El verdadero “Gran Salto Adelante” de China no fue el de Mao Tsetung en 1958, que desembocó en una hambruna con decenas de millones de muertos, sino el de las reformas de Deng Xiaoping desde 1978. En cuatro décadas, cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema: la mayor revolución social de la historia, aunque superar ese umbral no equivalga a vivir con holgura.

China pasó de país rural azotado por el hambre a potencia industrial y tecnológica. Aldeas sin electricidad se volvieron megaciudades e hijos de campesinos analfabetos, médicos e ingenieros. La inversión en educación, salud e infraestructura, la urbanización y la apertura económica impulsaron esa transformación.

El gato de Deng y las reformas

El pragmatismo de Deng Xiaoping cabe en una frase célebre: “No importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”. Desde entonces, los resultados pasaron a pesar más que la ortodoxia política.

Las reformas abrieron paso a la iniciativa privada, la inversión extranjera y la competencia. Los campesinos pudieron producir y vender por su cuenta, y millones de personas emprendieron negocios.

El Partido presentó el mercado y la acumulación privada como herramientas para construir las bases materiales del socialismo. Con esa justificación, impulsó el crecimiento con más mercado, propiedad privada y libertad para enriquecerse.

En 1992, adoptó la “economía socialista de mercado”, incorporada a la Constitución al año siguiente. La oferta, la demanda y la competencia desplazaron al plan estatal para decidir qué producir, cuánto y a qué precio.

En 1998, los trabajadores urbanos dejaron de recibir viviendas de sus empleadores y empezaron a comprarlas. En cinco años, los hogares propietarios pasaron del 30% a más del 70%, aunque el suelo sigue siendo estatal y solo se cede en arrendamiento.

En 2013, el Partido atribuyó al mercado un papel “decisivo” en la asignación de recursos e inversiones.

La propiedad privada siguió un camino semejante. En 1988, la Constitución reconoció la economía privada y permitió transferir derechos de uso de la tierra, sin privatizarla. En 1999 declaró al sector privado “componente importante” del sistema.

A finales de los noventa se vendieron o cerraron la mayoría de las pequeñas empresas estatales. En 2004, la Constitución declaró inviolable la propiedad privada legítima, y en 2007 una ley la protegió junto a la estatal y la colectiva.

En 2025, ante la desaceleración económica, Xi Jinping convocó a los empresarios y les dijo que había llegado su momento. Ese mismo año, el país produciría más multimillonarios que ningún otro. Se aprobó también la Ley de Promoción de la Economía Privada para un sector con más de 57 millones de empresas, nueve de cada diez del país.

La norma garantiza competir en igualdad con las estatales, prohíbe discriminarlas en la contratación pública y exige pagos puntuales del Estado. El plan quinquenal iniciado en 2026 apuesta por aumentar el sector.

También se amplió la libertad para enriquecerse. En los años ochenta, Deng defendió que algunas personas y regiones prosperaran primero para contribuir después al bienestar común. Acumular riqueza dejó de ser condenable y pasó a considerarse un incentivo para el desarrollo.

El cambio también llegó al Partido, que en 2002 abrió formalmente sus filas a empresarios privados y reconoció como fuentes legítimas de ingresos el capital, la tecnología y la gestión empresarial, además del trabajo. En 2019 encargó al mercado valorar esas contribuciones y determinar su remuneración.

Socialismo en el discurso, mercado en los hechos

Aunque China fortalece la propiedad privada, el mercado y una clase de grandes empresarios, su Constitución la sitúa en la “etapa primaria del socialismo”. El socialismo sigue siendo el destino anunciado; el capital, un motor creciente del presente.

El Partido fija el rumbo mediante intervenciones y controles. El Estado orienta inversiones, levanta infraestructuras y forma capacidades humanas. Las empresas privadas aportan iniciativa, innovación y producción, movidas por el lucro y la competencia.

Esa combinación ha contribuido a convertir a China en una gran potencia: un capitalismo singular dirigido por un Estado con visión de largo plazo. La prosperidad legitima el sistema, aunque la acumulación privada genere diferencias de clase y desigualdad. Mejorar el reparto mediante impuestos y mejores servicios públicos no equivale a superar el capitalismo.

Los medios también transforman los fines. El mercado crea propietarios e intereses que no necesariamente cederán paso a la meta anunciada, que podría diluirse en un capitalismo redistributivo presentado como el “socialismo con características chinas” o mantenerse como una promesa siempre aplazada.

Lo que se afianza cuesta transformar

Mientras el modelo sostenga la prosperidad y la condición de superpotencia, lo más probable es que sus dirigentes hagan ajustes y corrijan desequilibrios sin abandonar la fórmula que les ha dado resultados.

La dependencia de la inversión y los ingresos fiscales provenientes de la actividad privada refuerza la influencia empresarial. Un cambio debe prever sus efectos sobre el empleo y la inversión, y proteger a los más débiles que cargarían con los costos.

Además, ya el empresariado es parte del poder. Su admisión en el Partido abrió vías para aliarse con funcionarios y dirigentes y defender sus intereses. Quien debería conducir un cambio tiene dentro de casa a quienes perderían con él.

