Cuando una madre abre la llave en la mañana y solo escucha el soplido seco de una tubería vacía, no piensa en planificación institucional. Piensa en el café que no puede preparar, en el desayuno que se retrasa y en sus hijos, que deben salir hacia la escuela sin que el día haya comenzado como debía.

Cuando un padre pierde dos horas atrapado en un tapón, no reflexiona sobre estrategias nacionales. Piensa en el tiempo que deja de compartir con su familia, en el cansancio acumulado y en la frustración de llegar a casa cuando sus hijos ya duermen.

Cuando una madre mira el reloj una y otra vez porque su hija o su hijo aún no regresan de la universidad o del trabajo, no piensa en estadísticas sobre seguridad ciudadana. Piensa en si llegará sano y salvo a casa. Cada minuto de incertidumbre pesa más que cualquier discurso.

Cuando una familia ve cómo aumenta la cuenta del supermercado; cuando un estudiante no puede terminar sus tareas porque se fue la luz; cuando los alimentos se dañan en el refrigerador; o cuando el calor obliga a toda una familia a pasar la noche en vela porque ni un abanico funciona, lo que sienten no es una estadística. Es preocupación. Es incertidumbre. Es frustración. Es la sensación de que muchos de los problemas cotidianos nunca terminan de resolverse.

A primera vista parecen situaciones distintas. Sin embargo, todas nacen de la misma raíz: un país que, con demasiada frecuencia, espera a que los problemas estallen para enfrentarlos, en lugar de anticiparse a ellos.

Durante años nos hemos acostumbrado a apagar incendios. Cuando una carretera colapsa, la reconstruimos. Cuando una crisis internacional afecta nuestras exportaciones, buscamos soluciones de emergencia. Cuando el agua deja de ser suficiente, entonces aceleramos proyectos que debieron planificarse mucho antes.

Gobernar reaccionando siempre resulta más costoso que gobernar planificando. Cuesta más dinero, consume más tiempo y, sobre todo, termina afectando la calidad de vida de la gente. La falta de planificación no solo presiona los presupuestos públicos; también se paga en tranquilidad, en oportunidades perdidas y en la esperanza de millones de familias.

Las naciones que lograron transformaciones profundas no lo hicieron porque sus gobiernos fueran expertos apagando fuegos, sino porque aprendieron a evitarlos. Comprendieron una verdad sencilla que cualquier familia dominicana conoce: ningún hogar puede construir su futuro improvisando.

Las madres dominicanas son, probablemente, las mejores planificadoras del país. Con un presupuesto muchas veces insuficiente logran alimentar, educar y sacar adelante a sus hijos. Organizan cada gasto pensando en el mañana. Si eso ocurre en millones de hogares, ¿por qué habría de ser diferente cuando se administra un país?

La República Dominicana ya decidió enfrentar ese desafío. Ese compromiso tomó forma en la Ley 1-12, que instituyó la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) como una verdadera política de Estado. Impulsada durante el liderazgo del presidente Leonel Fernández, esta visión fue concebida para trascender los períodos de gobierno y ofrecer un rumbo compartido al país. No nació como el programa de una administración ni como la propuesta de un partido, sino como un compromiso nacional para orientar el desarrollo durante varias décadas.

La premisa era sencilla y poderosa: el desarrollo sostenible no puede depender de decisiones improvisadas ni cambiar de dirección cada cuatro años. Un país solo avanza de manera consistente cuando existe una visión común que guía las grandes inversiones, las reformas y las políticas públicas.

Por eso la END no es un documento reservado para técnicos. Es una hoja de ruta que busca mejorar la vida de cada dominicano. Habla del empleo digno, del agua que debe llegar con regularidad, de una educación que prepare a nuestros jóvenes, de la seguridad que permita a una madre esperar a su hijo con tranquilidad, de un sistema de salud más humano, de una energía confiable, de ciudades mejor organizadas, de instituciones transparentes y de una economía capaz de crear oportunidades para todos.

En otras palabras, habla de aquello que verdaderamente importa: la calidad de vida de las familias dominicanas.

Lamentablemente, con el paso de los años ese gran acuerdo nacional ha ido perdiendo protagonismo. Las urgencias del día a día han desplazado la planificación de largo plazo y, con demasiada frecuencia, la coyuntura termina imponiéndose sobre la estrategia.

Los desafíos de hoy nos recuerdan por qué necesitamos recuperarla. No podemos seguir sorprendidos cada vez que una crisis internacional afecta nuestra economía, ni resignarnos a que cada administración comience desde cero como si el desarrollo pudiera construirse sin continuidad.

El verdadero progreso no se mide solo por los indicadores macroeconómicos. También se refleja en el tiempo que una familia pasa unida, en el agua que llega a sus hogares, en la seguridad de regresar a casa, en la posibilidad de estudiar cuando cae la noche y en las oportunidades que reciben nuestros jóvenes.

Rescatar la Estrategia Nacional de Desarrollo no significa “mirar pa' tras”. Significa recuperar una forma de gobernar basada en la planificación, la continuidad y la visión de Estado.

Los dominicanos no necesitan más soluciones de último momento. Necesitan un rumbo claro.

Porque cuando una nación planifica con visión, el agua llega antes que la desesperación; la seguridad llega antes que el miedo; la energía llega antes que la oscuridad; las oportunidades llegan antes que la resignación. Y el desarrollo deja de ser una promesa para convertirse en una realidad compartida.

Ninguna familia construye su futuro improvisando. Tampoco puede hacerlo un país.

La Estrategia Nacional de Desarrollo no es simplemente una ley. Es la promesa de que la planificación también puede llegar al agua que sale de una llave, a la luz que permite estudiar, a la seguridad con la que una madre espera a su hijo y a las oportunidades que hacen posible un mejor futuro para cada familia dominicana.

Juan Ramón Mejía Betances

Economista

Analista Político y Financiero, cursó estudios de Economía en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), laboró en la banca por 19 años, en el Chase Manhattan Bank, el Baninter y el Banco Mercantil, alcanzó el cargo de VP de Sucursales. Se especializa en la preparación y evaluación de proyectos, así como a las consultorías financieras y gestiones de ventas para empresas locales e internacionales.

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