Conociendo la extensión de la expectativa de vida, en casi todo el mundo, sea cual sea el régimen de contribución existente, las reformas modernas de la seguridad social procuran evitar o desalentar la jubilación temprana, debido a que ahora a los sesenta casi todas las personas conservan una notable capacidad de trabajo productivo. De hecho, al momento de la creación del sistema dominicano, algunos técnicos planteamos que se llevara a 65 años, para dar tiempo a que los trabajadores acumularan un fondo mayor, pero nuestra idea no prosperó.
Hay otros elementos básicos que limitan la eficacia de la seguridad social, como los bajos salarios reales, la informalidad laboral, el desempleo y la baja carga tributaria, que impide subsidiar las pensiones. Y ahora se agrega la creciente preocupación de que muchos empleos los ejecute un robot.
En resumen, sea cual sea el sistema de SS que un país adopte, la tendencia será acumular fondos durante las primeras décadas; también es seguro que cuando se acumulan recursos, algún uso se les dará y alguien tiene que administrarlos para sacarles provecho, en beneficio de los dueños. Puede ser el Estado o empresas privadas, llámense AFP, IDSS o como se llamen. Factores accesorios que influyen sobre el rendimiento y, por tanto, sobre el fondo acumulado, son el costo de administración y el margen de intermediación, en lo cual sí cuenta que sean AFP’s privadas o públicas o una eventual agencia estatal.
Pero cuando la administración funciona muy mal, y recordemos el caso del IDSS, los gastos administrativos, el clientelismo, la corrupción o, sencillamente el uso del dinero en la necesidad más inmediata, como es la atención de salud, cuando llega el momento de la pensión no hay dinero con qué pagarla, como nos lo recuerda la vieja vigilia de un grupo de antiguos cañeros frente al Palacio de gobierno.
Reformar el sistema de pensiones no es un juego de niños, como tampoco puede convertirse en una lista de deseos y complacer peticiones. El sistema de seguridad social es un tema macroeconómico serio, y la macroeconomía es implacable: no existe tal cosa como el desayuno gratis, y un buen sistema de pensiones cuesta dinero. Alguien tiene que pagarlo.
Y aunque parezca algo inhumano proponerlo, ante el “problema” del incremento de la esperanza de vida, lo lógico es que la gente se pensione más tarde, pero también que contribuya más mientras trabaje. Y aquí viene el otro problema y es que, en la República Dominicana, por los bajos salarios y la difundida informalidad laboral, hay poca capacidad para acumular un gran fondo.
De modo que, si optamos por seguir con el esquema de capitalización individual, no vamos a tener más remedio que admitir que al final lo que la gente va a recibir es una ayuda que le permita vivir, pero de ninguna manera conservando el ingreso que tenía cuando estaba activo. Compatible con eso está el hecho de que los compromisos económicos también bajan, pues habitualmente ya no hay que criar y educar una familia, comprar vivienda, ni los costos del transporte vinculados con la educación y el trabajo; aunque claramente se elevan los gastos de salud, entretenimiento y cultura.
Claro está, el Estado puede optar por olvidarse de eso y establecer un sistema de reparto (beneficios definidos) en que les garantice el 80% y hasta el 100% del salario, pero entonces tiene que identificar los impuestos de donde va a salir el dinero. De eso hay amplia experiencia en Uruguay, en la mayor parte de Europa y Asia, en que el contribuyente tiene que cargar con una alta carga tributaria, para que el fisco se haga cargo de garantizar las pensiones. Por eso siempre he sostenido que la reforma de la SS constituye siempre un pacto fiscal.
En caso de estos aspectos no ser abordados con el debido rigor, cualquier modificación legal que se esté considerando en el Congreso o en el CES, no pasará de constituir parches que complacerán a algunos grupos con mayor capacidad de presión, pero persistirá el mal de raíz, en que las bajas pensiones son un gran problema, pero el verdadero problema son el 60% de la población que no va a recibir ninguna, conviviendo con una fracción inferior al 0.1% que se autoasignan pensiones de lujo sin habérsela ganado. No considerar ese 60% equivale a olvidarse de la justicia social, y a que permanezca en la mayoría del pueblo la sensación de que el progreso es puro cuento.
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