En la sociedad dominicana, caracterizada por el individualismo, la fragmentación social y la falta de confianza en el sistema político, siempre resulta esperanzador cuando se produce la aparición de movimientos sociales con capacidad de movilizar las organizaciones de la sociedad civil, la opinión pública y los ciudadanos.
Ejemplos recientes los tuvimos con las conquistas de los movimientos sociales como el 4 % para educación, Marcha Verde contra la corrupción política, en la Plaza de la Bandera contra el fraude electoral y de Loma Miranda que —al margen de sus diferencias— tuvieron la capacidad de movilizar la opinión pública y vigorizar la participación cívica de los dominicanos.
En ese sentido, el éxito logrado por el movimiento ecológico de San Juan en contra del Proyecto Romero de la empresa canadiense GoldQuest se puede pensar en un doble sentido: a nivel regional, ha fortalecido la integración social e identidad de la provincia de San Juan de la Maguana y, a nivel nacional, ha consolidado la participación ciudadana y la legitimidad de la democracia dominicana.
La integración social y el fortalecimiento de la identidad cultural
El movimiento ecologista de San Juan construyó su agenda o programa alrededor de una defensa férrea del agua y la identidad agrícola de la provincia, cuyas consignas, relatos y discursos se organizaron alrededor de algo tan significativo para la vida de la comunidad como la defensa del agua: «Agua sí, oro no». Por tanto, su victoria incrementó el reconocimiento y la capacidad de decisión de los comunitarios, fortaleció la integración social y la identidad cultural de la provincia.
El movimiento de San Juan puso en evidencia de nuevo que actualmente los grandes conflictos ya no se estructuran alrededor de las ideologías comunismo vs. capitalismo, como en los tiempos de la Guerra Fría y del autoritarismo de los doce años, o las luchas de clases del proletariado contra la burguesía, como en la era del apogeo del movimiento obrero-sindical de la sociedad industrial.
Asimismo, ha puesto en evidencia que los conflictos no se pueden reducir a un problema «técnico» de análisis de factibilidad e impacto medioambiental, tampoco a un tema «económico» de la supuesta rentabilidad y beneficios para el Estado dominicano como suponen los funcionarios del Estado, sino que los conflictos son pruebas y desafíos —políticos, culturales— para las comunidades y los ciudadanos que buscan preservar sus derechos, identidad y tradición cultural.
En el contexto actual de un capitalismo global, neoliberal y externalista, donde la ganancia la concentran los empresarios (nacionales y transnacionales) y los costos, las crisis y la inflación las sufren los ciudadanos y comunidades, los nuevos movimientos sociales (Touraine, Habermas, Melucci) se han diversificado: movimientos feministas por la igualdad de derechos de las mujeres, por los derechos culturales e identitarios de las minorías, derecho a la equidad, al reconocimiento social y, el caso de San Juan, pone en evidencia la centralidad de la nueva cultura ecológica y las luchas contra la explotación minera y su impacto medioambiental.
En esa misma línea, el éxito del movimiento de San Juan ha sido la fuerte integración de la diversidad, pues supuso un largo proceso de diálogo y representación de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Como bien ha destacado el dirigente académico y comunitario Rubén Moreta Zabala: en el desarrollo del movimiento participaron organizaciones campesinas, pequeños empresarios, ecologistas, autoridades políticas de la región, juntas de vecinos, grupos religiosos, profesionales, líderes académicos y comunitarios (ver entrevistas y videos en YouTube).
En este caso, el movimiento no fue excluyente, improvisado, caótico o «emocional» como sugieren algunos voceros y funcionarios, sino organizado y estratégico. Los actores involucrados tuvieron la capacidad de deliberar y movilizar grandes recursos logísticos, institucionales y culturales, mediante los cuales construyeron una enorme legitimidad cívica y política.
Asimismo, merece igual reconocimiento el repertorio de acciones colectivas llevado a cabo por el movimiento: marchas multitudinarias, bandereo, uso de las plataformas digitales, concentraciones en lugares —espacios— emblemáticos como el Arco del Triunfo y el muro de la Presa de Sabaneta, que le agregan valor a la cultura cívica y la integración de la comunidad de San Juan.
En cualquier caso, el movimiento social de San Juan ha puesto de manifiesto que los conflictos en las sociedades democráticas no solo fragmentan las comunidades y el orden político, sino que las crisis o los traumas sociales son también medios y recursos para la integración de los actores sociales, la organización de las comunidades y el fortalecimiento de la identidad cultural.
Participación ciudadana y legitimidad política
Con el movimiento de San Juan queda demostrado también que la movilización ciudadana, muchas veces en oposición al poder del Estado y los intereses privados del empresariado, se ha constituido en el mayor recurso cívico y político para el fortalecimiento de la democracia dominicana.
La enorme participación de la ciudadanía en San Juan ha roto con la retórica «posmoderna» de ciudadanos apáticos, cansados de los asuntos públicos y refugiados en su vida privada. Por tanto, podemos pensar que el reavivamiento de los movimientos sociales y la participación ciudadana es un signo contingente pero esperanzador del fortalecimiento de una cultura cívica más vigilante, deliberativa y participativa, que debería llamar la atención a los partidos y los políticos profesionales no autoritarios.
La participación activa de los ciudadanos en el movimiento nos advierte que la legitimidad política no se puede seguir reduciendo a la representación político-electoral cada cuatro años, sino que se construye como un plebiscito diario, donde los dominicanos participan activamente en las decisiones del Estado.
Sin duda, el triunfo del movimiento ecologista en San Juan y la loable postura democrática del presidente Luis Abinader en el conflicto nos dejan varias lecciones por aprender. Sin embargo, en lo fundamental muestra que los movimientos sociales son recursos de integración sociocultural y de legitimidad política.
Tal como demostraron los movimientos sociales del 4 % para educación, Marcha Verde, Loma Miranda y en la Plaza de la Bandera, el movimiento de San Juan lo vuelve a ratificar: la calidad y legitimidad de la democracia dominicana está relacionada con la capacidad de vigilancia y movilización de los ciudadanos.
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