Hubo un tiempo en que los viajes oficiales no eran simples recorridos diplomáticos, sino escenarios móviles donde se entrecruzaban la política, el espionaje y el destino de hombres marcados por la lealtad o la traición.
El viaje de Rafael Leónidas Trujillo a España en 1954 pertenece a esa categoría histórica en la que los gestos públicos ocultaban decisiones secretas y los acompañantes visibles convivían con operadores invisibles.
Entre los presentes en aquel periplo europeo se encontraba el joven periodista Rafael Molina Morillo, figura que con los años alcanzaría notoriedad en el periodismo dominicano.
Su presencia junto al dictador en Madrid y Roma en ese itinerario ha sido relatada como una experiencia profesional cercana al poder. Posteriormente fue incorporado al Servicio Exterior del régimen, no para hacer juegos de casino.
Sin embargo, para quien observa la historia desde la perspectiva de las operaciones transnacionales del régimen trujillista, aquella cercanía adquiere un significado distinto: situaba al periodista dentro de un círculo donde se cruzaban diplomacia, inteligencia y control del relato internacional del régimen.
La década de 1950 fue el momento en que Trujillo intensificó su preocupación por los desertores intelectuales que, desde el exilio, desnudaban la naturaleza del régimen. Dos nombres se volvieron particularmente obsesivos para el dictador: Jesús de Galíndez y José Almoina. Ambos habían conocido desde dentro los mecanismos del poder trujillista; ambos terminaron convertidos en críticos; ambos serían finalmente eliminados.
El caso de Galíndez, secuestrado en Nueva York en marzo de 1956 y desaparecido tras ser trasladado clandestinamente a Santo Domingo, reveló al mundo la capacidad del régimen para operar fuera de sus fronteras.
La operación implicó redes logísticas complejas, pilotos civiles, intermediarios privados y operadores vinculados a estructuras de inteligencia paralelas.
En ese entramado aparece la figura de Robert Maheu, intermediario que actuaba como enlace entre contratistas privados y entornos de inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría.
Dentro de las reconstrucciones historiográficas surge también el nombre de John Joseph Frank, ex agente federal que habría sido reclutado a través de esas redes privadas y vinculado al aparato de seguridad internacional del régimen dominicano desde mediados de los años cincuenta.
La lógica operativa era coherente con la época: el uso de intermediarios negables permitía ejecutar acciones sensibles sin comprometer formalmente a gobiernos ni a agencias oficiales.
Ese modelo de acción, basado en operadores privados, empresas de seguridad y contactos personales, constituye el trasfondo de la desaparición de Galíndez.
No se trató de una improvisación, sino de una operación planificada con un grado notable de coordinación internacional.
Cuatro años más tarde, en 1960, el asesinato de José Almoina en México cerró trágicamente el círculo. Antiguo colaborador del régimen y luego crítico, Almoina se convirtió en otro objetivo de la maquinaria represiva transnacional.
Su muerte evidenció que la eliminación de opositores no había sido un episodio aislado en 1956, sino una política sistemática del régimen contra quienes consideraba desertores peligrosos.
Es en ese contexto donde la figura de Molina Morillo ha sido objeto de cuestionamientos historiográficos y memorias críticas.
Tras el viaje europeo de 1954, su posterior presencia en escenarios como México y Panamá —territorios donde circulaban exiliados dominicanos y antiguos colaboradores del trujillismo— ha sido interpretada por algunos observadores como indicio de proximidad a los circuitos políticos y diplomáticos que rodeaban a esos acontecimientos.
La coincidencia temporal con los años en que Galíndez y luego Almoina se encontraban en situación de riesgo alimenta sospechas retrospectivas sobre el grado de conocimiento que pudieron tener quienes se movían en esos ambientes.
Se ha mencionado también la entrega posterior de diez mil dólares de la época, suma considerable que hoy equivaldría a más de ciento veinte mil dólares.
En términos históricos, tal cantidad no puede considerarse trivial. Sin embargo, la historiografía rigurosa debe distinguir entre el significado contextual de un pago y la prueba documental de su finalidad específica.
Hasta hoy no existe evidencia archivística pública que vincule de manera directa esa suma con operaciones contra Galíndez o Almoina.
Puede interpretarse como reconocimiento político, compensación profesional o gesto de fidelización dentro del círculo del régimen; afirmar que se trató de un pago por servicios relacionados con operaciones clandestinas exigiría documentación concluyente que no ha emergido de los archivos desclasificados.
