa, en el contexto cambiante en el que vivimos, debe comenzar por formular correctamente las preguntas pertinentes sobre el futuro que nos corresponde responder, partiendo del reconocimiento de que la reforma que emprendamos hoy no solo debe responder a los problemas del presente, sino también preparar al país para el futuro incierto que tiene por delante.
Durante décadas gestionamos los sistemas educativos teniendo como instrumento base un modelo de planificación que descansó sobre un supuesto que parecía inmutable: cada generación sería más numerosa que la anterior; ese modelo de planificación fue el que nos sirvió para organizar el sistema educativo que hoy tenemos, diseñar su plan de construcción de escuelas, ampliar la formación docente, expandir la cobertura y diseñar instituciones preparadas para administrar un crecimiento permanente de la población escolar. Los avances científicos y tecnológicos, junto a los cambios demográficos de las últimas décadas han vuelto obsoleto ese modelo.
La información que aporta el reciente estudio de la CEPAL, titulado "El impacto de la caída de la natalidad en los sistemas educativos de América Latina", nos ayuda a comprender la magnitud de esta transformación. Para el caso dominicano, sus proyecciones muestran que pasará de registrar 203,183 nacimientos en 2023 a 165,941 en 2050, una reducción de 37,242 nacimientos, equivalente al 18.3 %. Paralelamente, el país continuará avanzando hacia una etapa de envejecimiento poblacional moderado.
Estas cifras podrían pasar desapercibidas como un simple dato demográfico, pero, analizadas desde la perspectiva de sus implicaciones para el sistema educativo, revelan consecuencias profundas para el futuro del sistema educativo dominicano, que deben tomarse en cuenta en las decisiones que se adopten ahora que ese futuro está en debate. La reducción progresiva del número de nacimientos modificará la demanda de plazas escolares, alterará la distribución territorial de la matrícula, cambiará las necesidades de formación y de distribución del personal docente, obligará a replantear la planificación de la infraestructura escolar y, finalmente, incidirá en la organización de todo el sistema educativo. En otras palabras, estamos ante un fenómeno que transformará algunas de las condiciones estructurales sobre las que fue diseñado nuestro sistema educativo.
Hasta hace poco, la gestión del sistema educativo se regía por un paradigma que tenía como principal indicador de éxito su capacidad de expansión: construir más escuelas, incorporar más docentes y ampliar continuamente la cobertura. Ese paradigma permitió responder a una necesidad histórica legítima, pero el escenario que comienza a configurarse exige capacidades completamente distintas. Ante la nueva realidad que enfrentan los sistemas educativos, el desafío ya no es ampliar su capacidad de expansión, sino desarrollar su capacidad de adaptación. Las decisiones sobre infraestructura, personal docente, organización territorial, financiamiento e incluso la oferta curricular deberán responder a una realidad mucho más heterogénea que la conocida hasta ahora; en algunas regiones la matrícula disminuirá con rapidez; en otras, los movimientos migratorios seguirán generando nuevas demandas educativas. La planificación dejará de ser un ejercicio relativamente uniforme para convertirse en un proceso mucho más diferenciado territorialmente y sustentado en información permanente.
La transición demográfica que los datos de la CEPAL analizan pone de manifiesto la necesidad de que la transformación educativa que impulsemos se oriente a lograr una mayor coherencia en el funcionamiento del sistema, en vista de que cuanto mayor sea la velocidad del cambio social, mayor será la necesidad de contar con instituciones capaces de adaptarse con rapidez y coherencia a las circunstancias cambiantes y de aprender de su propio quehacer. Esta transición demográfica no constituye, en consecuencia, un desafío adicional para la transformación educativa; forma parte de su núcleo central. Si el objetivo es construir un sistema preparado para las próximas décadas, las tendencias demográficas deben incorporarse desde ahora en el diseño de las políticas públicas; de lo contrario, corremos el riesgo de emprender una profunda reforma institucional para responder a una realidad que dejará de existir precisamente cuando la reforma comience a surtir efecto.
