También puede ocurrir que sin integralidad alguien pasa de un empleo a otro y al final se haya pasado la vida cotizando en distintos segmentos, o haya cotizado lo suficiente, pero al final no alcance los requisitos exigidos, pues ninguno de los subsistemas se lo reconoce. Teóricamente eso se resuelve reclamando la devolución, o con el bono de reconocimiento que manda la ley, pero eso es más teórico que real. Por lo menos, el autor de este artículo, que por mucho tiempo cotizó en universidades y en el propio Gobierno Central, hace tiempo que pasó lo aportado a cuentas incobrables.
Posiblemente el caso más crítico es el de los pobres dominicanos que tuvieron que emigrar tras pasarse años cotizando en el país. También teóricamente, como lo dice la ley y lo establece un convenio de la OIT, su fondo debería acompañarle a donde vayan, pero de ahí al hecho hay un gran trecho, y lo más justo ahora sería devolverles lo acumulado.
En lo referente al régimen contributivo, los sistemas que conocemos hasta hoy, entiéndase los de reparto y los de capitalización individual, así como distintas combinaciones que toman partes de uno y otro, han venido dejando grandes insatisfacciones en el mundo. En el caso de los de reparto, es probable que el equilibrio actuarial no dure mucho, porque su propia naturaleza los va conduciendo a acumular déficits.
Por algunas razones, la curva de ingresos en el ciclo vital se caracteriza porque los jóvenes comienzan con ingresos relativamente bajos, suben en la etapa de la madurez, para caer notablemente o desaparecer en las edades más avanzadas, momento a partir del cual se consumen las reservas, los fondos decaen y el sistema entra en déficit. Por eso la insatisfacción no viene tanto de los afiliados, que al tener beneficios definidos siempre van a recibir lo previsto, sino de los ministerios de Hacienda y Economía, así como los contribuyentes que, al final, tienen que pagar las cuentas pendientes.
En los de capitalización individual, con contribución definida, pero sin prestaciones garantizadas, el trabajador asume la mayor cuota de riesgos, de forma tal que la insatisfacción proviene de los afiliados, ante la perspectiva de bajas tasas de reemplazo del salario que van a recibir, es decir, la endeble pensión.
Como estos sistemas generalmente son administrados por AFP’s, entonces mucha gente cree que la baja pensión obedece a la existencia de las mismas, por lo que protestan y luchan por su eliminación. Pero si fuera así, entonces países como Uruguay o la mayoría de los europeos tendrían cotizaciones bajísimas, impuestos bajos y jubilación temprana; y no es así, porque el problema del sistema de pensiones es macroeconómico: sea de reparto o capitalización, alguien tiene que pagar por las pensiones. Y cuando no es por vía de contribuciones obligatorias, es por impuestos.
Los problemas de fondo de la seguridad social en nuestro país y gran parte de Latinoamérica son la crónica debilidad del Estado, la informalidad laboral, el progresivo envejecimiento de la población, la creciente concentración del ingreso y la riqueza, y el impacto de la tecnología sobre el empleo y los salarios futuros. Y, por tanto, sobre la distribución del ingreso y la capacidad de financiar buenos sistemas de pensiones. Sobre cada uno de ellos se han escrito muchas páginas, e incluso el suscrito les ha dedicado diversos artículos.
Comencemos con la debilidad institucional. En la República Dominicana el Estado dispone, pero no impone. Aprueba leyes, decretos y resoluciones, pero no está en condiciones de hacerlas cumplir. Sencillamente, no tiene poder. El poder lo ejercen otros. Esto dificulta la gobernanza, es decir, la capacidad del Estado de formular políticas correctas y eficaces.
Por ejemplo, ¿alguien sabía que desde hace casi 15 años está prohibido que las clínicas y hospitales exijan a los asegurados depósitos o anticipos como garantía de recibir el servicio, o negar el servicio al que no tenga dinero? ¿O también que está prohibido negar servicio de emergencia a los asegurados, aunque estén afiliados a una ARS diferente a la del establecimiento? Pero, ¿está el Estado en capacidad de garantizar que esto se cumpla?
Conociendo su propia limitación, el Estado mismo delega gran parte de sus atribuciones. Para ello crea consejos, comisiones y ahora fideicomisos. Es la crónica debilidad del Estado lo que permite la captura de las instituciones para maniobrar y extraer ganancias oligopólicas de un mercado cautivo.
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