En los últimos días, varios artículos publicados en Acento han abordado la crisis haitiana desde perspectivas distintas, pero convergentes. José Singer propone comenzar por las elecciones municipales y reconstruir la legitimidad desde la base; Manuel Núñez Asencio recuerda que La Española contiene dos pueblos y dos trayectorias históricas que no deben confundirse; Víctor Grimaldi muestra cómo el colapso interno de Haití se transforma en emigración y presión internacional. A estas reflexiones se suman la propuesta de una segunda emancipación haitiana y el llamado del padre Regino Martínez a transformar la memoria de Bwa Kayiman en fuerza de unión nacional. (Acento)
De esa conversación emerge una pregunta concreta: ¿cómo convertir diagnósticos coincidentes en una arquitectura de reconstrucción?
Mi respuesta puede resumirse así: Haití debe reconstruirse desde abajo, gobernarse en común y recuperar un Estado distribuido territorialmente, pero unido por reglas nacionales.
Comenzar donde el ciudadano encuentra al Estado
La propuesta de iniciar por los municipios contiene una intuición esencial. El Estado no se vuelve legítimo por proclamarse soberano desde la capital. Se vuelve legítimo cuando aparece en la vida cotidiana: en el registro civil, la escuela abierta, el mercado seguro, el camino transitable, la clínica que atiende y la autoridad que responde.
En muchas comunidades haitianas, el Estado nacional ha sido demasiado lejano, intermitente o inexistente. Puerto Príncipe ha concentrado decisiones, recursos y conflictos, mientras amplias zonas del país han permanecido administradas por redes informales, autoridades sin medios o poderes privados.
Las elecciones municipales pueden ayudar a restaurar una relación directa entre ciudadanía y autoridad. Una población puede vigilar con mayor facilidad al alcalde que administra su mercado, su agua o sus caminos que a un presidente distante. La proximidad favorece la rendición de cuentas.
Pero elegir autoridades locales no basta. Un alcalde sin presupuesto, sin seguridad y sin administración profesional puede tener legitimidad electoral y, al mismo tiempo, carecer de capacidad real para gobernar.
Por eso, la reconstrucción desde abajo necesita garantías desde arriba.
Descentralizar no significa fragmentar
Haití no necesita menos Estado. Necesita un Estado mejor distribuido.
La descentralización no debe producir pequeños feudos regionales ni sustituir la autoridad nacional por poderes locales cerrados. Debe acercar competencias, recursos y responsabilidades a los departamentos y las comunas, dentro de un marco jurídico común.
Cada nivel debe saber qué le corresponde hacer, con qué recursos y bajo qué controles. Las transferencias presupuestarias deberían estar fijadas por reglas públicas, no depender de favores políticos. Los gobiernos locales deberían presentar cuentas verificables, y la ciudadanía debería poder conocer cuánto recibió cada autoridad y en qué lo gastó.
La fórmula podría ser sencilla:
Reconstruir desde abajo, proteger desde el centro y rendir cuentas en ambos niveles.
El poder nacional conservaría las funciones que ningún municipio puede ejercer por sí solo: defensa de la soberanía, seguridad estratégica, justicia superior, política monetaria y fiscal, aduanas, grandes infraestructuras y relaciones internacionales.
Los gobiernos locales asumirían con recursos reales aquello que conocen mejor: servicios comunitarios, caminos vecinales, mercados, saneamiento, registros, escuelas y prevención local.
Un Ejecutivo que no pueda ser capturado por una sola persona
La reconstrucción territorial debe acompañarse de una reforma del poder nacional. Haití ha sufrido repetidamente la concentración personal del poder, el enfrentamiento entre facciones y la apropiación del Estado como botín.
Una alternativa sería un Ejecutivo colegiado: un consejo pequeño, compuesto por un número impar de miembros de igual dignidad, con presidencia rotativa y responsabilidad colectiva.
No se trataría de repartir cargos entre caudillos ni de convertir el gobierno en una asamblea interminable. Su propósito sería impedir que una sola persona, familia o facción pudiera apropiarse del Estado entero.
La colegialidad obligaría a deliberar. Ningún miembro podría gobernar sin escuchar a los demás. Las decisiones fundamentales requerirían acuerdos claros y quedarían sujetas a responsabilidades compartidas.
La institución debería apoyarse en tres hábitos que Haití necesita convertir en cultura política:
diálogo para reconocerse, consenso para decidir y compromiso para cumplir.
El diálogo no significa renunciar a las diferencias. El consenso no exige unanimidad absoluta. El compromiso no consiste en firmar declaraciones ceremoniales. Significa aceptar reglas comunes y responder cuando no se cumplen.
Seguridad para proteger, no para dominar
Ninguna arquitectura institucional sobrevivirá si los grupos armados siguen decidiendo quién puede circular, comerciar, estudiar o recibir atención médica.
La seguridad es una condición previa del gobierno local y nacional. Pero recuperar la fuerza pública no puede significar regresar a un Estado represivo ni sustituir unas armas privadas por otras sin control.
La policía debe estar sometida a la ley, profesionalizada, distribuida territorialmente y protegida de la influencia de facciones políticas y económicas. La justicia debe acompañarla, porque la detención sin proceso y el proceso sin sentencia no construyen autoridad legítima.
La población debe percibir una diferencia clara entre fuerza pública y violencia privada: la primera protege derechos; la segunda los destruye.
Un Estado recuperado para la nación será aquel en que la madre pueda enviar a sus hijos a la escuela, el agricultor transportar su cosecha y el comerciante abrir su negocio sin pagar tributo a un grupo armado.
Migración: consecuencia del fracaso estatal
La emigración haitiana no es el origen de la crisis. Es uno de sus resultados.
Mientras el Estado no pueda ofrecer seguridad, educación, trabajo y justicia, miles de haitianos seguirán buscando fuera la protección que no encuentran dentro. El final o la renovación de programas migratorios en Estados Unidos, las deportaciones y los controles fronterizos podrán modificar temporalmente los flujos, pero no resolverán su causa fundamental.
Comprender esto no obliga a la República Dominicana ni a otros países a sustituir al Estado haitiano. Tampoco convierte la soberanía dominicana, sus servicios públicos o su nacionalidad en mecanismos compensatorios del colapso vecino.
La responsabilidad debe permanecer diferenciada. Haití debe reconstruir su Estado. La República Dominicana debe proteger su orden interno y cooperar dentro de límites claros. La comunidad internacional debe financiar capacidades verificables, no dependencias indefinidas.
Dos Estados, una cooperación lúcida
La dualidad histórica de La Española no debe conducir ni a la fusión ni al aislamiento. Dos pueblos y dos Estados pueden cooperar si reconocen sus diferencias y delimitan sus responsabilidades.
La mejor contribución dominicana al futuro haitiano no sería administrar Haití ni sustituir a sus autoridades. Sería respaldar una reconstrucción que permita al pueblo haitiano recuperar su propio Estado.
Eso exige gobiernos locales legítimos, recursos transparentes, un Ejecutivo colegiado, seguridad sometida a la ley, justicia operativa y cooperación internacional sujeta a resultados.
No es una fórmula milagrosa. Es una arquitectura posible.
La primera emancipación haitiana conquistó la soberanía exterior. La segunda deberá convertirla en protección cotidiana. Para lograrlo, Haití necesita un Estado que no viva solamente en la capital, que no pertenezca a una facción y que no dependa de la fuerza del más poderoso.
Necesita un Estado distribuido en el territorio, colegiado en su dirección y recuperado para la nación.
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