La reducción de la matrícula que la transición demográfica generará, no debería conducir a una reducción del compromiso financiero del Estado, sino a una redistribución inteligente de los recursos hacia aquellas áreas en las que el sistema históricamente ha mostrado mayores debilidades: la educación inicial, la educación secundaria, el desarrollo profesional docente, la innovación pedagógica, la incorporación inteligente de tecnologías, la atención a la diversidad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los centros educativos.El verdadero dividendo demográfico, por tanto, no debería ser gastar menos, sino invertir mejor.
De igual manera, la transición demográfica debe llevarnos a modificar profundamente la manera de concebir la profesión docente. En lugar de sólo preocuparnos por cuántos docentes necesitamos para atender el crecimiento de la matrícula, debemos reorientar esa preocupación hacia la pregunta: ¿qué tipo de docentes necesitará el sistema educativo que estamos construyendo?
El hecho de que cada vez tengamos menos estudiantes no reduce la importancia del maestro; por el contrario, la incrementa, porque el desafío principal pasa a ser garantizar mejores aprendizajes. Para el logro de este objetivo, la calidad del profesorado adquiere una importancia decisiva. La transformación educativa dependerá cada vez menos del tamaño de la planta docente y cada vez más de su capacidad profesional para responder a contextos complejos, integrar tecnologías, atender la diversidad y desarrollar las competencias que demanda una sociedad basada en el conocimiento. El énfasis del debate sobre el docente debería pasar de la preocupación por cuántos maestros formar o evaluar, lo cual seguirá siendo importante, a cómo desarrollar una profesión docente capaz de sostener procesos permanentes de innovación, aprendizaje institucional y mejora continua.
La transición demográfica también debe obligarnos a repensar la gobernanza del sistema educativo; hasta ahora fue posible administrar la educación mediante estructuras relativamente estables y decisiones altamente centralizadas, pero el nuevo escenario, como nos muestra el informe de la CEPAL, es mucho más dinámico y volátil. Fruto de los cambios vertiginosos que vivimos, es previsible que las necesidades educativas evolucionen de manera distinta entre regiones, municipios e incluso comunidades, una realidad que ya estamos viviendo, por ejemplo, en la zona este del país. Ello exigirá sistemas de información más robustos, una planificación territorial permanente y una capacidad mucho mayor para adaptar las decisiones a las realidades locales.
En este contexto, adquieren renovada vigencia dos ideas que he venido planteando en artículos anteriores: que el conjunto de instituciones responsables de la educación dominicana solo logrará una transformación profunda de los aprendizajes de los estudiantes cuando adquiera la capacidad de funcionar como un sistema verdaderamente articulado y coherente y que la escuela tiene que recuperar la capacidad de gobierno sobre los procesos pedagógicos que se desarrollan en su interior, hasta convertirse en la unidad de transformación educativa por excelencia. Ambas dimensiones resultan ahora aún más relevantes porque un sistema sometido a cambios demográficos permanentes difícilmente podrá responder con eficacia si toda su capacidad de decisión permanece concentrada en los niveles centrales y si no se logra coherencia y permanencia en las acciones de todos los actores que intervienen para hacer posible la oferta y el logro de los resultados educativos esperados.
La evidencia confirma que los sistemas educativos más exitosos combinan una rectoría nacional fuerte con centros educativos dotados de autonomía responsable, liderazgo pedagógico y capacidad para adaptar las políticas generales a las características específicas de sus comunidades; la transición demográfica que vive el país, unido a los cambios científicos y tecnológicos que se producen a nivel mundial con repercusiones inmediatas en todos los sistemas educativos del mundo, refuerza precisamente la necesidad de avanzar hacia ese tipo de gobernanza.