La crisis inmobiliaria, el consumo débil, las deudas locales, la dependencia exportadora, las tensiones comerciales con Estados Unidos y el envejecimiento poblacional presionan al crecimiento. Ante la debilidad económica, la respuesta habitual ha sido impulsar al sector privado.

Las restricciones de 2020 y 2021 mostraron los costos de intervenir. Tras las críticas de Jack Ma a los reguladores, el gobierno suspendió la salida a bolsa de Ant Group, su empresa financiera, similar a PayPal.

También investigó a Didi, la Uber china, poco después de su debut bursátil en Nueva York. Las intervenciones alteraron las expectativas de inversión y las empresas chinas cotizadas en Estados Unidos perdieron 400,000 millones de dólares. Quedaron expuestos tanto el poder del Partido como la sensibilidad del mercado.

Aquellas medidas endurecieron la regulación sin sustituir la propiedad privada ni el mercado. Una transformación profunda encontraría resistencias mayores.

Además de los intereses creados, se opondrían también la cultura de consumo y las estructuras sociales construidas durante cuatro décadas de acumulación privada. Esa es la verdadera trampa del sistema: cuanto más se afianza, más cuesta reemplazarlo y no son suficientes las consignas.

Prosperidad a cambio de obediencia

El sistema político restringe la organización de los trabajadores y los sectores populares para reclamar un socialismo democrático. Sindicatos y mecanismos de participación operan bajo el Partido, sin centrales obreras independientes, movimientos sociales autónomos ni voces públicas que disputen el mañana a las autoridades.

El sistema ofrece estabilidad, crecimiento y la promesa de un futuro mejor. Es un trueque silencioso donde se intercambia prosperidad por obediencia.

Forma trabajadores y consumidores antes que sujetos democráticos. La sociedad tiene conflictos y opiniones propias, pero carece de cauces para expresarlos.

Una democracia socialista exigiría fortalecer la organización autónoma de los trabajadores y su capacidad de decidir sobre el futuro, la riqueza y las prioridades nacionales.

Sin embargo, el poder se concentra en una estructura piramidal sin contrapesos. En su cima está Xi Jinping, cuya figura la propaganda asocia con la prosperidad y los logros científicos, deportivos, tecnológicos y de infraestructura.

Desde Mao Tsetung, ningún dirigente chino había concentrado tanto poder. El pensamiento de Xi se incorporó a los estatutos del Partido en 2017 y a la Constitución en 2018, cuando también se eliminó el límite de dos mandatos presidenciales, una restricción a la perpetuación en el poder.

La exaltación personal acompaña el debilitamiento del liderazgo colectivo. La lealtad al Partido se confunde con la lealtad a Xi. La campaña anticorrupción ha castigado abusos reales, aunque sus críticos señalan que también ha apartado adversarios.

Las democracias representativas tienen limitaciones, pero los frenos legislativos y judiciales a las pretensiones autoritarias y continuistas de Donald Trump ilustran el valor de los contrapesos. Reconocerlo no implica ignorar la influencia del dinero en la política, donde quienes más tienen cuentan con mayores posibilidades de hacer prevalecer sus intereses. La metáfora de “un dólar, un voto” denuncia esa desigualdad frente al principio democrático de “una persona, un voto”.

Una sociedad sin política

El resultado de los factores mencionados es una gran población apolítica y desideologizada. Las capacidades políticas se desarrollan ejerciéndolas: en la fricción con los adversarios, en la búsqueda de alianzas, en el sindicato que negocia con el empresario, en la asociación vecinal que reclama obras para su comunidad y en el debate entre quienes piensan distinto. Cuando esos espacios quedan subordinados a una autoridad superior, se limita la autonomía y el empoderamiento colectivo.

Sin espacio político, ganan peso el enriquecimiento personal, el consumo y el entretenimiento digital. Quienes han vivido en el país por negocios suelen destacar el gran amor al dinero.

La juventud destaca por su educación y sus resultados en PISA, pero también por el consumo, la fascinación tecnológica y la pasividad política. El desencanto suele expresarse como retirada antes que protesta: el tang ping, “quedarse tumbado”, la renuncia silenciosa a dinamizarse y competir.

Teléfonos, aplicaciones y videojuegos pueden llenar parte del vacío político y una población volcada en producir y consumir resulta funcional a una fábrica del tamaño de un país.

La prosperidad ofrece razones para mantener el rumbo y los intereses acumulados dificultan cambiarlo. Si, además, quienes podrían impulsar una alternativa carecen de organización autónoma, el horizonte socialista pierde fuerza como posibilidad efectiva.

Una sociedad se reconoce por sus relaciones de propiedad, el reparto de la riqueza y la libertad para construir su propio destino. La pregunta decisiva no es, entonces, de qué color es el gato, sino quién decide qué debe cazar y cómo se reparte lo conseguido. Sin un verdadero giro de fondo, la bandera seguirá siendo roja, pero la nación, cada vez menos.

El último hombre que imaginó Francis Fukuyama, satisfecho y sin grandes causas, no vive solo en cualquier ciudad occidental, sino también en Shenzhen, con un teléfono en el bolsillo, una bolsa del supermercado en la mano y ningún interés por saber cómo se toman las decisiones.