Leía en un diario local la ley que pide el fin de la ciudadanía por nacimiento en los territorios, presentada recientemente por el congresista republicano Morgan Griffith. Con ella se perdería en forma prospectiva la ciudadanía norteamericana y podrían tomar impulso los estudios que se realizan en Puerto Rico sobre la reparación ocasionada por los años coloniales que, para muchos, aún no terminan.
La ley tiene el objetivo de evitar que los bebés nacidos en territorios de EE. UU., como Puerto Rico, reciban la ciudadanía estadounidense automáticamente al nacer. Procura que los bebés solo sean ciudadanos si al menos uno de sus padres es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
El congresista argumenta que, a diferencia de los estados (donde la ciudadanía está protegida por la Constitución), el Congreso tiene el poder de cambiar la ciudadanía en los territorios.
De aprobarse, se eliminaría la ciudadanía norteamericana a partir de la vigencia de la ley y se pone de manifiesto el gran poder del que dispone el Congreso de EE. UU. sobre los territorios.
Pero, de aprobarse, igual que restrictiva, se estima que podría ocasionar un enjambre jurídico y agrega otro tema a ser estudiado en el ámbito de reparación por daño colonial.
En 1940, el Congreso aprobó la Ley de Nacionalidad, un hito fundamental para los puertorriqueños. Estableció que toda persona nacida en Puerto Rico a partir del 13 de enero de 1941 adquirió la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Antes de esta ley, y desde 1917, los puertorriqueños eran considerados ciudadanos por naturalización, un estatus que traía ciertas complicaciones legales.
El cambio propuesto, su objetivo y rebote político podrían generar mayor atención a los estudios sobre reparación colonial. Hasta el momento, la organización Amnistía Internacional es la gran portaestandarte en estudios sobre el tema de reparación colonial contra las grandes potencias que originaron abusos como la inmensa trata de esclavos.
Todavía estas potencias continúan dominando el mundo mientras los países colonizados exhiben economías pobres.
En Puerto Rico, el tema de la reparación colonial es ya objeto de estudios por académicos que se afanan en el tema. Un ejemplo de daños coloniales es la eugenesia que se aplicó en Puerto Rico en el siglo XX mediante el control poblacional.
Surgió a principios del siglo XX como una política impulsada por el Gobierno de Estados Unidos y las élites locales. Ellos creían que la pobreza y el desempleo eran causados por una «sobrepoblación» de las clases más pobres.
En 1937, Puerto Rico aprobó la Ley 116 el 15 de mayo, bajo la presidencia senatorial de Rafael Martínez Nadal y la controvertible gobernación de Blanton Winship. Con ello se legalizó la esterilización gratuita y forzosa bajo el pretexto de la «eugenesia». Esta ley fue derogada en 1960. Junto a esta ley se creó la Junta Insular de Eugenesia, la cual fomentaba la esterilización por razones médicas.
El Gobierno norteamericano promovió la esterilización masiva de mujeres pobres, viéndola como una «cura» a la pobreza. Estas políticas resultaron en que cerca de un tercio de las mujeres en edad fértil fueran esterilizadas para 1968.
Muchas mujeres fueron operadas sin entender bien lo que pasaba o bajo presión. Las tasas de esterilización llegaron a ser casi del 39 % de las mujeres en 1982.
Ya en la década de 1950, la isla también fue el lugar de prueba para la primera pastilla anticonceptiva, experimentando con mujeres de bajos recursos.
La Iglesia católica fue la principal fuerza opositora contra la Ley de Eugenesia. Expresó su condena moral, denunció la esterilización y la anticoncepción como actos inmorales y contrarios a la doctrina cristiana. Igualmente, levantó acusaciones de genocidio y argumentó que el control poblacional era una política de Estados Unidos para reducir la población puertorriqueña y eliminar a los sectores más pobres. Además, ejerció presión constante sobre los legisladores y funcionarios de salud pública, lo que forzó cambios y reducciones en el alcance de la ley original.
Esta postura constante de la Iglesia fue un factor clave para que los programas eugenésicos perdieran fuerza en la isla.
Hay en el mundo comunidades organizándose para obtener y exigir reparación por daños coloniales, pero es un proceso lento y muchos Estados siguen oponiéndose a las peticiones de reparación.
¿Prosperará el interés en los puertorriqueños de revisitar la historia y exigir reparación por estos daños coloniales? ¿Se uniría la Iglesia a los pedidos de reparación?
No obstante, queda sobre la mesa la posibilidad de revocar en forma prospectiva y por legislación la ciudadanía norteamericana a los nacidos en el territorio de Puerto Rico.
En cuanto a las reparaciones coloniales, estudios y futuro, son asignaturas pendientes.
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