Además de las repercusiones que tiene el cambio demográfico sobre la educación no universitaria, no debemos olvidar que la transformación educativa que el país debate en este momento es una transformación integral que incluye, no solo los niveles no universitarios sino el universitario y el tecnicoprofesional. Es evidente que la transición demográfica también afectará el nivel terciario del sistrma educativo.
Fruto de la transición demográfica, es de esperar que las universidades dominicanas recibirán, a largo plazo, cohortes de egresados de la educación media cada vez más reducidas, aunque con consecuencias un poco diferidas en el tiempo por razones que, por razones de espacio, analizaremos luego, en otro espacio o artículo, . Esta realidad obligará a replantear algunos de los supuestos en los que se ha basado la expansión universitaria de las últimas décadas. El crecimiento de la matrícula ya no podrá depender únicamente del crecimiento natural de la población joven. Las instituciones deberán desarrollar nuevas estrategias para garantizar su sostenibilidad académica y financiera.
Este escenario acelerará transformaciones que ya se observan en numerosos países: la educación continua dejará de ser un complemento para convertirse en una función estratégica de las universidades, la actualización permanente de competencias, el reentrenamiento profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, las certificaciones y microcredenciales, como evidencia de este nuevo tipo de desarrollo profesional, adquirirán una importancia comparable a la de la formación tradicional de grado. Al mismo tiempo, aumentará la necesidad de diversificar las modalidades educativas, fortalecer la internacionalización y responder a trayectorias profesionales mucho menos lineales que las actuales.
Todo ello refuerza una idea que numerosos estudiosos de los sistemas de educación superior han planteado y que yo he asumido en algunos de mis artículos en este periódico: la educación superior del futuro difícilmente podrá sostenerse sobre un único modelo de institución de educación superior. La diversidad de perfiles estudiantiles, de necesidades sociales y de formas de producción del conocimiento exigirá un ecosistema mucho más pluriforme y flexible, capaz de responder a una sociedad en constante transformación. La articulación de los subsistemas de educación superior de los países mas avanzados, así lo demuestra.
A mi juicio, el análisis de la transición demográfica y sus consecuencias, debe llevarnos a reconocer que muchas de las decisiones que hoy estamos llamados a adoptar deberán evaluarse no solo por su capacidad para resolver los problemas actuales, sino también por su contribución a preparar al sistema para una realidad profundamente distinta; esto debe orientar los esfuerzos de transformación educativa en marcha para que los veamos, no como esfuerzos que deberán dar respuestas a las dificultades del presente, sino que deben ser esfuerzos orientado a construir nuestra capacidad institución para anticipar y dar respuestas a los desafíos del futuro de la educación nacional.
La incorporación del debate de la transición demográfica como una dimensión esencial al debate educativo nos ofrece una oportunidad extraordinaria para fortalecer esta visión prospectiva tan necesaria al debate educativo. Es evidente que la introducir de la transición demográfica al debate educativo, no desplaza la importancia de la calidad de los aprendizajes, la formación docente, la gobernanza, el financiamiento y la articulación entre los distintos nivels del sistema, estos son dimensiones que continuarán siendo temas esenciales, pero, todos ellos, deberán analizarse a la luz de la realidad demográifca que está modificando silenciasamente las condiciones sobre las cuales fue diseñado el sistema educativo actual; ignorar esa transformación significaría construir la educación del futuro con categorías del pasado.
La transición demográfica ya no pertenece al futuro. Esa transformación está en marcha. El verdadero desafío consiste en incorporarla oportunamente al diseño de la transformación educativa que hoy se está construyendo.
Las reformas suelen responder a los problemas del presente. Las verdaderas transformaciones preparan al país para el futuro. Ese futuro ya comenzó a anunciarse en nuestra transición demográfica. El desafío consiste ahora en incorporarlo con lucidez al diseño del nuevo sistema educativo. Porque las grandes transformaciones educativas no comienzan cuando cambian las escuelas; comienzan cuando una sociedad aprende a comprender el futuro antes de que este termine por imponerse sobre ella.
Compartir esta nota