Un reciente artículo de Rafael Robles en Diario Libre, «Ciencia con domicilio fijo: el mapa desigual del FONDOCYT. La economía del conocimiento no puede limitarse a Santo Domingo y Santiago», plantea una pregunta: «¿Dónde se produce el saber que sostiene el desarrollo de una economía del conocimiento?». Su respuesta es que los resultados de las convocatorias de FONDOCYT muestran que las provincias dominicanas participan de manera muy desigual en el desarrollo científico del país.
De no corregirse esta situación, la brecha se ampliará. En cierto modo, esta preocupación es la expresión, a escala nacional, de un problema global: el rezago de los países en desarrollo en la economía del conocimiento. Sin embargo, quizá la interrogante debería formularse de manera más amplia. La cuestión no es únicamente dónde se produce el conocimiento, sino cómo las políticas nacionales construyen las capacidades necesarias para producirlo y qué instrumentos permiten una incorporación territorialmente más equilibrada.
El primer cuello de botella es la escasa financiación: problema bien conocido, bajo porcentaje del PIB, escasa o nula participación de fuentes no gubernamentales. En el reciente congreso del MESCyT, Víctor Gómez Valenzuela recordó que las empresas privilegian el mercadeo respecto a I+D.
En este contexto, la preocupación territorial tiene fundamento objetivo. Existe una marcada desigualdad en la distribución de los proyectos aprobados por FONDOCYT: cinco universidades concentran más del 70 % de ellos. ¿Es este un privilegio o un premio? Esta segunda interpretación puede resultar discutible. Antes de concluir que esta concentración constituye el problema, conviene formular dos preguntas.
La primera es: ¿cuál es el objetivo de FONDOCYT? ¿Reducir desigualdades territoriales e institucionales o financiar proyectos científicos? Ambos objetivos son legítimos y deseables, pero responden a lógicas diferentes y requieren instrumentos de política distintos que deben evaluarse en función de los objetivos.
FONDOCYT es un fondo concursable cuyo propósito es financiar los mejores proyectos de investigación. No debería pretenderse que un instrumento de esta naturaleza corrija, por sí solo, las desigualdades estructurales del sistema universitario, ya que esa capacidad transformadora excede sus objetivos y competencias. En este contexto, la concentración de recursos en un número limitado de universidades es una consecuencia esperable.
Otro tema es analizar en qué medida la concentración observada responde al funcionamiento del instrumento. Incluso cabría preguntarse hasta qué punto refleja un problema en la distribución de los fondos o, simplemente, el hecho de que las universidades no participan con la misma intensidad en las convocatorias porque no disponen de capacidades de investigación equivalentes. Para responder a esta cuestión sería útil contar con información más completa sobre las postulaciones, las tasas de éxito institucionales y los indicadores relativos al número de investigadores, grupos de investigación e infraestructura científica.
Las diferencias de las universidades en capacidad de generar conocimiento de calidad son el resultado de una historia de decisiones, en particular para las públicas, de política pública, inversiones acumuladas y procesos de construcción institucional.
El desafío no consiste en redistribuir un supuesto privilegio, sino en extender progresivamente las capacidades que permitieron a determinadas instituciones convertirse en polos de investigación.
La experiencia internacional muestra que los fondos competitivos de investigación tienden a concentrarse en las universidades que cuentan con una mayor masa crítica de investigadores, grupos de investigación consolidados, laboratorios adecuados y experiencia acumulada en la gestión de proyectos.
Antes de concluir que existe una injusticia en la distribución de FONDOCYT, conviene poner una segunda doble pregunta ¿hasta qué punto esto es el resultado de un sesgo del sistema o no refleja más bien desigualdades preexistentes? y ¿puede un rediseño de políticas científicas enfrentar esas dificultades?
Esto no significa negar la existencia de profundas desigualdades educativas en la República Dominicana. Que estas diferencias deben ser superadas es un objetivo sobre el cual difícilmente puede existir desacuerdo.
Sin embargo, es necesario distinguir entre diferentes niveles de análisis. Las universidades cumplen múltiples funciones, pero dos de ellas son fundamentales: la enseñanza y la investigación. Están estrechamente relacionadas, aunque no son equivalentes. Existen excelentes universidades docentes que no son necesariamente universidades de investigación de alto nivel. La acreditación universitaria, que garantiza determinados estándares de calidad en la enseñanza, no determina que una institución posea las capacidades necesarias para desempeñar una función investigadora de alto nivel.
Esta precisión no significa desconocer los problemas estructurales que limitan la evolución de una teaching university en una research university, pero esta transformación no se logra mediante fondos concursables de investigación. Requiere políticas estables de fortalecimiento institucional y formación de recursos humanos. Construir capacidades de investigación exige políticas específicas: promover la creación y consolidación de grupos de investigación, desarrollar laboratorios, garantizar financiamiento estable y crear condiciones de sostenibilidad de estas actividades en el tiempo.
El financiamiento destinado a construir estas capacidades no debe confundirse con las reglas de los fondos competitivos. Son dos planos distintos. Una cosa es la política de fortalecimiento institucional; otra, la asignación de recursos destinados a premiar la calidad en investigación.
Es indudable que los jóvenes deben tener una posibilidad real de incorporarse a la investigación científica. Esto vale en Cotuí, San Juan o Higüey como en Santo Domingo o Santiago. Pero el mismo argumento debería utilizarse también para comparar las oportunidades de jóvenes nacidos en barrios distintos de esas mismas ciudades.
La igualdad de derechos constituye un principio normativo; las capacidades efectivas para ejercerlos dependen, sin embargo, de condiciones sociales e institucionales profundamente desiguales. Mis lectores saben bien que estoy convencido de que el Estado debe eliminar las condiciones que generan estas desigualdades y que me identifico con una interpretación extensiva de la declaración de Naciones Unidas que reconoce el derecho a la ciencia como derecho humano.
