Lumumba, Trujillo y la responsabilidad en asesinatos de EEUU que nunca se juzgó

Hay muertes que ocurren una sola vez, en una carretera oscura o en un claro perdido del mundo, y hay otras que no terminan nunca, porque siguen repitiéndose en la memoria de los pueblos, en los archivos desclasificados y, a veces, en los tribunales.

Sesenta y cinco años después de haber sido ejecutado en silencio, el nombre de Patrice Lumumba ha regresado —no como recuerdo, sino como expediente—.

Un tribunal en Bruselas ha decidido que un hombre de noventa y tres años, Étienne Davignon, funcionario diplomático belga, debe sentarse ante la justicia acusado de haber participado en el secuestro, la transferencia ilegal y el destino final del primer primer ministro del Congo independiente.

No es solo un proceso judicial.

Es una escena improbable donde el tiempo parece haber cometido un error, donde los hechos que se creían enterrados vuelven a respirar bajo la luz fría de un tribunal europeo.

Durante décadas, el asesinato de Lumumba fue contado como una historia incompleta, como un episodio confuso en medio del caos de la independencia africana.

Pero los hijos del propio Lumumba —con una paciencia que solo tienen quienes han heredado una herida— iniciaron hace quince años una querella que hoy ha llegado a este punto: el sometimiento judicial de quien sería el último sobreviviente de aquellos funcionarios belgas que, según la acusación, participaron en la trama que terminó en la ejecución de Lumumba y de sus compañeros.

El tribunal no habla de historia.

Habla de responsabilidad.

Habla de detención ilegal, de traslado forzado, de trato degradante, de muerte.

Pero la historia está ahí, detrás de cada palabra jurídica, respirando entre líneas.

Porque el Congo de 1960 no era solo un país que nacía. Era un territorio donde chocaban intereses más grandes que sus propias fronteras. En ese mundo dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la independencia era un concepto relativo. Se concedía, sí, pero bajo vigilancia.

Lumumba no aceptó esa vigilancia.

Y al no aceptarla, se convirtió en un problema.

Años después, investigaciones oficiales en Estados Unidos —como las del Church Committee— revelarían que la CIA no solo observaba, sino que actuaba.

Que consideraba a Lumumba un peligro. Que había concebido planes para eliminarlo. Que había participado, directa o indirectamente, en la construcción de las condiciones que hicieron posible su caída.

No hizo falta que el disparo fuera suyo.

Bastó con que el destino quedara sellado.

En el Caribe, mientras tanto, otra historia avanzaba con una lógica distinta, pero con un final que termina por parecerse demasiado.

El mismo informe del Senado de Estados Unidos que investigó el asesinato de Lumumba, en el que estuvo involucrada la CIA, también investigó la muerte de Trujillo y la califica como un asesinato.

Rafael Leónidas Trujillo no cayó por ser imprevisible, sino por haber dejado de ser tolerable. Durante años había sido parte de un equilibrio funcional. Pero ese equilibrio cambió, y con él cambió también su lugar en el tablero.

Los documentos desclasificados demostraron más tarde que la CIA conocía el complot que se gestaba contra él, que había establecido contactos, que había facilitado medios. El 30 de mayo de 1961, en una carretera dominicana, los disparos fueron ejecutados por hombres dominicanos.

Pero la historia —como ocurre ahora en Bruselas— no se agota en el instante del disparo.

Se extiende hacia atrás, hacia las decisiones previas, hacia las autorizaciones tácitas, hacia los silencios que permiten que ciertos hechos ocurran.

Y es precisamente ahí, en ese espacio anterior al disparo, donde aparece una dimensión que nunca fue plenamente explorada: la del derecho.

Porque si en el caso de Lumumba, hoy, más de medio siglo después, la justicia europea se atreve a reconstruir responsabilidades individuales, surge inevitablemente una pregunta incómoda en el Caribe: ¿por qué no ocurrió lo mismo con Trujillo?

A la luz de los hallazgos del Church Committee, que documentaron el conocimiento, los contactos y el apoyo de la CIA a los conspiradores, se abre una posibilidad que nunca fue llevada hasta sus últimas consecuencias.

En buen derecho, los familiares de Trujillo habrían podido plantear una reclamación contra el Gobierno de Estados Unidos, argumentando que existió, al menos, una forma de patrocinio, inducción o facilitación en el proceso que condujo a su asesinato.

No se trataba de probar quién disparó.

Se trataba de establecer quién hizo posible que se disparara.

Esa distinción —sutil pero decisiva— es la misma que hoy permite que un tribunal europeo examine hechos ocurridos en 1961 bajo la categoría de responsabilidad penal.

Pero en el Caribe, ese camino no se recorrió.

No hubo querella internacional.

No hubo tribunal.

No hubo expediente.

Hubo, en cambio, silencio.

Un silencio que no necesariamente significaba ausencia de hechos, sino ausencia de voluntad para someterlos a juicio.

Por eso, el sometimiento judicial que hoy se abre en Bélgica no es un episodio aislado.

Es un espejo tardío.

Un espejo que refleja no solo a Lumumba, sino a toda una época en la que el destino de los países podía decidirse lejos de ellos.

Porque lo que el tribunal intenta establecer —aunque no lo diga en esos términos— es algo más profundo que una culpabilidad individual: es la existencia de una cadena de decisiones.

Una cadena donde se mezclan gobiernos, servicios de inteligencia, intereses económicos y miedos geopolíticos.

Una cadena que no termina en el lugar donde se ejecuta la muerte, sino en el lugar donde se decide que esa muerte es aceptable.

Durante mucho tiempo se quiso separar estas historias, como si el Congo y la República Dominicana pertenecieran a universos distintos. Pero el juicio que hoy se abre en Europa sugiere lo contrario.

Sugiere que existe una continuidad.

Que hay una lógica común.

Que el siglo XX no fue solo un enfrentamiento ideológico, sino también un sistema de intervenciones donde la soberanía de los países era, en última instancia, negociable.

Intentaron borrar a Lumumba.

Disolver su cuerpo.

Eliminar toda evidencia.

Pero no contaban con algo que ningún sistema puede controlar completamente: el tiempo cuando decide volverse contra el olvido.

Hoy, su nombre vuelve a pronunciarse en un tribunal.

No como un recuerdo.

Sino como una acusación.

Y en esa acusación —aunque no figure en el expediente— también resuena la historia del Caribe, de Trujillo, y de todas aquellas responsabilidades que nunca fueron llevadas ante un juez.

Porque hay muertos que no mueren.

Y hay juicios que no comienzan cuando se presentan los cargos, sino cuando la historia decide, finalmente, ser escuchada.