En virtud de que los pobres son muchos, y el sector informal demasiado amplio, cada día se hace más complicado administrar y financiar los sistemas de SS. Y considerando su alto costo, dando por sentado la necesidad de ambos componentes (contributivo y subsidiado), hay que tener presente que amplios segmentos de la población, por sus características socioeconómicas, van a estar en la frontera entre ambos, y se requieren mecanismos destinados a evitar trasvase entre uno y otro, o que sean usados como medio de evasión.
Por eso se requiere la separación tajante entre ellos, siempre como un sistema, pero con fuentes de financiamiento y administración distintas. También es necesario evitar que se use el componente contributivo para subsidiar el asistencial, salvo una cuota predefinida para ello, porque entonces se corre el riesgo de romper el equilibrio actuarial y su subsistencia a largo plazo.
Después de la universalidad, el segundo principio que debe tener un sistema de seguridad social es la obligatoriedad. La concepción económica (y política) más liberal, defiende la idea de que no se debe obligar nadie, sino que todo individuo debe ser libre de, durante su vida activa, tomar una parte de sus salarios o ingresos para hacer acopio de una provisión para afrontar la vejez.
Pero esto esconde la certeza de que hay una porción demasiado grande de los trabajadores que están esperando a cobrar su sueldo para atender las necesidades más elementales de supervivencia, y mal podrían estar pendientes de apartar una proporción para los riesgos de la vejez. Otra porción mucho más pequeña seguramente estaría en capacidad de apartar un porcentaje, pero lo más probable es que lo vayan postergando hasta darse cuenta de que la vejez o la pérdida de capacidad irremisiblemente les ha llegado, casi sin previo aviso.
De tal forma que, aunque la capitalización sea individual y cada afiliado tiene su cuenta identificada, sus fondos no se pueden retirar, pues tiene que estar disponible para el momento de la pensión. Sin obligatoriedad se afiliaría quien quiera, o muchos querrían utilizar su fondo como una libreta de ahorros donde puedan retirar cuando deseen, e igualmente llegarían al final de su vida productiva sin los recursos requeridos para su retiro.
También hay que evitar salidas oportunistas del contribuyente, para después venir a reclamar al Estado que le resuelva el problema. Ni se puede permitir la exclusión de algunos segmentos porque, en cualquiera de estas circunstancias, es casi seguro que el contribuyente que cotiza terminaría cargando con la triple carga: crear su propio fondo, pagar por el que logró evadir su responsabilidad, y contribuir por medio de impuestos con el componente asistencial a cargo del Estado.
Eludir la obligatoriedad de afiliación y cotización estaría dando lugar a insostenibilidad financiera, desequilibrios fiscales, endeudamiento público y efectos distributivos al revés, en que probablemente segmentos más pobres terminen subsidiando a los más ricos por vía del sistema tributario, pero también generarían un ambiente de desencanto en que el sistema pierde apoyo, más gente quiere salirse por la injusticia y la SS termina sucumbiendo.
Para conseguir la solidaridad al interior del sistema el otro principio más importante es el de la integralidad. Esto implica evitar la segmentación por estratos o sectores sociales, lo cual fue históricamente el error más grande y costoso de América Latina, responsable parcial de que sea la región de más inadmisible concentración del ingreso: la existencia de sistemas paralelos separados para segmentos poblacionales o grupos de empleados.
En la República Dominicana se ha permitido algo inaudito: que los grupos más privilegiados, justamente los que tendrían que hacer el mayor aporte a la solidaridad del sistema, se vayan saliendo del mismo y creando el suyo propio de manera segmentada. Este es el caso de los empleados de bancos del Estado, de las llamadas instituciones “constitucionales” (como si las demás fueran inconstitucionales), los maestros y varios otros grupos, con el agravante de que sus esquemas les suelen permitir eludir requisitos del sistema, como los años de aporte requeridos o la magnitud del fondo a acumular.
Con eso, tenemos la injusticia de ver pensiones millonarias, que ni siquiera se ven en los países más ricos del mundo, conviviendo con la miseria que reciben los del montón. Incluso algunos establecen pensión a personas que fueron electas para períodos de apenas cuatro años. Esto a su vez tiene el agravante de que son los contribuyentes, principalmente los consumidores, los que terminarán costeándolas, por medio de los impuestos que pagan.
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