El Escudo y los escuderos

¿Qué respaldamos, a qué nos comprometemos y quién controla las decisiones?

El nombre es formidable. Escudo de las Américas. Parece concebido para un afiche: continente, amenaza, protección, firmeza. Un escudo necesita también escuderos. Y antes de asumir ese oficio convendría conocer el peso, la dirección y las instrucciones de uso.

El 22 de septiembre de 2026, quince gobiernos del hemisferio, suscribieron una declaración conjunta bajo esa iniciativa. El documento establece tres pilares, economía, seguridad y coordinación multilateral, y anuncia una primera actuación frente a veinticuatro organizaciones criminales: congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visados y medidas contra quienes proporcionen conscientemente apoyo material o logístico. Los firmantes anuncian también que llevarán el asunto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Hasta ahí conocemos el acontecimiento. Queda por conocer con mayor precisión el compromiso.

Una fotografía presidencial, una declaración política, una lista de sanciones, el congelamiento de una cuenta y una operación militar son actos diferentes, con competencias, límites y controles propios. Por eso el debate doméstico debería comenzar con preguntas elementales: ¿qué respaldamos exactamente? ¿Qué decisiones promoveremos? ¿Qué podemos ejecutar conforme a nuestras leyes? ¿Qué no podemos ejecutar? ¿Y quién controla aquello que se decide en nombre del país?

El Escudo tampoco se limita a cooperación policial. La declaración habla de mecanismos de examen de inversiones, minerales críticos, proveedores de infraestructura digital, cooperación económica y concertación en foros regionales y multilaterales. Estamos ante una propuesta que conecta seguridad, economía, tecnología y diplomacia. Es una suerte de arroz con mango.

Esa amplitud merece ser leída junto con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025. Washington identifica como intereses propios un hemisferio cuyos gobiernos cooperen contra los carteles, cadenas de suministro seguras, ausencia de control adversario sobre activos clave y acceso a posiciones geográficas estratégicas. Y va más lejos: prevé despliegues focalizados y, cuando haga falta, el uso de la fuerza contra los carteles, como alternativa a lo que llama estrategias basadas en el proceso legal, que a su juicio han fracasado.

No debería sorprendernos. Estados Unidos tiene la obligación de formular su política exterior desde sus intereses, y nuestros países tienen exactamente la misma responsabilidad respecto de los suyos. La pregunta relevante no es por qué, Washington sabe lo que busca. Es qué buscamos nosotros dentro de aquello que Washington propone.

Hay un punto especialmente sensible: el regreso del Tratado de Río.

La declaración anuncia la intención de pedir al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta en el marco de los artículos 6 y 13 del Tratado y, después, una resolución ministerial que promueva la acción colectiva contra las organizaciones identificadas.

El artículo 6 permite activar consultas ante hechos o situaciones capaces de poner en peligro la paz de América. Esa convocatoria no equivale por sí misma a autorizar una operación militar.

Pero tampoco sería correcto presentar el tratado como un instrumento ajeno al uso de la fuerza. Su artículo 8 incluye, entre las medidas posibles, ruptura de relaciones diplomáticas, interrupción de relaciones económicas y comunicaciones y, expresamente, empleo de la fuerza armada. El artículo 20 añade dos cosas a la vez: ningún Estado puede ser obligado a emplear fuerza armada sin su consentimiento, y todas las demás medidas obligan a todos los Estados parte, hayan votado como hayan votado.

La cuestión no es anunciar que el Escudo significa guerra. El documento no dice eso. La cuestión es reconocer que la vía escogida conduce a un tratado cuyo repertorio jurídico llega hasta allí y preguntar, antes de llegar, qué medidas apoyarán nuestros paíases y cuáles no.

Tenemos experiencia.

En diciembre de 2019 me correspondió encabezar la delegación dominicana en Bogotá durante la reunión de ministros de los Estados parte del Tratado de Río convocada alrededor de la crisis venezolana.