Sin embargo, igualdad de derechos e igualdad de capacidades son dimensiones distintas de un problema que difícilmente puede resolverse mediante un único instrumento de financiamiento y cuyo principal obstáculo no reside en el acceso a fondos concursables de investigación.
A nivel institucional, el fortalecimiento de las universidades tampoco pasa por la creación de mecanismos preferenciales que debiliten el carácter competitivo de la investigación.
Existen alternativas más eficaces.
Un estudiante de la UTECO no tiene menos derecho a acceder a la investigación científica que un estudiante de la UASD. Ambas son universidades públicas. UTECO cuenta con alrededor de 7,000 estudiantes y la UASD con cerca de 200,000. Sin embargo, el aporte estatal por estudiante es aproximadamente tres veces superior en la UASD respecto a UTECO.
Hace un mes, en un evento de relevancia regional, sobre la presa de Hatillo, el expresidente Hipólito Mejía indicó esta como una asimetría cuya corrección debería ser meta prioritaria para UTECO.
Igualar supondría triplicar los RD$179 millones que el presupuesto de 2026 asigna a UTECO, lo cual requeriría alrededor de RD$360 millones adicionales. Desde el punto de vista fiscal, el esfuerzo sería relativamente modesto, porque la financiación global UASD-UTECO aumentaría de alrededor del 2%. Nótese que esa cantidad equivaldría a cerca del 70 % de una convocatoria anual de FONDOCYT.
Estos datos cuantitativos ponen en evidencia que las desigualdades estructurales, el fortalecimiento de las capacidades científicas y la asignación competitiva de recursos son dimensiones distintas y responden a lógicas de política pública diferentes que no pueden confluir en un único instrumento de financiamiento, como la redistribución de un fondo concursable de investigación.
Incluso un avance gradual hacia una mayor equidad en el financiamiento permitiría fortalecer instituciones como UTECO y dotarlas de las condiciones necesarias para desarrollar una actividad científica más robusta en un contexto de mayor igualdad de oportunidades. Un tal mecanismo sería conceptualmente más transparente y más coherente con los objetivos de la política pública que reservar una fracción de FONDOCYT para determinadas instituciones.
La ciencia es también un factor para la cohesión territorial. Aunque la concentración de recursos puede obedecer a diferencias objetivas de capacidades, la persistencia de territorios fuertemente desiguales en actividad científica puede generar percepciones de exclusión que debiliten la legitimidad social del sistema nacional de investigación.
Nos permitimos sugerir que, más que sustituir la competencia por mecanismos preferenciales de financiación, se incentive la cooperación interuniversitaria. Que universidades de menor tradición investigadora participen como socias en proyectos cooperativos con las instituciones que hoy constituyen, de hecho, una especie de «Ivy League» dominicana de la investigación. Normas de este tipo, aunque vinculadas al país de la institución, están previstas en los programas europeos.
La conversión en criterio positivo de evaluación de la participación en proyectos conjuntos favorecería la transferencia de conocimientos, la formación de nuevos grupos de investigación y la creación de redes nacionales de ciencia e innovación, sin renunciar al principio esencial de que la excelencia científica debe seguir siendo el criterio central en la asignación de los fondos competitivos.
Por último, merece atención un tema que, con razón, se menciona en el artículo que motivó estas reflexiones: la relación entre la investigación científica y las problemáticas locales. La provincia Sánchez Ramírez posee características excepcionales por la importancia que en ella tienen la minería y la agricultura. Precisamente en estos ámbitos puede desempeñar un papel de relevancia no solo nacional, sino incluso regional. Impulsar una estrategia de esta naturaleza no requiere necesariamente recurrir a fondos concursables.
La descentralización de la ciencia no consiste simplemente en distribuir recursos entre un mayor número de instituciones, sino en crear las condiciones para que un número creciente de universidades desarrolle capacidades de investigación y pueda competir progresivamente en igualdad de condiciones. De lo contrario, algunas regiones corren el riesgo de permanecer prácticamente desconectadas de la producción de conocimiento, limitando su capacidad para convertir sus propios problemas en agendas de investigación y transformar sus ventajas territoriales en oportunidades de innovación y desarrollo.
Para la provincia Sánchez Ramírez, más que aspirar a un desarrollo científico basado en mecanismos de financiamiento preferencial, podría resultar provechoso convertirse en sede de proyectos ambiciosos de investigación vinculados a sus áreas estratégicas. Algunos de estos proyectos podrían ser liderados por la propia UTECO y otros desarrollados en colaboración con universidades de mayor tradición investigadora o mediante otras modalidades de gestión que, en cualquier caso, involucren a la universidad. De esta manera, el conocimiento científico no solo contribuiría al fortalecimiento institucional de la UTECO, sino que se convertiría también en un instrumento de desarrollo territorial, capaz de generar capacidades permanentes, atraer talento y ofrecer soluciones a problemas concretos de la región.
En definitiva, el debate sobre si la República Dominicana necesita una ciencia más descentralizada y territorialmente equilibrada puede desviar la atención cuando se reduce a un problema secundario, como la financiación de proyectos. La verdadera discusión debería concentrarse en cómo articular la equidad territorial con la excelencia científica, evitando soluciones simplistas basadas en la mera redistribución de recursos. Se trata, en otras palabras, de construir un sistema científico nacional equilibrado, capaz de atender los problemas locales y, al mismo tiempo, desarrollar grandes proyectos de investigación. Estas metas no son necesariamente equivalentes y, probablemente, exijan instrumentos de política diferentes.
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