Hay ideas que no envejecen porque no pertenecen a la coyuntura, sino a la estructura profunda del pensamiento político.
La visión de Juan Bosch sobre el Estado y la empresa privada es una de ellas.
No fue una improvisación tardía ni una concesión oportunista al clima ideológico de los años noventa: fue la culminación lógica de una reflexión larga, rigurosa y dolorosamente aprendida a través del ejercicio del poder, del exilio y del estudio histórico comparado.
Bosch entendió antes que muchos —y con más honestidad intelectual que la mayoría— que el Estado no está hecho para hacer negocios, sino para ordenar, regular, garantizar y corregir.
Cuando en 1990 habló ante la Cámara Americana de Comercio, no estaba buscando aplausos empresariales ni indulgencia ideológica. Estaba reafirmando una convicción que había madurado con el tiempo: un Estado empresario termina siendo un Estado ineficiente, politizado y capturable, y por tanto, un obstáculo para el desarrollo real.
Su afirmación fue clara y sin rodeos: el Estado no debía tener empresas propias dedicadas a actividades comerciales. Y fue más lejos. Anunció la privatización de las empresas de CORDE y del CEA, símbolos de un modelo agotado donde el patrimonio público había sido convertido, durante décadas, en botín político, refugio clientelar y fuente permanente de pérdidas.
Bosch no veía en esas empresas una herramienta de soberanía, sino un lastre para la nación y una distorsión del papel del poder público.
Esa posición no significaba —y aquí está la clave que muchos tergiversaron— una renuncia al papel social del Estado ni una adhesión acrítica al neoliberalismo.
Bosch nunca defendió el “dejar hacer” salvaje ni el mercado sin reglas. Defendió algo más exigente: un Estado fuerte en lo institucional, pero sobrio en lo empresarial; firme en la regulación, pero ajeno a la tentación del negocio.
El desarrollo, para él, no nacía de la estatización improductiva, sino de una alianza clara entre un sector privado dinámico y un Estado que supiera cumplir su función sin invadir lo que no le correspondía.
Cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder en 1996, esa visión se convirtió —con matices, ajustes y contradicciones inevitables— en política de Estado.
No fue una ruptura con Bosch, como a veces se ha dicho, sino la aplicación práctica de su pensamiento en un contexto histórico distinto.
Entre 1996 y 2026, la economía dominicana experimenta el período de crecimiento más largo y sostenido de su historia republicana, apoyado en la inversión privada, la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y una relación menos ideologizada entre el poder político y la actividad empresarial.
Ese crecimiento no surgió de la nada. Fue posible porque el Estado dejó de competir con el empresario y comenzó, al menos en términos generales, a crear condiciones: infraestructura, estabilidad monetaria, reglas del juego relativamente previsibles, incentivos sectoriales y una inserción más activa en la economía global.
La empresa privada dejó de ser vista como enemiga de clase y pasó a ser reconocida como motor indispensable del desarrollo, sin que ello implicara renunciar al deber del Estado de proteger a los más vulnerables.
Pero esta visión no nació en los años noventa. Ya en 1963, durante su breve gobierno de siete meses, Bosch había mostrado una comprensión notable del papel de la iniciativa privada.
A pesar de la leyenda que lo presenta como un presidente “peligrosamente izquierdista”, su gestión incentivó el desarrollo de la economía privada, defendió la propiedad productiva, promovió la honestidad administrativa y buscó sentar las bases de un capitalismo nacional regulado, no de un experimento estatista.
Su derrocamiento no fue consecuencia de políticas económicas radicales, sino del miedo de los poderes tradicionales a un Estado decente, austero y moralmente exigente.
Entre 1963 y 1990, Bosch aprendió —y lo dijo con franqueza— que la pobreza no se combate con discursos, sino con productividad; que la justicia social no se decreta, se financia; y que sin crecimiento no hay redistribución posible.
Por eso su mensaje final sobre el Estado y la empresa privada no fue una claudicación, sino una síntesis madura entre ética, realismo y experiencia histórica.
Vista desde 2026, la trayectoria de los gobiernos del PLD en materia económica solo puede entenderse a la luz de esa herencia intelectual.
Con errores, excesos y desviaciones —porque ningún proceso político está libre de ellos—, el período 1996-2026 confirmó una intuición central de Bosch: el desarrollo dominicano no vendría del Estado empresario, sino de un sector privado vigoroso, acompañado por un Estado que supiera cuándo actuar y cuándo retirarse.
Ese legado sigue siendo incómodo para los dogmatismos, tanto de izquierda como de derecha.
Pero precisamente por eso conserva su vigencia. Porque no nació del laboratorio ideológico, sino del choque entre la teoría y la historia real de un país pequeño que aprendió, a veces tarde y a veces a golpes, que el desarrollo no admite atajos morales ni simplificaciones doctrinarias.
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