Cuando la discusión pasó de las declaraciones políticas a medidas concretas, listas, restricciones de viaje, congelamientos, apareció una dificultad que conozco bien. El análisis técnico dominicano advertía que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podía intercambiar inteligencia financiera dentro de sus facultades, pero una lista internacional no creaba mágicamente una competencia nacional para congelar activos fuera de nuestros procedimientos. La ley dominicana sabe congelar sin demora los fondos de quien aparece en una lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una lista del Tratado de Río no es eso.

Aquella experiencia dejó una lección sencilla: un Estado puede compartir un objetivo y cuestionar una herramienta. Puede cooperar y exigir debido proceso. Puede acompañar una respuesta política y advertir que una autoridad doméstica carece de facultades para ejecutarla.

Un compromiso internacional no crea por sí mismo poderes que la legislación nacional no ha concedido.

Llevemos el problema a algo tangible. Si mañana el órgano de consulta adopta una lista de personas o empresas, ¿quién congela una cuenta bancaria en Santo Domingo? ¿Con cuál norma? ¿Ante qué juez reclama quien alegue un error de identidad o pida su exclusión de la lista?

También aparece en la declaración la idea de sancionar el «apoyo material». Nuestro derecho tendría que determinar qué conducta concreta corresponde a esa categoría, qué grado de conocimiento exige y qué ocurre con actuaciones comerciales, médicas, humanitarias o jurídicas realizadas sin conocimiento de una relación criminal.

La política puede hablar con categorías amplias. El derecho necesita potestades y conductas definidas.

Otros países ya están teniendo esta conversación.

Chile presentó su adhesión como un marco de coordinación voluntaria: intercambio de información, análisis de datos, entrenamiento policial y coordinación fronteriza. La prensa chilena cotejó ese comunicado con la declaración difundida por Washington y encontró el Tratado de Río y los tres pilares, ausentes del comunicado. El Gobierno respondió que su adhesión no supone operaciones militares ni pérdida de soberanía; un excanciller sostuvo que puede tratarse de un tratado que debe pasar por el Congreso, y la Cámara de Diputados anunció una interpelación.

El Gobierno explica. La oposición pregunta. La prensa compara documentos. El Congreso fiscaliza. Ojalá tuviéramos ese ímpetu de preguntar.

Costa Rica ofrece una ilustración más llamativa. El 24 de septiembre, la presidenta Laura Fernández destituyó al canciller Manuel Tovar. Según la explicación oficial, el ministro asistió a la reunión del Escudo sin informarle, lo cual impidió su participación y causó, en palabras del Gobierno, un daño estratégico. Ese mismo día la presidenta estaba en Barranquilla, negociando con el presidente colombiano una alianza contra el crimen organizado: no faltó a la lucha; nadie le avisó de la otra mesa. La Presidencia costarricense, al mismo tiempo, reiteró su valoración positiva de la iniciativa.

La anécdota tiene una lección seria. ¿Quién fija una posición nacional y qué mandato lleva un ministro? ¿Cuándo una coordinación técnica adquiere dimensión política suficiente para requerir autorización superior?

El control democrático comienza allí, antes del operativo y antes del incidente.

Nadie sensato pediría publicar fuentes de inteligencia o planes de despliegue. El secreto operacional puede ser legítimo. El secreto sobre quién tiene facultad para decidir es otra cosa: podemos proteger una fuente y conocer la norma que autoriza una operación; reservar una capacidad y saber quién controla su empleo. Y hay que decir cómo se medirá el éxito: por organizaciones sancionadas o por homicidios evitados, y quién evaluará los efectos no previstos.

Nuestros países tienen razones poderosas para cooperar frente al crimen organizado transnacional. En el caso particular de mi país, nuestra geografía, nuestras rutas marítimas, Haití, el tráfico internacional de drogas y la profundidad de nuestra relación con Estados Unidos hacen poco realista cualquier respuesta basada en el aislamiento. Dos de las organizaciones incluidas en la lista, Gran Grif y Viv Ansanm, operan en Haití.

La cooperación puede ser necesaria.

Las preguntas también.

Porque antes de decidir cuánto estamos dispuestos a sostener conviene saber exactamente qué nos han puesto en las manos.

Un escudo tiene peso. Tiene dirección. Tiene límites.

Y alguien decide cuándo levantarlo.

Antes de convertirnos en escuderos, deberíamos saber qué estamos sosteniendo.