La cuestión central no reside en establecer culpas sin pruebas, sino en comprender el clima histórico en el que se desenvolvían periodistas, diplomáticos y operadores durante los años finales del trujillismo.
En ese ambiente, la cercanía al poder implicaba inevitablemente una convivencia con silencios, informaciones fragmentarias y zonas grises donde la línea entre observador y participante podía volverse difusa.
Muchos sabían más de lo que podían decir; otros intuían lo que ocurría sin participar directamente en ello.
El sistema autoritario generaba ese tipo de proximidades ambiguas como parte de su propia lógica de control.
comprender el clima histórico en el que se desenvolvían periodistas, diplomáticos y operadores durante los años finales del trujillismo.
En ese ambiente, la cercanía al poder implicaba inevitablemente una convivencia con silencios, informaciones fragmentarias y zonas grises donde la línea entre observador y participante podía volverse difusa.
Muchos sabían más de lo que podían decir; otros intuían lo que ocurría sin participar directamente en ello.
Dentro de ese escenario se movieron múltiples actores, algunos visibles y otros invisibles, algunos comprometidos y otros simplemente testigos silenciosos.
La historia, cuando se narra con rigor, debe reconocer esa complejidad.
Ni la inocencia absoluta ni la culpabilidad automática resisten el análisis documental.
Lo que sí resiste es el reconocimiento de que aquellos años estuvieron marcados por operaciones clandestinas, alianzas tácitas y decisiones tomadas en la penumbra. En ese mundo de sombras, la presencia de figuras cercanas al poder en momentos críticos inevitablemente suscita interrogantes que los archivos aún no han terminado de responder.
Así, el viaje de Trujillo a España y la trayectoria posterior de quienes le acompañaron quedan inscritos en el gran drama político del Caribe de la Guerra Fría: un tiempo en que la diplomacia oficial convivía con la inteligencia encubierta y en que la eliminación física de adversarios se convirtió en instrumento extremo de supervivencia política.
Entre Madrid, Nueva York y México se tejió una red de acontecimientos que culminó en dos asesinatos que aún resuenan en la memoria histórica dominicana y continental.
El historiador riguroso no puede convertir las sospechas en sentencias, pero tampoco puede ignorar los contextos que las hacen verosímiles.
La cercanía al poder en aquellos años no era inocente en sentido político, aunque tampoco equivalía automáticamente a participación operativa.
La verdad histórica se sitúa, como tantas veces, en esa franja intermedia donde los documentos, los silencios y las trayectorias personales se entrelazan formando un mosaico incompleto.
Ese mosaico, todavía hoy, continúa revelando que la Guerra Fría caribeña no fue solo un conflicto ideológico, sino también una lucha clandestina por el control del relato y la eliminación de las voces disidentes.
Y en esa lucha, los viajes oficiales, los pagos discretos y los movimientos transnacionales de periodistas y operadores se convirtieron en piezas de un tablero mucho más amplio que solo décadas después comenzamos a comprender en toda su dimensión.
En 1978 Juan Bosch sometió a la justicia a El Nacional, dirigido por Molina Morillo, por difamación. Antes hubo relaciones cordiales. Este hecho no fue menor: Bosch rara vez litigaba en tribunales ; cuando lo hacía, era porque consideraba la acusación grave y moralmente inaceptable. Incluso escribió artículos que están en sus Obras Completas atacando a Molina Morillo.
Ese pleito indica que Bosch no veía en Molina Morillo un simple adversario periodístico, sino a alguien que —según su percepción— había cruzado una frontera ética. Bosch veía la historia dominicana como lucha entre poder económico y voluntad popular. Desde esa óptica, Molina Morillo pudo aparecer ante él como operador de poder, no como periodista neutral.
Molina Morillo fue periodista activo en los años finales del trujillismo y mantuvo proximidad profesional con figuras del régimen y de su aparato internacional.
Bosch, que había sufrido persecución, exilio y derrocamiento (1963), tenía una memoria política implacable: distinguía entre quienes resistieron la dictadura y quienes se adaptaron a ella.
Conservo desde 1980 un pase temporal de la ONU de noviembre de 1980 cuando estuve junto a Juan Bosch como representante en el WPC.
Cuando vio de lejos a Molina Morillo, Juan Bosch usó calificativos impublicables. Molina había vendido sus acciones en El Nacional en 1979 y en 1980 era embajador ante la ONU.
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